Los tenderos Char, como su titular del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen Abuchaibe, descienden de etnias originarias del medio oriente, que se asentaron en el litoral atlántico y, como llegaron con pasaporte turco, por pertenecer al imperio otomano, en la costa los denominan turcos. Por eso la ministra Abudinen lleva el alias de La Turca.
La Turca es también barranquillera, puerto de entrada de la migración que pasa del siglo, donde más siriolibaneses se asentaron, y desde donde se expandieron. Estos migrantes llegaron buscando “El Dorado”: Levantar dinero a como diera lugar, ideal que los caracteriza.
Muchos orientales se integraron al entorno colombiano. Otros sólo venían de paso, pero se terminaron quedando apegados a las ganancias, pero, no se naturalizaron al territorio, jamás confiaron en los colombianos, y se volvieron parias llenos de plata.
Antioquia es el único departamento que no cuenta con una población turca significativa, acaso por no admitir competencia en levantar dinero por las buenas o por las malas.Pero como el diablo es puerco terminó juntándolos en el uribismo.
El último latrocinio del gobierno Duque Uribe también es la crónica de un robo anunciado, esta vez con ruido de turquerías, porque su protagonista visible, es La Turca y, tras ella, los Char.
Podría decirse que este timo empezó con el nombramiento de Alias La Turca como cuota del clan asociado al partido de Germán Vargas Lleras, Cambio Radical. Alguien con esas referencias no llega a nada bueno. Igual, Iván Duque no nombra a nadie para algo bueno. Se viste de cordero La Turca, posando de técnica, dada su estadía laboral en los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, instituciones que se caracterizan por una altísima tolerancia a la corrupción en los países a los que les presta dinero. Pareciera que el propósito es endeudarlos, poco importa si se roban la plata que les prestan.
Entonces, La Turca representa a un clan, que es un cartel, ante Duque, que representa a un cartel de origen antioqueño, que comparte su ideal de riqueza cómo sea. Al ver a La Turca en fotos abrazada con alias el Ñeñe Hernández, puede sospecharse que también era emisaria ante la economía ilícita. Y las confesiones de David Char, preso por parapolítica apuntalan la sospecha. Hoy el apellido Char es sinónimo de corrupción política, y están denunciados por diversos delitos.
Lo que pasó con el contrato de 2, 1 billones de pesos para dotar de internet a las zonas rurales es apenas lógico que pasara. Empezando por la puerta giratoria que tenía la ministra de los Char, donde un asesor suyo era a la vez representante de uno de los proponentes. Puestos en evidencia, por denuncia de la periodista Paola Herrera, de la WRadio, arguyeron que el abogado en cuestión no tiene conflicto de intereses porque trabaja para la ministra.
Los proponentes del billonario contrato fueron diez uniones temporales, constituidas por veinticinco empresas. La misma periodista investigó a esas empresas y encontró muchas que eran parte de varios casos de corrupción, o que estaban ligadas a figuras estelares de la defraudación como el exsenador Bernardo Elías, alias Ñoño. Mayoritariamente eran empresas de construcción, de comercio, fabricación de muebles, entre otras, sin tener que ver con telecomunicaciones, ni conectividad. Desde el principio la investigación periodística señaló al consorcio Centros Poblados, como proponente sin las cualidades técnicas para semejante licitación. “A pesar de la gravedad de las observaciones antes mencionadas, el Mintic, en una primera evaluación, conocida por Sigue la W, descalificó a 8 de los 10 proponentes, utilizando otros argumentos que ellos mismos calificaron como leguleyadas. Por ejemplo, por la no conversión a moneda local de estados financieros o porque los contadores de las empresas no contaban con tarjeta profesional, o por equivocarse con puntos y comas en las cifras”, dice la información de la W. Como es de suponerse, entre las descalificadas estaban empresas internacionales del campo de las telecomunicaciones y la informática. Luego se rehabilitaría a la mayoría, pero dejando por fuera, con argumentos baladíes, a la proponente china Great Wall Industry Corporation, que tenía la capacidad tecnológica y financiera para ejecutar el contrato. Algunas veedurías señalaron desde el principio el riesgo que corrían los recursos públicos y la conectividad rural con semejante proceso.
En consecuencia, en diciembre de 2020 la mitad del contrato fue asignado a la unión temporal Centros Poblados, el menos idóneo de todos los oferentes, pero de origen barranquillero. Desde ese momento alias La Turca se convirtió en la defensora de tal contratista, por los medios masivos pregonó que eran los mejor calificados, que ellos garantizaban la conectividad rural; hasta llegó a afirmar que “no hay malos contratistas sino malos supervisores”. Parecía más abogada de Centros Poblados que ministra.
Aseguró La Turca que a marzo de 2021 estarían los centros de conectividad instalados y funcionando, pero en abril, cuando estaba prevista la ejecución del 14%, sólo se había adelantado el 1% del contrato, tanto por Claro-Comcel como por Centros Poblados. Mientras el primero afirmaba haber instalado 700 puntos de conectividad, Centros Poblados no había instalado uno solo. Y en febrero 10 recibió un anticipo por 70.043 millones de pesos. Por supuesto, La Turca salió en defensa de los contratistas.
Ante la insistencia de las denuncias, en un proceso interno se descubre que la muy defendida unión temporal, que en seis meses no instaló ningún punto digital, presentó una póliza falsa para hacerse con el contrato de más de un billón de pesos. Luego se descubriría, otra póliza falsa, y otras, hasta ajustar cuatro. Las entidades del ministerio que regulan la contratación no se dieron cuenta de la falsedad, menos una entidad subcontratada para tal fin, Sescolombia.
Tras más de un año defendiendo el proceso fraudulento La Turca dejó la defensa y se declaró indignada. También reunió a su equipo de trabajo y los regañó muy airada por la fuga de información, no por la fuga del dinero. También se terminó amenazando a la periodista Paola Herrera que denunció la maturranga. Se anunció la caducidad del contrato en julio. Cuando esto sucedió se conoció que el dinero dado en anticipo se sacó del país a través de las empresas NuovoSegurity, de EEUU, e Inselsa, de Barranquilla.
La ministra de los Char pregona su inocencia, como antes pregonaba la idoneidad de Centros Poblados, pero una declaración indica su culpabilidad: El respaldo de Iván Duque, que sólo respalda a corruptos.
Ahora La Turca invoca a la Procuraduría General de la Nación, en manos de la también barranquillera Margarita Cabello. También a los presidentes de cámara y senado, figuras de trayectoria picaresca, para que sigan torpedeando la moción de censura que se ha incoado contra ella por el desfalco a la nación. Porque en estos personajes, a los que se debe sumar el fiscalillo Barbosa, la honestidad y la ética son sólo disfraces carnavalescos.
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: AS Colombia
Y eso qué el subpresidente decía: “en mi gobierno no hay lugar para los corruptos”, claro, tienen sobre cupo. Muy buena radiografía.