Desde el movimiento social de hogares organizados estamos demandando la transformación de dicho subsidio en una Renta básica no condicionada e indefinida con su correspondiente reglamentación para que no sea objeto de manipulación y despojo por los clanes mafiosos que tienen capturado el Estado.
En medio de la actual coyuntura electoral y cuando el señor Ivan Duque ha sido denunciado penalmente por su descarada intervención en el proceso político en curso para elegir su sucesor, desde la dirección del Departamento Nacional de Planeación y de la Mesa de Equidad estructurada para gerenciar las políticas de inclusión social encabezadas por el Departamento para la Prosperidad Social DPS, se ha anunciado un nuevo reajuste de dicho Ingreso solidario que en la actualidad tiene un tope de 190 mil pesos que se desembolsan cada dos meses.
El argumento que se expone alude a la situación de carestía e inflación que ha elevado el costo de los alimentos y otros renglones que golpean a los hogares más vulnerables, afectados por el hambre, que son unos 8 millones de personas, cerca de 3 millones 700 mil hogares.
Adicionalmente, millones de familias están solicitando que dicho aporte se extienda hasta el año 2023 y pensar en la necesidad de hacerlo indefinido para que de esa manera se pueda avanzar en la construcción de la Renta básica universal de la que hemos tratado en varios artículos.
Todo el proceso de asignación y desembolso del Ingreso solidario requiere de la mayor transparencia para evitar situaciones de corrupción y manipulación politiquera, pues se han denunciado entregas de este aporte a miembros del ejército, la policía y a funcionarios de la cuerda del uribismo infiltrados en el mecanismo administrativo de la nueva política social del Estado.
El sistema de Operadores con que se organiza la dispersión de estos recursos es una frágil y oscura red penetrada por las mafias que despojan miles de millones de pesos como se ha dado con la Fundación Andes, de Diego Moreno Tirado, una de las fichas del robo a Bucaramanga desde el año 2011, cuando se presentó un escándalo mayúsculo por el robo del alumbrado público y de los dineros apropiados para darle atención a la población mayor. Andes y las otras fundaciones de Moreno Tirado con su socio Alejandro Cárdenas (ex candidato a la Alcaldía de Cimitarra en las elecciones de enero pasado) han sido beneficiarios de una gigantesca contratación (más de 300 mil millones de pesos) en programas como Iraca (indígenas y afros), Familias en su tierra FEST y familias en Acción, en los que mediante fraude y sobornos a líderes de Consejos comunitarios (Buenaventura) y Resguardos indígenas (Choco y Florida, Valle del cauca) se da el despojo de miles de millones de pesos que van a parar a los bolsillos de los corruptos, favorecidos por la mano larga de la abogada valluna Diana Sandoval Aramburo, la Jefe de contratos del DPS y mano derecha de Susana Correa la actual Ministra de Vivienda; funcionaria que bloquea con los supervisores de su cuerda los procesos de veeduría ciudadana y auditoria social que procuran el control de los desembolsos y las entregas directas de recursos a los hogares seleccionados en el marco de las estrategias de focalización.
Hasta el momento se han desembolsado cerca de 62 billones de pesos en todas las políticas de apoyo social como Familias en Acción, Adulto mayor y jóvenes en Acción.
Para proteger el Ingreso solidario y mejorar su cantidad y calidad es necesario fortalecer los procesos de organización de la sociedad civil en sus ámbitos territoriales. Es la invitación que estamos haciendo a todas las organizaciones populares para que proyectemos escenarios de movilización social que arrebaten al Estado los derechos fundamentales negados por un Estado colocado al servicio de las roscas financieras y oligárquicas.
Horacio Duque
Foto tomada de: caracol.com.co
Deja un comentario