Existe improvisación y por tanto incumplimiento del gobierno en cuanto a la adecuación logística y de infraestructura de las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y los puntos transitorios de normalización (PTN) “diseñados para llevar a cabo el proceso de dejación de armas e iniciar el tránsito hacia la legalidad” de las FARC y previstos hasta el 31 de mayo de 2017. En otras palabras, quienes hacen tránsito a la categoría de excombatientes, según los Acuerdos deben concentrarse en las ZVTN y los PTN durante 180 días que empezaron a correr el 1º de diciembre de 2016 y faltando apenas dos meses y medio para culminar dicha transición, las condiciones materiales de esos lugares son deplorables, al punto que los integrantes de las FARC manifiestan que su cotidianidad era mejor cuando estaban en la selva.
Las privaciones materiales que están afrontando los miembros de la guerrilla de las FARC, en trance de desmovilización, se asemejan a las que deben sufrir millones de colombianos en los cordones de miseria que rodean las ciudades: carencia de los mínimos vitales para una vida digna. Es una especie de entrenamiento de lo que les espera en la denominada “vida civil”, un enfrentarse con la realidad social que no solo las FARC sino los diferentes grupos insurgentes han intentado cambiar durante décadas sin resultados significativos, una realidad social que aún exige ser modificada para, ahí sí, poder hablar de paz.
Que esto ocurra luego de una larga negociación es incomprensible y que se justifique con el argumento de la centralización de las decisiones resulta absurdo. Por el contrario, reafirman la histórica realidad de vastas regiones azotadas por la violencia, la pobreza y el narcotráfico, pero sobre todo fustigadas por el abandono criminal del Estado, como continúa ocurriendo hoy con la Guajira y Chocó.
Y también existe imprevisión y en consecuencia incumplimiento, en la inoperancia de la fuerza pública para asumir el control de las regiones que por años mantuvo bajo sus órdenes la insurgencia de las FARC. Era apenas predecible que una vez esta guerrilla abandonara sus zonas de influencia, otros actores armados del conflicto iban a tomar el control de las mismas. Claro está que no solamente puede hablarse de desatención para ocupar esas zonas, sino de falta de voluntad política, agravada por la negativa del gobierno a aceptar el persistente accionar del paramilitarismo: si no existe el fenómeno paramilitar no es necesario controlarlo. Desde esa mirada, retrocedemos a la época en que el gobernante de turno se empecinaba en negar la existencia del conflicto armado interno.
Considerar que el tal paramilitarismo no existe es una grave equivocación cuando cientos de líderes sociales, en diferentes regiones del país, han sido asesinados de manera sistemática. Pero además, comunidades del Bajo Atrato en el departamento del Chocó evidenciaron en días pasados la presencia paramilitar en sus territorios: como en sus mejores épocas, se pavonean encapuchados, vestidos de negro y con armas largas, ahora bajo el abusivo como engañoso nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
No es posible ocultar la realidad. La existencia del narcotráfico va de la mano de la conformación de estructuras armadas ilegales que garanticen el negocio en sus diferentes fases, muchas de las cuales conforman asociaciones simbióticas con algunas estructuras armadas legales. Si tenemos en cuenta que se desmovilizaron 31.671 integrantes de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de los cuales 3.666 fueron postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, ¿qué pasó con los 28.005 restantes?
El periodista y sociólogo Alfredo Molano hace la siguiente lectura: “Ahora bien, la desmovilización de unos 30.000 sujetos armados de las AUC, según el Gobierno disminuyó los índices delincuenciales en los meses que siguieron a los actos protocolarios. Pero sólo unos 2.500 cuadros paramilitares se acogieron a los beneficios de la ley; a 3.000 mandos medios, según el mismo Gobierno, se les perdió la pista, y unos 5.000 individuos volvieron a las armas por considerar que el gobierno Uribe no les había cumplido. La Ley de Justicia y Paz comenzó a ser aplicada a medias, entre otras razones porque el sistema judicial se vio desbordado con la mera presentación ante la Fiscalía de sólo el 10 % de los beneficiados potenciales”[1].
Si el gobierno colombiano no toma en cuenta los diferentes estudios que se han adelantado para entender el origen del conflicto, serán letra muerta. Y de nada servirá silenciar los fusiles y desarmar los espíritus, calmar la fiebre dejando la infección intacta.
De acuerdo con el PNUD[2], para el año 2009, los índices de medición del grado de concentración de la propiedad rural y de los ingresos eran “alarmantes” y situaban a Colombia “como uno de los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y el mundo”.
Para el organismo internacional, la actual estructura de tenencia de la tierra es un obstáculo al desarrollo humano y constituye un conflicto rural no resuelto y complejo: “La tenencia de la tierra en Colombia se caracteriza por una alta concentración de la propiedad rural. A las causas tradicionales (históricas, políticas, económicas y técnicas), se han sumado la lógica de control territorial y de poblaciones de los actores armados, y el proceso de expoliación y compra de terrenos por parte del narcotráfico, todo lo cual ha terminado por reforzar la tendencia”.
Según recientes cifras presentadas esta semana por la Oficina Nacional para la Política de Control de Drogas de los Estados Unidos, en 2016 Colombia registró 188.000 hectáreas sembradas con coca, mostrando un incremento del 18% en relación con el 2015. Acorde con lo anterior, la Encuesta Nacional sobre el uso de drogas en los Estados Unidos, señala que en 2015 existían cerca de 1,9 millones de consumidores de cocaína en ese país, mayores de 12 años; cifra que representa un incremento del 23% en relación con el 1,5 millones del año 2014.
Lo anterior significa que la demanda estadounidense de cocaína jalona la producción de hoja de coca y sostiene el desmesurado negocio del narcotráfico; que mientras el consumo siga siendo ilícito, perdurarán las astronómicas ganancias, especialmente para quienes trafican las drogas al menudeo en las calles de Nueva York y California; y mientras subsista esa problemática alrededor del narcotráfico, nuevos y viejos aparatos armados se aprestarán a cuidar sus descomunales ganancias y de paso sembrar el terror entre los pobladores, desplazarlos de sus territorios, apoderarse de sus tierras, y para darle un matiz político al asunto, asesinar líderes sociales tildándolos de comunistas, todo en nombre de la democracia. Y así, el ciclo se repite.
José Hilario López Rincón
14 de marzo de 2017
NOTAS
Fuente imagen: video cotidianidad en los campamentos de las FARC EP http://www.farc-ep.co/biblioteca/video.html
[1] “Fragmentos de la Historia del Conflicto Armado (1920-2010)”, en “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas, febrero de 2015”, pág. 595.
[2] PNUD (2011). Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano [Resumen ejecutivo]. Bogotá: indh pnud, pp 47, 57.