Precisamente debemos tomar conciencia de los riesgos y las oportunidades que se abren paso a partir de los Acuerdos de La Habana consignados en el documento final de las 297 páginas y solemnemente promulgado y firmado este lunes 26 de Septiembre en Cartagena. Los miembros de la Corporación Sur intervinimos ante la Corte Constitucional en el debate que ella promovió sobre el mecanismo del plebiscito aprobado por el Congreso de la República para la refrendación de los Acuerdos. En el documento entregado a nuestro Tribunal Constitucional dejamos claro que como colectivo pensábamos y lo seguimos haciendo que si bien el Presidente de la República podría haber promulgado los Acuerdos sin la refrendación popular, nos pareció que una convocatoria como la que nos espera este domingo 2 de octubre, lo que busca es que estos acuerdos sean ampliamente conocidos y debatidos y que sean los ciudadanos los que mediante su voto le den legitimidad política habida cuenta que este proceso tiene una singularidad y es que frente a él un sector del país agrupado alrededor de la oposición al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se han opuesto desde el comienzo no solo a los Acuerdos logrados sino al proceso mismo. Esa oposición se manifestó en contra de que se hiciera una negociación política para terminar el conflicto armado que padecemos desde hace ya más de sesenta años. Luego ya en pleno proceso esta oposición, no debemos olvidarlo, traslado la disputa con otra argumentación a la campaña presidencial del año 2014. Razones no les faltan a quienes sostienen que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de dicho año se refrendó y legitimó el proceso de negociación y efectivamente los partidarios de la solución política le dieron la reelección al presidente Santos.
Ahora bien examinados los acuerdos debemos señalar sin temor que por lo menos el 90 por ciento de lo acordado no beneficia a las FARC sino al conjunto del país. Apenas un 10 por ciento de los Acuerdos benefician directamente a las FARC. Las reformas pactadas buscan la profundización de la democracia y del Estado Social de Derecho que es la piedra angular de la Constitución de 1991, no se oponen a ella y por el contrario buscan profundizarla y desarrollarla.
En materia agraria lo que busca esencialmente es la puesta en marcha de una política para fortalecer la economía campesina que no ha existido en Colombia. El 42 por ciento del campesinado vive en la pobreza. El 0.4 por ciento de los propietarios son dueños del 46% del total de la tierra productiva en el país que son unas 45 millones de hectáreas; o dicho de otra forma, 2500 propietarios son dueños del 52% del total de las tierras productivas del país. Esa irritante concentración de la propiedad agraria así como el despojo de millones de campesinos en la violencia de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX fueron la causa más próxima del levantamiento armado de las FARC y de la mayor parte de las guerrillas que se desmovilizaron en los años noventa y aún del Ejército de Liberación Nacional que aún no inicia el proceso público de negociación. En el centro del primer acuerdo está la conformación de un Fondo de Tierras para la paz con tres millones de hectáreas que serán compradas por el Estado con recursos del presupuesto nacional, con donaciones de la comunidad internacional, tierras extinguidas principalmente a los narcotraficantes y baldíos de la Nación. Este Fondo de tierras las distribuirá el estado de manera gratuita entre campesinos sin tierra, víctimas del conflicto armado y en general sectores de la población con vocación agraria. Ello fortalecerá la economía campesina que provee cerca del 65% del total de los alimentos que llegan a nuestras mesas.
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