Sin duda, es preferible aumentar la ocupación y el ingreso de los trabajadores, que repartir subsidios. En el siglo XIX autores de diversos enfoques ideológicos, como Marx y Mill criticaron la ley de pobres, que existía en Inglaterra desde 1536. En lugar de insistir en normas diseñadas para administrar las limosnas, decían, se tienen que buscar alternativas para acabar con la pobreza.
La ley de pobres era la aceptación implícita de la permanencia de la pobreza. En lugar de esta actitud tan pasiva, Marx y Mill, cada uno a su manera, insistían en la necesidad de acabar con la ley de pobres, y para lograr este propósito el camino más expedito era eliminar la pobreza. Y desde su perspectiva, la finalidad de la economía es la búsqueda de la felicidad, y para ello se requiere que la persona pueda solucionar todas sus necesidades básicas.
Sería ideal que todas las personas tuvieran un empleo que les proporcionara los ingresos necesarios para adquirir las titularidades que les permitan llevar a cabo una “buena vida”. Pero aunque se lograra el “pleno empleo”, todavía quedarían numerosas personas por fuera del mercado laboral. Y, entonces, el Estado tiene que intervenir con el fin de garantizar un ingreso mínimo.
Aún si las políticas de empleo son exitosas, siempre será necesario que haya transferencias de recursos. Los subsidios son inevitables. Y mucho más, en situaciones críticas, como las creadas por el Covid-19.
Con la nueva emergencia el Gobierno se ha propuesto, entre otros, dos objetivos: mantener el empleo, y responder a las necesidades de subsistencia inmediatas. La conservación del empleo se haría transfiriendo el 40% de un salario mínimo (unos 350 mil pesos) a los trabajadores de las empresas que hayan tenido una caída en su facturación superior al 20%. Este monto es reducido, pero contribuye a la subsistencia de los trabajadores. Pero, claramente, no garantiza la conservación del empleo.
Los decretos de la emergencia mezclan los propósitos de solidaridad y empleo, y de manera ingenua suponen que la transferencia es suficiente para mantener el empleo. Este postulado no es válido porque la dinámica del mercado laboral depende de la demanda. Las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, no tienen ningún incentivo para conservar el empleo en momentos en que la demanda y las ventas están por el piso. Tratar de conservar a sus trabajadores es un riesgo inaceptable para el empresario.
El empleo depende de las expectativas sobre el volumen de las ventas futuras. Si el panorama es oscuro como sucede actualmente, no hay ninguna razón para que el empresario guarde el empleo. Es una alternativa muy costosa. El Ministro de Trabajo dice que el Gobierno ha prohibido el despido de trabajadores. Esta norma puede tener algún sentido en el caso de grandes empresas, como Avianca, Ecopetrol, Exito…, pero no incide en la decisión de los pequeñas y medianas empresas. En realidad, el Gobierno está ofreciendo recursos que pueden contribuir a reducir el hambre, pero que no tienen nada que ver con la conservación del empleo.
Los incentivos al empleo habría que buscarlos por otro lado. Por ejemplo, a través de la inversión pública (infraestructura, vivienda, etc.). En Colombia no ha existido una política industrial y agropecuaria que favorezca la productividad, la competitividad y el empleo. Es ingenuo creer que con transferencias tan reducidas, como la de la segunda emergencia, se conserve el empleo.
En otros países, como en Canadá, el Estado le está girando a las empresas el 75% del valor de la nómina. Este tipo de transferencia, que no le incrementan los riesgos al empresario, sí pueden favorecer la conservación del empleo. Este subsidio es posible gracias a que existe información detallada de cada trabajador y, además, porque en los países del norte el Estado se ha ido consolidando, y tiene un margen de maniobra relativamente amplio para aumentar las transferencias.
El problema del desempleo no se soluciona con 350 mil pesos mes per cápita. Por tanto, es el momento para diseñar políticas que realmente contribuyan a mejorar la productividad y la competitividad. La inversión en el sector agropecuaria es una prioridad. Y ojalá esté acompañada de una mejor distribución de la tierra. La reactivación de la demanda es el vehículo privilegiado para generar empleo. Y, en este proceso, la decisión final es del gobierno nacional, que sería el gran motor de la economía a través de la inversión pública.
Durante los últimos 15 años se deterioró el aparato productivo, y el mercado interno. Este daño estructural, del que es responsable Santos I y II, no se resuelve ahora con una transferencia tan pequeña.
En el mediano plazo, para solucionar el mal de la pobreza se requiere que además de los subsidios haya, sobre todo, una política pública que estimule la producción nacional, y que reduzca la dependencia del sector externo.
Jorge Iván González
Foto tomada de: Larazon.es/
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