La dura realidad, nos está diciendo que aún queda tarea para lograr una sociedad libre de violencias organizadas, con sentido de acción política o presencia organizada en territorios, esto sigue vigente en la sociedad colombiana, que aún tiene retos enormes por superar, para lograr que el proyecto de sociedad que está en la Constitución Nacional sea un referente y una realidad en el conjunto de la sociedad colombiana, hoy luego de 28 años de promulgada, la constitución no rige en el conjunto del territorio nacional, hay varias Colombias: una donde se vive cierta “normalidad institucional” y otras, donde impera la ley de “quien tenga la pistola más grande y rápida”, eso no es nuevo, venimos de un enorme conflicto armado que poco a poco hemos ido cerrando pero aún no lo hemos logrado.
Hoy en Colombia se debate, si el acuerdo firmado con las FARC, es un fracaso, si se implementa de manera adecuada o si estamos en la característica colombiana de “un paso adelante y otro atrás”. La evidencia muestra que el acuerdo no va bien, los puntos de desarrollo rural integral y participación política, no arrancan, en la perspectiva de reformas y cambios en estas dos dimensiones y el punto de acciones para brindar otras oportunidades a las comunidades campesinas donde ha permanecido la coca, la insatisfacción es grande y la posibilidad de volver a las viejas y fracasadas prácticas de fumigación, siguen siendo una posibilidad latente. Hasta el punto más fácil, que es el de la reincorporación de los excombatientes de las FARC, hay serias dudas de que se esté haciendo lo necesario y pertinente para que las catorce mil personas que vienen de la guerra y han hecho un acuerdo de paz, logren hacer ese tránsito, con el debido apoyo y en cumplimiento del acuerdo que han firmado de buena voluntad y con la convicción que han salido de la guerra, para ser ciudadanos y ciudadanas con plenas garantías para competir en esta precaria democracia, en la que siguen buscando transformaciones y donde han podido encontrar sintonía con un mundo social y político que les reconocemos su compromiso con la palabra empeñada y el paso a una acción política.
Los indicadores de desplazamiento, crímenes contra líderes sociales, confinamiento de comunidades, desplazamientos forzados, combates entre la fuerza pública e irregulares, personas afectadas por artefactos explosivos, todos ellos vienen en alza si se comparan con los de hace un año, todo ello muestra que estamos lejos de dar por finalizado este largo ciclo de violencias, caracterizadas por lógicas de control territorial, prácticas autoritarias y criminales, de las que desafortunadamente participan estructuras estatales, más allá de prácticas aisladas e individuales, son políticas que permanecen de manera sistemática, lo cual evidencia que no es asunto menor, ni aislado en individuos, sino parte de políticas arraigadas en el estado colombiano, por ejemplo, el delicado asunto de que vuelvan las prácticas de ejecuciones de civiles para hacerlos pasar como ilegales, ha sido tema de debate en las últimas semanas, para mencionar un ejemplo de cómo hay continuidad de prácticas tremendamente delicadas y preocupantes que siguen “vivitas y coleando” en la realidad colombiana.
Este nuevo ciclo de acciones violentas, se expresan en territorios concretos, donde como ya ha sido mencionado no funciona la constitución del 91, el Estado de derecho no es realidad y las instituciones estatales son uno más, que pactan con los ilegales o conviven con ellos o simplemente no existen y son los irregulares, de cualquier signo, los que ejercen de manera efectiva el control del territorio y las comunidades que deben sufrir sus directrices y lógicas de regular la vida comunitaria y las prácticas sociales, donde el tema de regulación y tratamiento de los conflictos, la seguridad y el manejo de la tributación, están al centro de los intereses de los irregulares, llámense bandas criminales, continuidad de las dinámicas paramilitares, disidentes de las FARC o el ELN, todos ellos están en el territorio y allí están sus intereses y su apuesta de permanencia.
La geografía de la actual violencia, es heredera de las viejas violencias, allí sobresale: Cauca, todo el pacifico, el Catatumbo, el bajo Cauca Antioqueño, el Sur de Córdoba y Arauca, junto al sur del meta y el Guaviare, allí están los doscientos cincuenta municipios más críticos, donde se están fortaleciendo ilegales y nuevas dinámicas de control abusivo y autoritario y que el Estado colombiano no puede controlar, no quiere controlar o los estatales son parte del problema.
La política de seguridad, centrada en la fuerza es tremendamente insuficiente para lograr el control democrático del territorio y todo indica que este gobierno va a volver a cometer el error de aplazar una acción integral, centrada en desarrollo y democracia, y volver a la lógica de fuerza y más fuerza, sin buen destino para comunidades y territorios.
El Presidente Iván Duque con su resistencia a aplicar un acuerdo de paz, está malogrando una valiosa oportunidad de avanzar en democracia, lo que nos lleva a reafirmarnos en la tesis de que este gobierno no tiene en sus intereses una Colombia en paz y apuesta y duro por dejarnos en estos ordenes criminales y abusivos con las comunidades y sus derechos.
El reto de sacar la violencia de la política sigue plenamente vigente, al lado de lograr un funcionamiento del Estado social y de derecho en todo el territorio nacional y superar eso de que hay una Colombia donde hay una democracia, así sea precaria y llena de inequidades y una Colombia donde manda la pistola más grande y organizada.
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Luis Eduardo Celis*
Foto obtenida de: ELTIEMPO.COM
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