El Congreso está ad portas de iniciar el trámite del proyecto de reforma política del gobierno Duque, que propone reformas positivas tales como la lista cerrada que fortalece los partidos y permite mayor control de la financiación electoral siempre y cuando se elaboren de manera democrática, la paridad entre mujeres y hombres en la integración de las listas que es de elemental justicia, la limitación de la elección de los congresistas a 3 períodos, y el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral.
Estos proyectos buscan responder al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC, el 24 de noviembre de 2016, refrendado por el Congreso de la República, donde se establece que “es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz” y que es necesario, “por una parte, una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso electoral, que requiere de una serie de medidas inmediatas especialmente en las regiones donde aún persisten riesgos y amenazas, así como de una revisión integral del régimen electoral y de la conformación y las funciones de las autoridades electorales. Y por otra parte, el establecimiento de unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición política”. Así mismo, se acordó “que los territorios más afectados por el conflicto y el abandono, en una fase de transición, tengan una mayor representación en el Congreso de la República para asegurar la inclusión política de esos territorios y sus poblaciones, así como la representación de sus intereses”.
De igual manera, los proyectos presentados o por presentar también se hacen eco del clamor popular contra la corrupción expresado por 11’674.951 colombianos y colombianas en la consulta del pasado 26 de agosto.
Pero nada se logra si los llamados a aplicar las normas políticas y electorales obedecen a intereses distintos a su misión de garantizar la participación política y electoral de la ciudadanía en el sistema democrático, o sea, el juego limpio político y electoral.
De manera inexplicable en el año 2003 el Congreso hizo una reforma constitucional regresiva, a espaldas del País, y sin justificación alguna, que estableció el nombramiento de los miembros del Consejo por el Congreso de la República, con el resultado de que los funcionarios, así elegidos, representan los intereses de los partidos que los eligieron, en detrimento de los derechos a la representación que tienen la totalidad de los ciudadanos en cualquier democracia.
Deja un amargo sabor el resultado del saliente Consejo que, entre otras acciones discutibles, dejó vencer los términos para la investigación y sanción de las campañas que recibieron dineros de la empresa Odebrecht y de paso violaron varias normas electorales, y todos siguen tan campantes. Tampoco parece dar mayor confianza el Consejo recién nombrado donde varios de sus miembros son ex-candidatos al Congreso derrotados en las pasadas elecciones o personas con serios compromisos con los partidos que los eligieron.
La falta de legitimidad del Consejo Nacional Electoral sólo se soluciona si se establece un mecanismo de elección que garantice la idoneidad, imparcialidad y ausencia de politiquería de sus miembros. O sea, un mecanismo de elección sin vínculo alguno con los partidos, con base estrictamente en los méritos académicos y en la trayectoria profesional de los candidatos. Sólo así podrá recobrarse la confianza de los colombianos en que los controles al fraude electoral, a la financiación ilícita de las campañas, al exceso en los topes de financiación privada, a la trashumancia, a la compra de votos, serán efectivos, oportunos y transparentes.
Temas como la financiación de las campañas son hoy en día factores de grave peligro para la democracia, hasta el punto que, en Países como Estados Unidos, Donald Dworkin la ha llamado “la maldición de la política norteamericana” y J. Skelly Wright señaló desde hace 20 años el efecto corrosivo del dinero para lograr la igualdad política (v. Revista de Derecho Público. U. de los Andes, septiembre 9 de 1998). Ni hablar del poder electoral del dinero en nuestro País y de sus efectos altamente corruptores! Narcotraficantes, contratistas, guerrilleros, paramilitares y empresas privadas con grandes intereses legislativos, son en buena parte determinantes de los resultados electorales. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Si es verdad que el Gobierno y los partidos tienen interés en no fallarle al Acuerdo de Paz ni quieren ser inferiores al mandato de la ciudadanía, es de esperar que las reformas incluyan un cambio en el origen del Consejo Nacional Electoral para que se convierta en un cuerpo autónomo, técnico y totalmente imparcial y provisto de los recursos humanos, financieros y tecnológicos que le permitan ejercer eficaz y eficientemente sus funciones.
María Teresa Garcés, Constituyente de 1991, miembro de La Paz Querida
Foto tomada de: AS Colombia
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