Para los sectores más retrógrados, la cárcel constituye un símbolo de sometimiento y de poder ultrajante de quienes detentan el poder sobre quienes, en determinado momento, se rebelan en contra de las injusticias que propicia la misma sociedad. Y claro, es el pretexto para castigar a ciertos delincuentes, o en términos oficiales, para “resocializar” a quienes delinquen.
Hasta ahora, los cultivos de uso ilícito se han venido afrontando de manera equivocada, sin diferenciar que la siembra de la coca, para las comunidades indígenas, se trata de cultivos ancestrales estrechamente relacionados con su cultura. Debido al auge del consumo de sustancias alucinógenas, principalmente en Estados Unidos, los cultivos de uso ilícito crecieron desmesuradamente en los países de la región andina. Los diferentes gobiernos de Colombia, no han hecho ningún esfuerzo para distinguir entre los narcotraficantes y los cultivadores de plantas como la marihuana, la coca y la amapola; y mucho menos para diferenciar a los campesinos empobrecidos que encuentran en esos cultivos una alternativa para sobrevivir.
Según la mirada desde la cual se aborde el tema de los cultivos de uso ilícito, así será la respuesta que se plantee para su solución.
Los cultivos de uso ilícito en pequeña escala, por parte de familias campesinas que viven en condiciones de pobreza y abandono estatal, constituyen una problemática de índole social que, equivocadamente, se ha confrontado prioritariamente desde el punto de vista punitivo y represivo, sin que en momento alguno se haya buscado acabar con el origen de la misma. Las autoridades arrancan violentamente las raíces de las matas pero no tienen la suficiente inteligencia como para atacar las raíces de la miseria y de la desigualdad, que son las que llevan a que las familias campesinas siembren coca, marihuana y amapola.
Colombia es un Estado que no cumple con sus obligaciones, con los fines para los cuales fue creado, de lo contrario las comunidades empobrecidas y perseguidas no se verían en la imperiosa necesidad de realizar paros cívicos para exigir sus derechos, ni los campesinos pobres se verían empujados a sembrar cultivos que la ley califica de ilícitos y la sociedad capitalista los transforma en sustancias altamente rentables.
A la iniciativa del gobierno, rápidamente se ha opuesto el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Ha dicho que la “Fiscalía se declara aterrada”, como si él encarnara a la Fiscalía en una versión actual y lánguida de la expresión “L’État, c’est moi”, que se atribuye a Luis XIV en el contexto de la monarquía absoluta.
Para la Fiscalía o el Fiscal General, que es lo mismo, dicho proyecto “capitularía la sociedad colombiana contra una de las formas de expresión de criminalidad más complejas que tiene el país”.
Se equivoca el Fiscal sensacionalista, una de las formas más complejas de criminalidad, tan compleja que hasta ahora se está destapando, es la de la corrupción en las altas esferas de la justicia colombiana. Y si no que lo diga el Fiscal Anticorrupción corrupto, Luis Gustavo Moreno, nombrado por el lenguaraz Martínez Neira.
Sin ni siquiera haberse debatido el proyecto de acto legislativo, el Fiscal ya muestra su interés, no de encontrar una solución a la situación que viven 106.900 familias de pequeños cultivadores, sino de atravesarse como vaca muerta en los caminos de reconciliación que busca la sociedad colombiana.
Pero además, la teatral Fiscalía ignora sus propias estadísticas[1]. A simple manera de ejemplo, durante el año 2015 ingresaron 844 noticias criminales relacionadas con el artículo 375 del Código Penal, es decir conservación o financiación de plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, conducta que pretende reformar el Proyecto de Ley radicado por el gobierno. De esas denuncias, el mayor número corresponde al departamento del Cauca con 139, y le siguen Antioquia con 131, Bolívar con 125 y Nariño con 87; Meta aparece con 39, Cesar con 33, Chocó con 19 y Guaviare con 19.
De las 844 denuncias, 369 aparecen ACTIVAS, es decir 43,72%, y 475 INACTIVAS es decir 56,27%.
Sin mayor análisis, las cifras muestran una situación particular en departamentos como Cauca, Antioquia, Bolívar y Nariño. Pero sobre todo, la ineptitud de la Fiscalía o del Fiscal, que es lo mismo, para cumplir con sus obligaciones.
Contrasta la visión del gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien considera que la sustitución de cultivos “es lo que reconoce a los seres humanos y no a unas cifras detrás de un escritorio. Lo que reconoce a personas de carne y hueso, gente que ha vivido durante décadas de los cultivos de uso ilícito y se les debe dar una respuesta integral, que no se va a dar en recursos, ni en gente sin estrategia”.
Lo que evidencia el Fiscal Martínez Neira es el afán de construir mediáticamente una cuestión criminal, pero sobre todo ignorando aspectos culturales, sociales y económicos de la población campesina que encuentra en los cultivos de uso ilícito una alternativa para suplir sus necesidades básicas.
En la exposición de motivos, el gobierno puntualiza que las áreas de cultivo de coca “podrían presentar niveles de pobreza hasta del 70% en referencia a la población encontrada en los territorios con esta problemática”; las “tasas de analfabetismo están por encima del 15% para los departamentos foco en materia de cultivos de coca. Lo anterior muestra la carencia en las coberturas de educación en las zonas con la problemática”. De igual manera en los departamentos de Nariño, Cauca y Norte de Santander se concentran el mayor número de cultivadores no afiliados al régimen de salud.
Esas condiciones de vulnerabilidad que gobierno tras gobierno se han negado a ver y reconocer “se han exacerbado debido a las políticas basadas en el uso de la fuerza y el uso del derecho penal para combatir el problema de las drogas ilícitas. Esto ha ocasionado impactos sociales y ambientales que agravan las condiciones de marginalidad de las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito”.
Se requiere más trabajo de campo y menos funcionarios vociferantes en plan de hacer politiquería; menos leguleyos y más investigadores sociales dispuestos a comprender el “delito” como fenómeno social, la conducta delictiva en su total complejidad; la íntima relación entre la siembra de cultivos llamados ilícitos y la desigualdad de las condiciones económicas.
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
31 de octubre de 2017
NOTAS
[1] http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/
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