Lo curioso es que los partidos políticos tradicionales envueltos en el escándalo y sus adláteres medios de comunicación se rompieron las vestiduras, tildando al secretario de ejercer la “policía política” del Gobierno, así como haber disparado un misil en vísperas de la jornada electoral del 29 de octubre.
Vamos a analizar el por qué el secretario Idárraga sí tiene razones jurídicas de peso para haber hecho estas denuncias y cómo son los presuntos responsables los que ponen el grito en el cielo para tratar de tapar el sol con un dedo.
El mecanismo fue muy sencillo: cruzar la base del Secop II con el registro de inscripciones para concejos y alcaldías y desde allí verificar la contratación. Nada extraordinario, pero por fortuna lo hizo el secretario y su equipo, que deberían también hacerlo para gobernaciones, asambleas y juntas administradoras locales. El elector debe tener claridad sobre quiénes violaron el régimen de inhabilidades y el Consejo Nacional Electoral anular las inscripciones de los violadores de tal régimen. Pero dudamos que lo vayan a hacer, por la representación política en su seno, varios de los cuales pertenecen a las colectividades donde están las personas incursas en el señalamiento.
El Idárraga ha tenido gran coraje al haber denunciado en el pasado la impunidad de la Fiscalía del orden del 94% en los delitos contra la Administración Pública y ahora denunciar estos hechos, que alteran la transparencia democrática.
Ha dicho el secretario que “ninguno (de los aspirantes) debe tener un negocio jurídico con la entidad territorial demandada a la cual aspira dentro del año anterior”, y manifestó que realizó con su equipo un cruce de información y un trabajo riguroso para sacar esta conclusión, la cual fue compartida a la autoridad electoral. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se apartó y dijo que era “inconveniente”, en el manejo de las mayorías en el Congreso, que se le pueden escapar, si bien perdió la presidencia del Senado. Se espera que sea el CNE el que antes del29 de octubre defina la exclusión o no de los inhabilitados. Idárraga dijo que Petro ha sido muy respetuoso y le ha dado la instrucción de luchar contra la corrupción. “Es un mandato de Gobierno”, dijo. No lo ha desautorizado el presidente. Si bien la Fiscalía, la Procuraduría y el CNE tienen competencias propias en la materia, lo cierto es que Idárraga actuó dentro de la norma para activar esas competencias. Esa Secretaría en el pasado era la “bella durmiente” del Palacio y el actual secretario la despertó. No tiene razón la senadora Angélica Lozano al tildar la oficina de “policía política” de Petro. Y como dijo el secretario, “no puede ser el que denuncia, el del problema”. Como dice el adagio: “los pájaros tirándole a las escopetas”. 553 aspirantes inhabilitados es muy grave y demuestra cómo la vena rota de la Administración Pública es la contratación.
El Fiscal Barbosa arremetió virulentamente contra el secretario de la Presidencia, manifestando que este Gobierno abandonó todo el apoyo al CTI para combatir la corrupción, y que la “Procuraduría debe investigar si se extralimitó”, generando caos institucional. La Procuradora dijo que iba a examinar esa conducta. Para el Fiscal, Idárraga “no tiene competencias para hacer investigaciones, ni nada” y agregó que “está usurpando las funciones del presidente de la República” y llegó incluso a señalar que “puede ser un prevaricato”. Lo cierto es que la Fiscalía pasa por el ojo del huracán, luego que se conoció que en el caso de Cielo Gnecco engavetaron la investigación mucho tiempo. Acusó el Fiscal al Gobierno de atacar a la vicefiscal Mancera, pues ella se opuso “a la suspensión de las órdenes de captura a los cabecillas del Clan del Golfo”. Y la señaló como su sucesora “por no ser manejable” y que debería ser quien ocupe su cargo en tanto en cuanto la Corte nombra su reemplazo. “Mal haría dejar esto en manos de personas que no sigan esta línea”, expresó. “Me voy a defender como un león” y “mi temor es que no se pierda la institucionalidad”, refiriéndose a la manida expresión según la cual el actual presidente la está vulnerando. El Fiscal se ha convertido en el jefe de la oposición, ante la mediocridad de la Cabal (que perdió con Milei) y los otros congresistas de la derecha, sin que él sea un dechado de virtudes, propiamente dichas.
