Una aclaración importante es que la categoría de campesinos hace parte de la agricultura familiar, pero no todos los agricultores familiares son campesinos. Aunque el campesinado cumple siempre las tres condiciones de la agricultura familiar, el campesino se define más como un sujeto intercultural, con vínculos comunitarios y apego a la tierra.
Según datos de la FAO, en el mundo cerca del 90% de las explotaciones agrícolas pertenecen a agricultores familiares, y aunque solo poseen el 25% de la tierra, producen el 80% de los alimentos. Los agricultores familiares son importantes porque permiten garantizar la seguridad alimentaria nacional, generan la mayor parte del empleo, sus modelos de producción son ambientalmente más sostenibles y son poseedores de un patrimonio cultural invaluable.
En Colombia, los datos del más reciente censo nacional agropecuario (CNA, 2014) revelaron que alrededor de 80% del empleo rural es generado por los pequeños agricultores. La importancia de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria de Colombia no presenta mediciones explícitas. Un reciente documento de la FAO (2015), estima que en Colombia con solo el 7% de la tierra, los agricultores familiares producen el 60% de los alimentos que consumen los colombianos. A pesar de ser mucho más productivos que los grandes agricultores los ingresos generados por los pequeños agricultores familiares son insuficientes para sacarlos de la pobreza. Esto se debe a que la cantidad de tierra de sus explotaciones es muy escasa para sostener a los numerosos miembros de las familias.
Sin embargo, el sistema global alimentario, dominado por grandes empresas transnacionales está destruyendo a los agricultores familiares en todo el mundo, obligándolos a salir de la agricultura. La globalización y el neoliberalismo le han quitado capacidad a los Estados nacionales, principalmente de los países en desarrollo, de defender a las grandes masas de agricultores campesinos de un comercio internacional caracterizado por las asimetrías de poder.
Históricamente, la política pública colombiana se ha debatido entre el proteccionismo y el libre comercio. En el tema agrícola este debate se ha centrado entre la seguridad y la soberanía alimentaria. Estos dos conceptos se utilizan indistintamente en algunos contextos, si bien ambos enfoques buscan garantizar el acceso a los alimentos, de fondo existen grandes diferencias. Así mismo, otro debate crucial en la política agraria colombiana es sobre quien puede garantizar la demanda de alimentos, los pequeños agricultores o los grandes.
La seguridad alimentaria pone su énfasis en garantizar el acceso a los alimentos, sin importar su origen (nacional o importado), la forma como se producen (modelos sostenibles o no), ni quien los produzca (agricultores campesinos o capitalistas). La soberanía alimentaria, por el contrario, sitúa su énfasis en que ese acceso no ponga en riesgo a los agricultores nacionales, que los alimentos sean producidos principalmente por campesinos y que además esta producción tenga consideraciones de conservación ambiental.
La apuesta de política pública en Colombia, sobre todo a partir de la apertura económica iniciada en 1990, ha sido en favor de la seguridad alimentaria. Las imposiciones neoliberales del “Consenso” Washington significaron un duro un golpe al campesinado colombiano, quien ha tenido que competir con las cerca de 15 millones de toneladas de alimentos que actualmente entran al país, a unos precios artificialmente bajos. Como consecuencia del modelo neoliberal que apostaba a la seguridad alimentaria, el campesinado ha tenido que salir de la agricultura.
Ante la falta de alternativas, el campesinado ha sido capturado y victimizado por los grupos violentos y las actividades ilícitas. Se ha visto obligado a huir hacia la frontera en busca de oportunidades, contribuyendo así a la devastación de la selva. En muchas ocasiones ha terminado en las grandes ciudades engrosando los cinturones de miseria. De esta manera surge la marginalidad, crece el conflicto y se sacrifica el medio ambiente.
