Veamos a continuación como se expresa esto
La firma del Acuerdo de Paz con las FARC cambió la manera cómo se concibe la paz hacia futuro y del conflicto armado en el país. La guerrilla más grande e importante que estaba en territorio colombiano, que significaba la mayor amenaza para el control territorial, negoció con el Estado para su reincorporación a la vida civil. Ningún grupo armado ilegal había tenido el impacto político, social y económico que éste tuvo, por lo cual, su desmovilización es un hecho que marca el inicio de un nuevo periodo en cuanto al conflicto armado en el corto, mediano y largo plazo.
¿A qué se deben estas nuevas expresiones de violencia y las dificultades en cuanto a la consolidación de la paz en el país? Las respuestas son múltiples y variadas. Vamos a plantear algunas hipótesis explicativas de esta nueva realidad.
Primera, el Estado no tuvo la capacidad institucional ni las políticas adecuadas para copar los territorios que fueron abandonados por las FARC, por el contrario, estos territorios pasaron a ser de disputa por los diversos grupos armados ilegales. En este primer factor inciden varios aspectos: Uno, Fuerza Pública que no logra una compenetración para cubrir los espacios dejados por la extinta guerrilla, ya sea por la falta de legitimidad en los territorios, las dificultades estratégicas y operacionales, así como prejuicios frente a los pobladores. Dos, un control territorial basado en la presencia de la Fuerza Pública antes que, de la institucionalidad civil, conlleva una percepción solamente de conflicto militar antes que de reincorporación de los territorios. La precariedad de las instituciones, así como los preceptos que acompañan algunas de estas respecto a aquellos territorios periféricos, lleva a que se piense en la ocupación de las zonas como un objeto de disputa más que en la articulación de un entramado nacional.
Segunda, la economía ilegal y la disputa entre los grupos armados ilegales. Esta se desprende de la anterior. Los espacios dejados por la guerrilla de las FARC pasarían a ser ámbitos de competencia territorial por parte de diferentes grupos armados. El ELN, los residuos del EPL, el Clan del Golfo y los disidentes de las antiguas FARC -guerrilleros que no se sometieron al proceso o lo abandonaron-, así como otros grupos de menor calado, se enfrentaron por la definición de rutas, acceso a recursos, control de las poblaciones, de mercados y de influencia en los territorios.
Este enfrentamiento vendría en escalada, desapareciendo las organizaciones ilegales pequeñas, buscando la expansión en nuevos territorios, aumentando la capacidad de reclutamiento y de acceso a recursos estratégicos. De esta manera, zonas de alta conflictividad vendrían en una escalada de acciones armadas, tales como: el norte y el sur del Cauca, el occidente de Nariño, el pacífico chocoano y el Putumayo, como salida al Pacífico y la frontera con Ecuador; la zona del Urabá antioqueño como salida al Caribe y frontera con Panamá; el Catatumbo en Norte de Santander y Arauca, como pasos hacia Venezuela y el Lago Maracaibo. Todos puntos estratégicos para el transporte del narcotráfico y de armas, con baja presencia estatal.
Pero se han presentado nuevos focos de conflicto en los llanos orientales, el sur de Bolívar, los Montes de María, zonas del Pacífico, del Tolima y la Costa Caribe. Las FARC garantizaban cierta “estabilidad” en los territorios ocupados, pero con su desaparición esta no fue remplazada por los entes estatales. Del mismo modo, la estructura de las FARC -históricamente jerárquica- con la desaparición de su estado mayor se vio en aprietos en sus disidencias, las cuales no tendrían ningún tipo de política conjunta, ni estructura definida; más allá de agruparse bajo la bandera de los mercados ilegales.
El país vivió síntomas de este fenómeno de manera temprana con las problemáticas de integración de los territorios. El conflicto librado en el Catatumbo por el ELN y los residuos del EPL, así como las tensiones provocadas en municipios como Tumaco con nuevos actores, y la expansión del Clan del Golfo en Antioquía, Chocó y Córdoba, mostraban de forma temprana las problemáticas de no presencia del Estado.
Tercera, las demoras y problemáticas en la implementación del acuerdo de paz, la cual se ve acompañada por la incertidumbre política en cuanto a la voluntad por ejecutar el mismo. Este hecho retrasa notablemente posibilidades en cuanto a la reducción de la conflictividad armada en el país, la cual se encuentra en aumento a pesar de los rescatables avances que se han hecho en cuanto a la reincorporación de los excombatientes, la participación política y los programas de sustitución de cultivos. En este aspecto, tal y como lo afirman los informes de Naciones Unidas, es necesario que haya voluntad política y se logre acelerar el proceso. Asimismo, el no haber logrado un acuerdo de paz con el ELN, así como la inexistencia de la discusión del sometimiento del Clan del Golfo, dificultan cualquier tipo de esfuerzo integral para lograr condiciones óptimas de pos acuerdo.
Cuarta, hay una problemática que se conjuga con las anteriores y son los mercados ilegales. La minería ilegal y el narcotráfico se constituyen como los principales financiadores de las estructuras ilegales, así como un campo de conflicto por su posesión. En este punto se encuentran intersectados los tres anteriores, dado que estas problemáticas se derivan de la falta de presencia estatal, se genera violencia a partir de la competencia de los grupos armados y la respuesta lenta en la implementación del acuerdo.
