Una primera cosa que es necesario decir, es que la ley de víctimas es el ejercicio de reconocimiento de derechos que por primera vez hizo el Estado colombiano a millones de víctimas que habían sido vulneradas y afectadas, por una guerra que no originaron y frente a la cual, el Estado fue incapaz de brindarle las mínimas garantías de protección a su vida e integridad, la ley es el resultado de una demanda de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, después de la experiencia del ejercicio de atención a víctimas del desplazamiento que se habían logrado con la ley 387 de 1997 y no obstante y tal cual como lo señaló la sentencia T 025/2004 de la corte constitucional, esta ley no permitió que el Estado colombiano cumpliera con mínimas garantías de atención, ni prevención del crimen del desplazamiento forzado y por el contrario, fueron muchas las denuncias que se hicieron de parte de las víctimas que sentían que los esfuerzos institucionales no lograban atender los requerimientos de las víctimas del desplazamiento. Posteriormente, se tramitó en el congreso de la República en el marco del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, una iniciativa de ley de víctimas que finalmente no logró ser sancionada, por cuánto el gobierno se negó a hacerlo, alegando razones presupuestales, lo cual sin duda mostraba la mezquindad con la que el gobierno veía los derechos de las víctimas.
En el año 2010, el presidente Juan Manuel Santos asumió el compromiso de dar trámite a una iniciativa de ley de restitución y otra de reparación, las cuales fueron integradas por el congreso que rápidamente y con las mayorías en favor de la voluntad del gobierno, lograron aprobar la ley 1448/11 y que fuera sancionada el 10 de junio del 2011, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, en un acto público de gran despliegue mediático, en el que se anunció al mundo entero el compromiso del gobierno con las víctimas como un paso importante en el camino de la consolidación de la paz.
En todo caso es justo reconocer que la ley es una importante contribución en la vía de poder garantizar derechos de las víctimas, con ella se consolidó una importante institucionalidad, al mismo tiempo se establecieron una rutas para el acceso de las víctimas a distintos mecanismos de atención, indemnización y restitución de tierras, igualmente se constituye en un importante avance los decretos que establecen los derechos de las comunidades étnicas, así como el establecimiento del enfoque de derechos y la perspectiva de género. También sin duda alguna es un importante avance el registro único de víctimas, el establecimiento de un protocolo de participación de las víctimas y la conformación de las mesas territoriales, y nacional de participación de víctimas.
No obstante estos importantes avances, muchos de ellos se quedaron en la formulación, e incluso algunos que lograron despegar rápidamente en el tiempo fueron perdiendo importancia en su ejecución. Un primer gran obstáculo ha sido como lo han determinado los informes de la Comisión Legal de seguimiento a la ley, el tema presupuestal, que aunque se trata de importantes recursos asignados para la misma, estos son siempre insuficientes y no siempre, destinados al objetivo principal de la restitución y la indemnización, cómo lo ha denunciado la Comisión, en todos sus informes, se destaca que la ley se encuentra desfinanciada, si se considera el objetivo de poder indemnizar a 9 millones de víctimas, objetivo que claramente no se cumplió y su meta está bastante alejada de esta cifra. De acuerdo a la misma Comisión, cada año se insiste en la necesidad de mejorar los procesos de articulación y coordinación de las distintas entidades encargadas de dar desarrollo al cumplimiento de la ley 1448 pero estos problemas no logran superarse.
En general es necesario plantear que la ley de víctimas siendo una buena intención de parte del Estado colombiano, esta no ha logrado colmar las grandes expectativas que se generaron entre las víctimas, que esperaban que ella fuese una herramienta para mejorar los procesos de atención a las víctimas y se convirtiera en el instrumento que garantizará rápidamente el proceso de reparación integral, así como el de restitución de tierras, sin embargo más han sido los anuncios que las realizaciones, hoy por ejemplo tenemos que denunciar que 1.000.000 de víctimas indemnizadas, es decir el 12% de las que tenía que indemnizarse en los 10 años, no indican sino estancamiento en el objetivo, además, una situación aún más decepcionante se presenta con la restitución de tierras, que en estos diez años no ha logrado superar la cifra de 500.000 hectáreas restituidas. Estas cifras bastantes ridículas, constituyen una burla para todas aquellas personas que esperaban que la ley, como lo señaló el presidente Juan Manuel Santos, fuera un instrumento a través del cual se le devolviera un poco de apoyo, por las afectaciones a las víctimas, sin embargo durante estos 10 años eso no ha sido una realidad.
Más aún, este tema de las víctimas y la centralidad de ellas en la construcción de la paz, sólo ha servido de instrumento de propaganda para los gobernantes tanto para Juan Manuel Santos, como para el gobierno de Iván Duque, quiénes desde sus gobiernos han situado el tema de víctimas, como un tema prioritario de sus respectivos gobiernos, sin embargo los hechos dan cuenta de otra realidad, por ejemplo los sistemáticos incumplimientos y negativas a implementar todos los aspectos relativos al mejoramiento de la ley de víctimas, planteados en el acuerdo de paz en el capítulo quinto firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en el año 2016, de lo cual no se ha dado cumplimiento, ni en lo que hace referencia a la modificación de la ley de víctimas, proceso que no se adelantó tal cual como se indicaba en el acuerdo, impulsando un amplio proceso de participación de las víctimas y sus organizaciones, y quizá el asunto más evidente de cómo las víctimas han sido burladas es el que tiene que ver con las 16 curules aprobadas en el acuerdo de paz para las víctimas, en las regiones más afectadas por el conflicto. Las curules no fueron tramitadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos con el procedimiento de fast track, y eso que el presidente contaba con mayorías en el congreso de la república para hacerlo, y durante el gobierno de Iván Duque, las curules para las víctimas han sufrido toda suerte de ataques por parte del partido Centro Democrático y la bancada que respalda el gobierno, en últimas, el tema de víctimas ha servido a los intereses publicitarios del gobierno, pero esto no sé ha traducido en transformaciones reales para las condiciones de vida de millones de víctimas en el país.
En el marco de la conmemoración de los 10 años, el gobierno presenta como una gran victoria, haber logrado una prórroga por 10 años en la ley de víctimas, cuál siendo una buena noticia para las víctimas del conflicto armado, también es un escenario a través del cual el gobierno va a seguir implementando su estrategia negacionista del conflicto y con toda seguridad, va a seguir utilizando a las víctimas y sus derechos, como un escenario de propaganda y no como un ejercicio de reparación y dignificación a ellas.
Finalmente se requiere fortalecer los procesos organizativos y de exigibilidad de derechos por parte de las víctimas y sus organizaciones, y se hace necesario que ellas se articulen con dinámicas de movilización y protesta, en el momento en que un sector importante el pueblo colombiano se ha levantado en heroicas jornadas de resistencia a las políticas sociales y económicas que impulsan los gobiernos neoliberales.
Alfonso Castillo Garzón, Defensor de los Derechos Humanos
Foto tomada de: https://www.eltiempo.com/
Las víctimas solo son eso,pobres víctimas,gente que no cuenta salvo como mera carne para que el victimario pueda exhibir su arte asesino.( Descanse armas, ensayo sobre la Guerra y la paz de un ex guerrillero . Yezid Arteta.)