Frente a la grave situación del campesino como resultado del modelo hegemónico neoliberal han surgido muchos movimientos en defensa de la soberanía alimentaria y del campesinado. Uno de los más importantes es el movimiento internacional Vía Campesina. El argumento central en favor del campesinado por parte de Vía Campesina, es que los grandes agronegocios instalados en los países más ricos han creado enormes integraciones oligopólicas en los insumos, la maquinaria y la transformación agroindustrial, y han contado con el apoyo del Estado en esos países, quien les ha provisto enormes cantidades de subsidios. Esta situación está destruyendo al campesinado a nivel mundial, no porque sea menos eficiente, como lo demostramos anteriormente, sino debido al pacto de las grandes corporaciones con los Estados de los países ricos.
Esta problemática de la seguridad alimentaria, que fundamentalmente depende de las importaciones agrícolas, se ha visto agravada durante y después de la crisis de la pandemia. Los problemas del comercio internacional y el alza mundial del precio del dólar, unido a la guerra en Ucrania, han elevado los precios de los alimentos tanto nacionales como importados.
El país ha perdido paulatinamente productividad y competitividad en la agricultura gracias al modelo que le apostó a la seguridad alimentaria. El crecimiento de los cultivos ilícitos, y a la par de los grupos armados, durante la década de 1990, con sus secuelas de violencia, como el genocidio, el despojo y el desplazamiento del campesinado han sido las consecuencias más visibles. También el enorme patrimonio natural ha sido sacrificado como consecuencia de la apuesta por la seguridad alimentaria que llevó al campesinado a expandir la frontera agraria. Se estima que trescientas mil hectáreas de bosques se talan anualmente en el país.
Luego de revisar los datos del reciente CNA, se puede evidenciar claramente que la mayor parte de la tierra en Colombia se encuentra en grandes explotaciones. Mientras el 80% de los agricultores poseen explotaciones muy pequeñas y viven en situación de pobreza, a pesar de generar la mayor parte de los alimentos que comemos y el 80% del empleo generado en lo rural.
En el Observatorio Rural de la Universidad de La Salle realizamos un ejercicio estadístico a partir de los datos del CNA (2014) donde se demostró que existe una relación inversa entre el tamaño de la explotación y la productividad agrícola. Se demostró que las explotaciones más pequeñas (menores a 3 hectáreas) son en promedio más de 20 veces más productivas que las más grandes (mayores de 2000 hectáreas). De otro lado, las explotaciones más pequeñas son capaces de generar alrededor de 3 empleos permanentes por ha, mientras que las más grandes en promedio generan un empleo por más de 1000 hectáreas. Estimamos que, si la tierra se distribuyera de manera más equitativa, podría generar un aumento sustantivo en el valor de la producción agropecuaria y en el empleo agrícola.
De acuerdo con el profesor canadiense Albert Berry, experto en la agricultura colombiana, el peor error de la política pública colombiana ha sido desconocer el papel clave de los pequeños agricultores familiares. Los pequeños agricultores familiares no solo dinamizarían la agricultura colombiana llevando a una senda de mayor crecimiento económico para el país, por sus vínculos con otros sectores no agrícolas, la generación de empleo y la reducción de la pobreza y la desigualdad, sino también por su gran contribución a la solución del conflicto colombiano que ha tenido su origen principal en la política pública que no ha atendido las necesidades de los pequeños agricultores.
La apuesta por la seguridad alimentaria ha empeorado la situación del campesinado colombiano. Con la apertura económica, Colombia pasó a depender de la explotación de recursos naturales, principalmente carbón y petróleo. La generación de divisas de las exportaciones mineras ha apreciado la moneda y abaratado las importaciones agrícolas, haciendo inviable a muchos pequeños agricultores. La paradoja es que los pobres del campo que huyen hacia las ciudades ahora reclaman los mismos alimentos baratos de las importaciones que los sacaron del campo.
La política pública colombiana debe entonces cambiar el modelo fundamentado en la seguridad alimentaria por uno basado en la soberanía alimentaria. Y esto debe ir acompañado de una reforma agraria que pase la tierra de los grandes e ineficientes explotaciones agrícolas, a las pequeñas explotaciones de agricultura familiar y campesina.
Wilson Vergara Vergara, Observatorio Rural – Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
Foto tomada de: IICA
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