Un proceso de terminación de un conflicto armado interno tiene tres grandes momentos, el de la pre-negociación o fase exploratoria, el de la negociación propiamente dicha y su refrendación y luego el de la implementación de lo acordado.
Cuando hablamos de la implementación de un Acuerdo de terminación de un conflicto armado, hay que diferenciar la dimensión normativa –traducción en normas constitucionales, legales o reglamentarias lo acordado, tarea del Congreso y las Cortes-, de su ejecución a nivel territorial e igualmente del proceso de reincorporación de los miembros del grupo insurgente en las actividades legales, a cargo del ejecutivo y de la organización alzada en armas. Por lo tanto se pone a prueba la voluntad política de las partes, la capacidad administrativa del Estado y el apoyo de la sociedad. Pero algo muy importante, es precisar qué fue lo planteado en el texto de los Acuerdos y diferenciarlo de lo que se desearía que el mismo hubiera conllevado.
En una democracia, donde hay poderes relativos con autonomía –Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, se pone a prueba también la capacidad de colaboración armónica de las diferentes ramas del poder público para cumplir un compromiso de Estado, aunque en principio sólo haya sido concertado con el Ejecutivo.
Ahora bien, es necesario señalar que en el Plan Marco de Implementación –PMI- acordado entre el Gobierno y las FARC se estableció un término de quince (15) años para la implementación del Acuerdo, aspecto éste a tener en consideración para efectos de las conclusiones acerca del avance de la implementación.
Hay aspectos obvios, pero no por eso menos importantes, el primero, se acabaron las FARC como grupo armado ilegal que invocaba una causa política para su actuar y eso tuvo un impacto positivo en la seguridad en muchos territorios y en los miembros de nuestra Fuerza Pública, dicho de manera sencilla se han evitado muchas muertes de compatriotas. ¿Qué hay unos grupos de disidencias? Sí, pero era previsible, de hecho se dan en casi todos los procesos de fin de conflictos armados, pero no tienen futuro como grupos armados delincuenciales, serán problemas de criminalidad de los cuales deberá ocuparse la Fuerza Pública.
Hoy tenemos el partido político FARC –Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- con antiguos guerrilleros haciendo política en el Congreso -con mejores garantías de seguridad que en el pasado, aunque siguen dándose muertes de ex miembros de FARC, aspecto condenable y que exige al Gobierno cada vez más mejorar en la protección- y fuera de allí y de eso se trataba en el proceso de conversaciones: acabar una amenaza militar y su conversión en una organización política, previa dejación de las armas; el Acuerdo estableció, a ese respecto, la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) que se creó a través del Decreto 895 de 2017, el cual busca garantizar la implementación de medidas efectivas de protección y seguridad de líderes y lideresas sociales y líderes de la oposición en el desarrollo de sus actividades comunitaria y políticas; para garantizar que estas medidas puedan ser realmente efectivas, es imprescindible enfatizar sobre el enfoque territorial de la implementación.
Los antiguos miembros de esa guerrilla, están en proceso de ser juzgados por la JEP –Justicia Especial para la Paz- que recién comienza a despegar, igual que a los militares o policiales involucrados en delitos no amnistiables asociados al conflicto armado – crímenes de guerra y graves infracciones a los derechos humanos y al DIH-. Igualmente ya se pusieron en marcha los demás componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, como son la Comisión Especial para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV- y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas por razones del conflicto, así como el inicio de medidas de reparación a las víctimas.
Tenemos un Estatuto de Oposición que mejora las garantías políticas para los perdedores y por consiguiente mejora la calidad de la democracia, así el mismo no fuera el que algunos hubieran deseado como garantías para la oposición. Desafortunadamente no se aprobó la Reforma Política elaborada por la Misión Electoral Especial, establecida en el Acuerdo, ni las dieciséis (16) curules transitorias en Cámara de Representantes para que estuvieran representados los territorios más afectados por el conflicto; esto son dos temas que sin duda son pendientes y sobre los cuales habrá que presionar.
