El último de esos espíritus en encresparse fue Néstor Humberto Martínez, exfiscal general, dado un capítulo del Informe Final de la CV titulado: «Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia». Esta vez, Martínez recurre a una de las sutilezas del maligno, hacerse el amable, y en una carta trata al presidente de la Comisión como Pacho, invoca fraternidad javeriana, y reclama por poner en evidencia su participación en el entrampamiento contra el exnegociador de las Farc Jesús Santrich.
Santrich es el nombre de guerra de Seuxis Pausias Hernández Solarte, dirigente guerrillero afamado por sus posturas fuertes en política, y en la mesa de negociación. Además, era poeta, ciego, y con mucha simpatía entre los combatientes. Resultó envuelto en un escándalo de narcotráfico que devino en un choque de competencias entre cortes, en una de las peores crisis del proceso de paz entre el Estado colombiano y la antigua insurgencia.
El hecho escaló hasta una solicitud de extradición del gobierno norteamericano sobre el personaje en cuestión, sin prueba alguna, y una intensa presión mediática que condenó a Santrich en los micrófonos y en las páginas de la prensa adosada a la extrema derecha. Por ello el acusado fue encarcelado y liberado varias veces, terminando con la fuga del mismo, su rearme, y su asesinato. También llevó al rearme de muchos otros excombatientes que se sintieron amenazados: Entre 2018 y 2021 surgieron 22 nuevas disidencias de las Farc.
Porque lo sucedido con Jesús Santrich menoscabó uno de los pilares de cualquier acuerdo de paz, la garantía de seguridad jurídica: No ser procesados por los delitos cometidos en el contexto de la lucha insurgente.
El acuerdo tuvo entre los seguidores de la derecha recalcitrante virulenta oposición, tal que el gobierno convocó a un plebiscito para aprobar o rechazar el acuerdo de paz, y los opositores, recurriendo a difundir falsedades, ganaron con el rechazo. Fue necesario que las comisiones negociadoras reformularan el acuerdo, y que el Congreso de la República lo aprobara, para poner fin a la guerra de las Farc contra el Estado colombiano.
Ante el hecho no se quedaron quietos. El nombramiento de Martínez en la Fiscalía General de la Nación, FGN, les dio la oportunidad de atacar el proceso. Usando a un sobrino del jefe guerrillero Iván Márquez, llamado Marlon Marín, un trabajador de calle que no perteneció a las Farc, armaron el entrampamiento. Consistió en teatralizar un tráfico de cocaína para atraer a Iván Márquez, miembro del Secretariado de las Farc, su máxima instancia de dirección, y capturarlo con esa evidencia. Lo que muestra el registro de la operación que hace la CV es que este jefe no cae en la trampa que le tiende su sobrino. Tampoco cae Jesús Santrich, no se constata su participación, y se limita a declaraciones de Marín contra el primero.
El informe de la CV aborda el caso desde más de cincuenta documentos, declaraciones de excombatientes, de funcionarios de la FGN, artículos de prensa, documentos judiciales, y hasta un libro que escribió el exfical Martínez. Para ello maquillan a Marlon Marín, estafador de poca monta, como gran padrino cinematográfico, con banqueros y generales a cargo, pero sin formación de conspiración, porque ni un vendedor de marihuana al menudeo comete los errores que los supuestos capos cometen. Curiosamente el montaje también estaba dirigido contra el general (R) Oscar Naranjo.
Los efectos que no pudieron conseguir en fabricar pruebas judiciales, sí lo lograron en los medios de comunicación afines que mostraron a los integrantes de las Farc como narcotraficantes irredentos, y al proceso como una fachada de impunidad, el relato que el uribismo ha propalado desde siempre. Paralelamente, dirigieron desde la FGN una amenaza a cada firmante del acuerdo, ya que podrían ir por cualquiera, y lograron que algunos se enguerrilleraran ante el incumplimiento de los acuerdos. Sin embargo, el gran propósito de llevar a las Farc en pleno de regreso a la guerra fracasó.
Martínez, que también fue señalado de montajes contra Piedad Córdoba y contra unos comerciantes, así como de encubrir corruptos de marca mayor, hasta de envenenamiento de testigos, aboga por su honorabilidad. De eso él no tiene nada, tampoco le interesa tenerla, ya que la cualidad que lo posesiona ante sus correligionarios es su disposición a obrar sin escrúpulos, la maldad a cielo abierto. Pero de su carta se pueden rescatar un par de elementos.
Propone un “tribunal de honor”, en mayúsculas y negrilla, para que revise su caso en un único aspecto: si la FGN aportó o no la cocaína para el montaje. Esa bobaliconada tiene un trasfondo serio: el reconocimiento implícito de la inoperancia de la justicia colombiana, y la necesidad de crear nuevos tribunales para conocer una verdad.
El tribunal que se necesita es judicial, no uno simbólico. Porque no son desavenencias entre javerianos, y lo que está vulnerada no es la autoestima del personaje, sino la justicia que se le ha escatimado a la sociedad colombiana. La corrupción judicial es más que un error, o un asunto de honorabilidad. La justicia, la igualdad, la libertad, y la misma democracia se van al traste con la corrupción judicial, que es lo que Néstor Humberto Martínez encarna.
El actuar injusto de décadas en la fiscalía ha sido un factor de denegación de justicia, ha vulnerado los derechos de muchos colombianos, y la institucionalidad del país, pero, comete crimen atroz cuando pretende destruir un acuerdo de paz, y reavivar una guerra entre hermanos. El delito de atentar contra la paz debería de existir, así como el de violar una tregua, o romper un acuerdo.
El reconocimiento implícito de la inoperancia judicial, y la necesidad de un tribunal independiente, que no use la justicia para perseguir a los adversarios, dan fundamento a una promesa de campaña del presidente Petro: Pedir a las Naciones Unidas la creación de un tribunal para esclarecer casos de corrupción en Colombia. Eso es importante, pero un Tribunal Especial para Colombia, que procese los crímenes de una casta política que ha cooptado el aparto judicial es urgente.
El derecho ciudadano a una justicia pronta y eficaz sólo será realidad con fiscales independientes, y aunque el padre De Roux y la CV han hecho gran aporte, el gran exorcismo judicial sólo lo puede hacer un Tribunal Internacional Especial de Naciones Unidas para Colombia.
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: Revista Semana
No debe ser grande la distancia entre el honor y la vergüenza. Martínez Neira, exhibido en grabaciones y “jugaditas”, ha mostrado impudico e impune su preceder.
Colombia vivió mucho tiempo es una dictadura disfrazada de democracia
Excelente resumen de los hechos para desenmascarar y mostrar al mundo el criminal Nestor H Martinez.
Un buen artículo sobre el entrampamiento a la paz. El engaño permanente a que ha estado sometido el pueblo colombiano por la oligarquía más sanguinaria y astuta. Alias el fiscal, se prestó para todo tipo de delitos