Estas causas venían en una escalada gradual y sostenida; no obstante, los síntomas han sufrido un agravamiento exponencial, se han mostrado las brechas estructurales del conflicto en medio del momento coyuntural y se ha comenzado a hablar de una nueva oleada de violencia. ¿Qué llevo a que se presentará el escenario actual del país con síntomas agravados y con tendencia a empeorar?
La respuesta a esta pregunta es la pandemia derivada del Covid-19. Si bien los síntomas venían en escalada, la llegada del virus SARS-CoV-2 agravaría las situaciones políticas, económicas y sociales del país. Los síntomas se ven empeorados porque las causas han entrado en una faceta crítica. Veamos las más relevantes.
Primero, la capacidad del Estado se ha visto menguada por la búsqueda de resolver las problemáticas derivadas del virus. La Fuerza Pública y las instituciones civiles se han volcado a responder a las nuevas demandas de la sociedad, dejando de lado otras responsabilidades en el marco territorial; esto conlleva movilización de recursos y de personal del cual no se disponía. Del mismo modo, las Fuerzas Militares y la Policía han sido fundamentales en la atención de la emergencia sanitaria y del control poblacional en medio de la pandemia, sacándolas del contexto del conflicto armado.
Segundo, por su parte, los grupos armados ilegales han visto en la pandemia una oportunidad para aumentar su control territorial. Estos, desde el inicio de la emergencia sanitaria, se han encargado de imponer sus propias cuarentenas y toques de queda, expandir su dominio dentro de los territorios, ampliar rutas y lugares de extracción.
Tercero, el Acuerdo de Paz con la institucionalidad estatal concentrada en la atención sanitaria ha llevado a que los recursos se implementen en tener infraestructura física y carnetización para acceso a servicios médicos para los excombatientes, así como dotarlos con suministros para afrontar la pandemia por medio de kits sanitarios.
Cuarto, el narcotráfico y la minería ilegal son dos mercados que se encuentran en disputa. La demanda de narcóticos continua, pero con el agravante de la reducción de las facilidades para su distribución debido a los controles estatales a nivel nacional e internacional. Existe una fuerte competencia por el manejo de los mercados y de las rutas que puedan permitir tener a los grupos ilegales ganancias. Igualmente, los precios del oro alcanzaron un nivel histórico, lo cual aumenta cualquier tipo de competencia por la minería ilegal.
Estos agravantes llevan a que los grupos al margen de la ley tengan un escenario de competencia y de consolidación acelerado por las circunstancias, con un Estado ocupado en la atención de las demandas derivadas de la pandemia, recursos escasos para alimentar sus estructuras armadas, mercados cerrados y el aumento de precios del oro. La confrontación y el aceleramiento de la misma se deben a esta nueva reorganización en un escenario estructural de pos-FARC, pero también en miras a un contexto coyuntural pos-pandemia.
Esta configuración acelerada ha llevado a que los síntomas sean cada día más evidentes. Ejemplo de ello son: el asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de derechos humanos y de excombatientes (más de 41 en 2020), el aumento de explotación de recursos de manera ilegal, la no reducción en la producción de drogas, la violencia sistemática, la disputa por los territorios, entre otros. En el momento coyuntural la principal muestra son las masacres, las cuales se calculan en 44 al momento de escribir este texto -superando el número de 36 del año 2019 –siendo el año más violento desde 2014 en estos términos- y mostrando una tendencia creciente-, teniendo a más de 181 víctimas -la mayoría adultos jóvenes o menores de edad-, concentradas en cinco departamentos, los cuales son estratégicos en los corredores de las drogas y son los cinco principales productores de coca del país -Antioquía, Cauca, Nariño, Norte del Santander y Putumayo-.
Asimismo, este escenario se produce en un contexto político volátil a nivel nacional y de apertura respecto a las restricciones generadas en atención a la emergencia sanitaria. Dos componentes que pueden facilitar la efervescencia a nivel territorial y la activación de las estructuras armadas ilegales por la disputa en el nuevo escenario, llevándose con ello a poblaciones civiles que son tachadas de enemigos, con condiciones difíciles, que pueden engrosar las filas de los grupos armados y cuyos desplazamientos recomponen los territorios.
Es necesario que, a pesar de la coyuntura, se examinen los factores estructurales que se hacen visible en este momento del conflicto armado, dado que las causas se encontraban a la vista con los hechos posteriores a la firma del acuerdo de paz con las FARC, pero cuyos efectos se verían exponencialmente afectados por la atención de la emergencia sanitaria del Covid-19. La violencia va a continuar a menos que se tomen acciones contundentes en el asunto, dado que se está preparando una configuración pensando en el escenario de pos-pandemia a nivel mundial. Las organizaciones armadas ilegales intentaron cubrir los espacios dejados por las FARC en su momento, hoy se enfrentan por el momento excepcional y su posicionamiento en este, a partir de las implicaciones que se han generado en el Estado y a las estructuras de los grupos al margen de la ley.
Alejo Vargas Velásquez: Profesor Titular de la Universidad Nacional y Director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Farid Camilo Rondón Raigoza: Politólogo y estudiante de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Foto tomada de: Revista Semana
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