Por eso hemos orientado que desde las organizaciones comunales y sociales, barriales y veredales se debe tener o actualizar con mucha responsabilidad los censos de las personas con limitaciones reales de supervivencia en primer lugar para apadrinarlos, buscar apoyos del sector privado, del municipio y del Estado, para generar procesos de solidaridad ciudadanos y organizar las ollas comunitarias con las debidas medidas de salubridad. De todas maneras eventuales alimentos calientes serían más confiables que la manipulación incontrolada de productos verdes que pueden ser grave vector de contaminación. Recodemos que la Constitución Política de Colombia en sus Artículos 44 y 42 induce en su orden que la familia, la sociedad (comunidad) y el Estado deben velar por las personas más débiles. Pareciera que desde el Gobierno han entendido al contrario monopolizando su accionar desde el Estado, ignorando a los dos actores iniciales fundamentales con quienes debe construir y ejecutar estas alternativas.
Por los medios que tenemos a disposición hemos buscado a los funcionarios del Estado con estas responsabilidades para insistir que es por esta vía de la solidaridad, de las redes comunales, sociales y ciudadanas por donde debe tramitar sus apoyos, pero los pocos que han respondido han dicho que ya tienen sus censos, y sus redes y que no han considerado esta opción. Hemos insistido en esta estrategia además para ayudar a tramitar las eventuales inconformidades y levantamientos ciudadanos que no quisiéramos lleguen a ser incontenibles, pero no han escuchado, embriagados en el poder autoritarias, arrogantes, prepotentes consolidado con el Estado de Emergencia, como creyendo ilusamente que basta con las medidas legales e institucionales y es muy grave en situaciones como esta ignorar y desconocer la sabiduría y la capacidad ciudadana, pues la institucionalidad puede ser fácilmente desbordada.
Sobre los eventuales apoyos del Estado: hemos dicho que si bien estos apoyos han generado gran expectativa, en primer lugar serán soluciones transitorias y temporales frente a la magnitud de los requerimientos, que para nada superarán las acciones de solidaridad interna comunitaria reiteradas, en primer lugar por lo poco que ofrecen si es que llegaran; por su real cobertura a quienes lo necesitan; por la temporalidad una vez al mes y algo muy grave ya en verificación que es la interferencia de las redes de la politiquería de los gobiernos nacional y territoriales y de los mal llamados partidos para la distribución de los eventuales apoyos, sobre lo cual ya existen denuncias, lo que induce a corrupción que es lo que se puede esperar de una clase política mediocre, corrupta, insolidaria e insaciable en sus apetitos para pescar en medio del desorden y la tragedia. De hecho habría que verificar con qué medidas de transparencia se están adjudicando a grandes proveedores la entrega de los mercados. Es que en el caso comunal hicimos las mismas propuestas en el año 2011 cuando la emergencia invernal del primer semestre, el Gobierno de entonces con Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras a la cabeza, también invocando la emergencia, asignaron como dos billones de pesos para los afectados, con incontables denuncias de corrupción y politiquería en su manejo y ejecución a través de estas estructuras políticas y de poder descompuestas.
Sea este un nuevo llamado al Gobierno Nacional y territoriales, desafortunadamente de manera pública pues por la vía interna no han escuchado, para que no ignoren la única estrategia presente y futura que es la organización y solidaridad desde el tejido comunal, comunitario y ciudadano, el que sin duda no obstante su invisibilización en los medios de comunicación y el Estado, en la emergencia, hoy ya son de hecho la principal alternativa en lo local. Por qué no nos juntamos señores del Gobierno en torno a la comunitario y solidario para multiplicar la eficiencia en esfuerzos, comenzando por distribuir parte importante de las ayudas en ollas comunales solidarias?.
La eliminación de las ventas ambulantes, la producción agropecuaria y la carestía: parte importante de la producción agropecuaria en el País en tiempos normales, se distribuye a través de las ventas ambulantes a menores costos para el usuario, frente a los almacenes de grandes superficies, en parte por la disminución de costos administrativos. Con la cuarentena todas estas ventas han sido eliminadas lo que no solo ha generado problema de supervivencia a estos trabajadores de la calle, sino que ha encarecido desmedidamente los costos de los fruver en los grandes distribuidores que se sienten privilegiados con la medida y en pleno ejercicio de su poder monopólico.
Hemos propuesto a varios gobiernos habilitar espacios en las localidades y municipios con las debidas medidas de salubridad para que por lo menos por el tiempo de la emergencia muchos de estos vendedores callejeros puedan ofertar sus productos pero solo autismo hemos encontrado, pues las medidas se socializan y negocian con los grandes gremios económicos despreciando e ignorando a la base ciudadana la que realmente da vida y convivencia al País. De hecho más del 65% de fruver en Colombia la producen pequeños y medianos campesinos.
Desafortunadamente a nuestras estructuras comunales y sociales las siguen usando para recolectar información pero no para lo más importante como es la ejecución de los programas teniendo como eje la solidaridad.
Emergencia o dictadura? Diferentes actores de la vida política y social hemos reconocido la necesidad de la cuarentena y la declaratoria de la emergencia económica, pero nos está preocupando que este Estado de excepción sea utilizada por el Gobierno como patente de corzo para gobernar como cualquier dictadura sin ningún tipo de control social ni político. Preocupa que en las excepciones no haya considerado la movilidad de los integrantes del Congreso de la República y de las corporaciones públicas territoriales, las que no obstante su desprestigio, serían buen referente de control político a las medidas. Estas excepciones se debieron o deben tomar como se ha hecho para los trabajadores de la salud, la fuerza pública, los proveedores de alimentos y otros. Es que si se permite el funcionamiento de almacenes de superficie, supermercados y hospitales, con las debidas medidas de salubridad, porque no para el funcionamiento presencial de estas instituciones?. Y de la misma manera para que funcionen organizaciones comunales, sociales, solidarias indispensables en estas circunstancias?. Y por qué las corporaciones públicas no han reaccionado con dignidad:
A propósitos de estados de emergencia no sobra recordar el Artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, concordante con el 214: . “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”
Nota final de D.H.: : condenando los ataques contra dirigentes sociales como el asesinato de Marco Rivadeneira el 19 de Marzo en Putumayo, desde el sector comunal debemos decir que desde el 4 de Marzo no hemos registrado asesinato contra nuestros dirigentes, aunque siguen las amenazas en todo el territorio nacional y más cuando tratamos de hacer veeduría a la función pública y el autismo del Estado frente a nuestros requerimientos en D.H.
Nota consensuada previamente en el Movimiento Nacional Comunal Alternativo.
Guillermo A. Cardona Moreno, Observatorio Nacional Comunal. Mto.Comunal Alternativo
Foto tomada de: Elheraldo.co
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