La defensa de Idárraga ha sido muy solvente. Ha dicho que quien se extralimita es el Fiscal, pues él actuó amparado en el Decreto 2647 de 2022 que en su artículo 26 señala como funciones de la Secretará a su cargo:
“Contribuir en la coordinación interinstitucional de las diferentes ramas del poder público y órganos de control del nivel nacional y territorial, para la ejecución de la política de transparencia y lucha contra la corrupción.
-Denunciar directamente o dar traslado a los entes de control y a la Fiscalía General de la Nación de presuntos delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social, o contra el patrimonio económico, de posibles infracciones disciplinarias, que por su gravedad sean puestas en su conocimiento, así como de las denuncias interpuestas directamente por veedores ciudadanos y la ciudadanía en general.”
Mediante el Decreto 2821 de 2013 en el numeral 5 está como facultad del Despacho la de coordinar con organismos de control los procesos electorales, que fue lo que hizo al enviar al CNE las denuncias.
Para la Secretaría, los aspirantes a cargos de elección popular están relacionados con 831 contratos públicos, que suscribieron por valor de $62.926 millones desde el 30 de octubre de 2022 a la fecha, tiempo que los haría incurrir en inhabilidades según el art. 37 y 40 de la Ley 617 de 2000. 553 candidatos aspiraron a concejos y alcaldías y los partidos incursos en los desafueros fueron el Centro Demicrático, ASI, Liberal, Colombia Renaciente y Alianza Verde, entre otros. Esto viola el principio de igualdad de condiciones en las candidaturas. La contratación asciende a más de $62 mil millones. La inhabilidad es por contratar en las ciudades y distritos donde inscribieron sus candidaturas.
También la actuación del Secretario está basada en el art. 13 y 14 del Decreto 1784 de 2019 y el artículo 72 literales d, f y h, de la Ley 1474 de 2011. Por ejemplo, el literal h, señala como función de su Despacho:
“h) Dar traslado a los entes de control y a la Fiscalía General de la Nación de presuntos delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico y social, o delitos contra el patrimonio económico, así como infracciones disciplinarias o fiscales, de las que haya tenido conocimiento, y de la documentación o evidencia conducente para la verificación de esos casos.”
Es claro que le haría un gran favor al electorado y a la democracia el que Idárraga denunciara las campañas a las gobernaciones, las asambleas y las Juntas Administradoras Locales, donde seguramente serán muchos los inhabiitados. También será de gran utilidad el que las veedurías ciudadanas intenten las acciones de nulidad electoral ante la jurisdicción competente, si los inhabilitados consiguen sus cargos de elección. El camino está abierto.
El CNE debería revocar las candidaturas incursas en la inhabilidad denunciada, máxime al mirar que cinco candidaturas concentran el 59,15% del monto total de la contratación y que si se prueba que hay tráfico electoral se incurre en un delito.
Hay que decir que los partidos y sus directivos son corresponsables, juntos con los candidatos, por haber tolerado esta situación, sin examinar el Secop II. Este fenómeno hace parte de la crisis de los partidos politicos, que se desideologizaron y se convirtieron en fábricas de avales.
El CNE, por su parte, a esta altura, no había revocado ninguna de las candidaturas envenenadas. La autoridad electoral debe estudiar y definir las inhabilidades en forma expedita, antes del 29 de octubre. No hay problema de que se dañe el tarjetón. Es lo de menos. Y si se comprueba que esos recursos se inviertieron en campañas políticas, pues se tipifica un delito. Desde luego que se puede romper la presunción de legalidad contractual.
En conclusión, Andrés Idárraga sí tomó el toro por los cuernos y ello afectó intereses politiqueros de quienes no aceptan que se les contradiga en sus aspiraciones de dominar los poderes locales y regionales en beneficio particular y no de las comunidades. Quizá este sea un paso trascendental para derrotar los clanes mafiosos de las maquinarias electorales perpetuadas en el poder por muchos años. Amanecerá y veremos…
Luis Bernardo Díaz, Coordinador Observatorio de DDHH Orlando Fals Borda
Foto tomada de: Infobae
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