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Reformas políticas y construcción de paz

26 septiembre, 2016 By Juan Fernando Londoño Leave a Comment

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La campaña del plebiscito ha logrado concentrar la discusión de millones de colombianos en aquellos temas del Acuerdo Final que generan  mayor controversia y que facilitan  divisiones. Uno de esos temas es la participación política de las FARC, pues algunos consideran que permitirles la participación política resulta un premio para esa organización. Se pretende dejar de lado el hecho central de que la paz negociada consiste, justamente, en que se abandona la lucha armada y se acepta la confrontación civilizada en el marco de la democracia.

Y es que justamente la democracia consiste en poder resolver los conflictos sin acudir a la violencia, para ello se convocan elecciones y la mayoría expresa su posición con el fin de dirimir las controversias. Al menos en forma temporal, pues quienes pierden pueden seguir promoviendo sus opiniones con el fin de modificar las mayorías, o pueden aceptar el resultado y buscar un arreglo que les resulte satisfactorio aceptando que no poseen un respaldo popular.

Terminar el conflicto armado supone entonces que quienes se alzaron en armas, acepten dejarlas y busquen la defensa de sus ideas sin ellas, pero esto implica que se generen las condiciones para que puedan hacerlo. En el pasado, las condiciones para la participación política se limitaron a procesos de desmovilización que obligaban al Estado a garantizar la seguridad de quienes dejaban las armas. Sin embargo  en el caso de la actual negociación de paz, el objetivo no es sólo que los antiguos guerrilleros participen y gocen de protección inmersos en un proceso de reintegración, sino que ciertas condiciones del sistema político sean transformadas para generar unas condiciones distintas para el ejercicio de la política.

En otras palabras, el Acuerdo no busca que se permita la participación de los ex guerrilleros, sino que se cambien las condiciones en las que pueden participar. ¿Por qué esto es tan importante? Básicamente por dos razones. La primera es que varias características del sistema político colombiano han ayudado a propiciar y prolongar la situación de conflicto armado que hemos vivido, por ello resulta central remover esas condiciones y generar así la llamada paz estable y duradera. La segunda razón para modificar aspectos de nuestro sistema político está relacionada con intentar nivelar el terreno de juego para todos los participantes, pues en un escenario de reintegración, los nuevos actores que emergen en la política entran con desventaja frente a quienes han controlado históricamente todos los aparatos de poder.

En este artículo se buscará explicar cómo los Acuerdos de paz de La Habana abordan las modificaciones al sistema político colombiano como instrumentos para mejorar y profundizar la democracia colombiana. Para ello señalaré algunos de los problemas o limitaciones relacionadas con el conflicto, en primer lugar, y luego la descripción de lo acordado para tratar de superar la situación.

Caracterizar la democracia colombiana.

Para entender los acuerdos es importante plantearse varias pregunta iniciales:

¿Puede una democracia funcionar normalmente en medio de una confrontación armada que produce 8 millones de víctimas? ¿Puede una democracia considerarse completa si una parte de quienes luchan por el poder no acogen los procedimientos electorales y optan por la búsqueda del mismo mediante la violencia? ¿Puede considerarse que la democracia funciona con elecciones regulares pero sin vigencia de los derechos humanos para amplios sectores de los votantes? Por último, ¿han sido las características de esa democracia un elemento que ayude a explicar la dinámica del conflicto?

Para algunos sectores, la realización regular de elecciones y la continuidad de gobiernos civiles es la demostración de que la democracia colombiana es sólida y por tanto, quienes atacan las instituciones carecen de cualquier tipo de justificación. Esta hipótesis fue usada por el gobierno de Álvaro Uribe para descalificar el conflicto armado y hablar de amenaza terrorista. Como consecuencia de este planteamiento, no se deben discutir reformas institucionales en el marco de una negociación de paz puesto que los contenidos deben estar restringidos a las arriba señaladas condiciones de seguridad para la desmovilización.

En el otro extremo están quienes han considerado que la democracia colombiana solo tiene apariencia de tal y que en el fondo existe un modelo de control por parte de unas elites que logran, a través de las elecciones, legitimar la explotación y las desigualdades. La democracia real no existe y la lucha armada se justifica en virtud de la imposibilidad de conquistar espacios de poder por vías institucionales. Esta es la tesis de algunos ideólogos de izquierda que de esa manera explican el conflicto armado en Colombia.

 

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Filed Under: Revista Sur, RS Desde el sur

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