Se viene dando, previa dejación de las armas y su entrega a la Misión de Naciones Unidas, y la realización del Censo Socioeconómico por la Universidad Nacional, el proceso de reincorporación de excombatientes, con muchas dificultades administrativas -por ejemplo la llamada ‘lista Clinton’ impuesta por Estados Unidos y que dificulta aspectos tales como abrir cuentas en entidades bancarias para las cooperativas o empresas creadas por los excombatientes-, pero con un gran apoyo de la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y Naciones Unidas, y con un apoyo importante de muchas Universidades y el SENA en cuanto a capacitación y asesoría.
Está funcionando el programa de televisión Mimbre que fue parte del Acuerdo y orientado por las dos partes, en el cual se hace semanalmente, por Señal Institucional, pedagogía de paz; igualmente se comenzaron a adjudicar las primeras emisoras comunitarias que estaban contempladas en el Acuerdo.[1]
En lo agrario las cosas apenas intentan comenzar, es verdad también; pero vale la pena decir que el actual Gobierno del Presidente Duque, que viene de los sectores que se opusieron al Acuerdo y ganaron el plebiscito, ha tenido una actitud realista y responsable y en documento de octubre pasado denominado “La Paz, la Estabilización y Consolidación son de todos” de la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, expresamente señala: “El Presidente Duque cumplirá con lo pactado…la implementación del Acuerdo se hará respetando y reconociendo las políticas inclusivas de género y étnico, con amplio énfasis en las políticas orientadas a la mujer rural” y se plantea como compromiso de este gobierno presentar en 2019 los proyectos de ley de Catastro Rural Multipropósito y ampliación de la cobertura de la Jurisdicción Agraria. Sin duda este documento clarifica el compromiso de este Gobierno con la implementación, aun cuando el tema no tendrá la centralidad que le dio el gobierno anterior, por razones obvias.
Pero también la terminación del conflicto armado con las FARC, aunque siga pendiente lograrlo con el ELN -ahí considero hay que darle un poco de tiempo al actual Gobierno y al ELN-, generó un nuevo ambiente político en el país que permitió realizar en este año unas elecciones en un ambiente político y de seguridad distintos. Se eligió un Congreso de la República donde ya no hay fuerzas políticas hegemónicas, como en la época de la hegemonía liberal-conservadora, y obliga a construir acuerdos de forma permanente. Igualmente debemos decir que la posibilidad de expresarse de la protesta social ha mejorado y esto ha permitido que el gran movimiento por la defensa de la Universidad Pública, liderado por estudiantes y profesores, se haya adelantado sin las estigmatizaciones del pasado, con un comportamiento de la Policía más respetuoso -no faltan casos de comportamientos excesivos, también en algunos minúsculos grupos de encapuchados- y en general que haya mayor respeto por la protesta social -una de las conquistas del Acuerdo-.
La implementación de los acuerdos logrados con las FARC pueden tener un impacto significativo en relación a un eventual proceso de diálogos con el ELN, puesto que se pone en evidencia la voluntad y la capacidad del Estado para dar cumplimiento a los acuerdos que eventualmente pudieran generarse con esta organización.
¿Podría estar mejor la implementación? Por supuesto. Pero de manera realista debemos decir que las cosas han venido avanzando positivamente y hay que reconocer el aporte en esa dirección que han dado los antiguos miembros de la guerrilla de las FARC comprometidos con la implementación. A los antiguos guerrilleros que dudan y plantean legítimas preocupaciones hay que estimularlos a que se sumen y decirles, no hay procesos perfectos y lo existente se puede mejorar.
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[1] Para los Informes detallados de Implementación: el Instituto Kroc de la Universidad de Notredame, quien tiene la responsabilidad formal del seguimiento viene periódicamente produciéndolos, igualmente la Secretaría Técnica de la Verificación Internacional a cargo de CINEP-CERAC lo hace con periodicidad, la OEI junto con las Universidades del SUE y el Senado produjo en Junio del 2018 un Informe de Implementación, también lo hacen otras organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación y Foro por Colombia junto con Viva la Ciudadanía.
Alejo Vargas Velásquez,
Profesor Titular Universidad Nacional
Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz
Foto tomada de: ELTIEMPO.COM
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