El conjunto de estas dinámicas se expresa en una economía estructuralmente débil, que no es sostenible, y que no está consolidando las bases de un crecimiento amigable con el medio ambiente.
Confianza desmedida en la ley de financiamiento
La confianza en la ley de crecimiento es desmedida y no está fundada en causalidades comprobadas. La reforma tributaria que se aprobó en diciembre, y que le ha dado el nombre de “ley de crecimiento” parte de una premisa equivocada: la reducción de la tributación a las empresas estimula la inversión y el empleo. Siguiendo esta lógica, la norma aumentó las exenciones y disminuyó las tarifas del impuesto a la renta.
La causalidad que va de la reducción de los impuestos al mayor crecimiento no ha sido demostrada. Esta lógica que ha animado la política económica desde finales de los años 80, no ha dado los resultados esperados. En Colombia las tasas de crecimiento posteriores a 1990 han sido inferiores a las observadas en los 60 y 70. Así que durante los años en los que se estimuló el papel directivo del Estado (1960-1990), la economía creció más que durante el segundo período (1991-2019), cuando se aceleró la apertura y se desconfió de las bondades de la inversión pública.
En su afán de que les reduzcan los impuestos las empresas terminan haciéndose un harakiri, ya que sin tributos no hay infraestructura, ni seguridad, ni servicios públicos, ni educación, ni ciencia y tecnología. La mirada es miope cuando se niega la bondad de los impuestos. La menor tributación terminará reflejándose en un deterioro de la productividad, y en una caída de la inversión.
Un crecimiento del saldo de la deuda pública
Como los tributos bajan y el gasto no se puede reducir, la única forma de cerrar la brecha es a través del endeudamiento. Durante el 2020 es previsible que la deuda pública continúe creciendo. El saldo de la deuda pública del gobierno central gira alrededor del 50% del PIB. Y el valor de los intereses anuales es de 32 billones de pesos. Es grave que el monto de la deuda pública sea tan elevado. Pero más preocupante es su tendencia ascendente.
Una agudización del desbalance externo
El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos es de -4,6% del PIB. Este porcentaje es elevado y está aumentando. En el 2018 era de -2,8%. El desbalance externo significa que el ritmo de las importaciones es mayor que el de las exportaciones, así que las empresas nacionales han perdido capacidad de competir. Los tratados de libre comercio que ha firmado el país no se han reflejado en una balanza de pagos positiva. La apertura ha sido para importar, y no para exportar. Nada indica que durante el 2020 la tendencia deficitaria pueda reducirse.
Una acentuación del desempleo
En el 2019 el desempleo subió. En opinión del gobierno y de los empresarios, el desempleo se explica por el aumento del salario mínimo, y por el peso de los parafiscales asociado a la nómina. Este diagnóstico es errado, ya que la dinámica del empleo depende del volumen de la demanda, que se incentiva con los mayores salarios.
El desempleo tiene que ver con la falta de dinamismo de la industria, y con el desarrollo de actividades que son intensivas en capital, como la explotación de petróleo, la minería, y las finanzas.
El afán de comenzar el fracking
En lugar de crear condiciones que favorezcan el crecimiento verde, y el cambio de la matriz energética, en el 2020 se buscará acelerar el fracking. Es claro, entonces, que el país continuará dependiendo del petróleo y de la minería. No se han tomado medidas que lleven a una menor dependencia de los bienes primarios.
Jorge Iván González
Foto tomada de: Las2orillas
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