La erradicación, bien sea voluntaria o forzosa, de cultivos ilícitos en el contexto del post-acuerdo, debe necesariamente mirarse en su origen, es decir en el texto del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” suscrito en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP.
El Punto 4 del mencionado Documento contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” que reconoce que la construcción de la paz requiere obligatoriamente hallar “una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas”. De igual manera acepta que se debe dar un “tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género”.
Los campesinos que recurren a tales cultivos como medio de subsistencia, tienen intereses diferentes a los de los consumidores de las sustancias que se derivan de esos cultivos, y a los de las organizaciones criminales que tienen como único fin el lucro que genera su tráfico ilegal. Cada uno de esos grupos requiere una atención particular.
El Acuerdo Gobierno-FARC admite inobjetablemente que la permanencia de los cultivos “está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”.
Para nadie es un secreto que las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico utilizan las condiciones de pobreza y marginalidad de los campesinos para empujarlos a la cadena de producción y comercialización de drogas ilícitas en donde los campesinos constituyen el eslabón más débil y el que menos ganancias obtiene en el exorbitante negocio del narcotráfico; en esa cadena quienes más se lucran son los distribuidores al menudeo en los países consumidores, cuyos gobiernos poco y nada hacen por perseguirlos.
De acuerdo con el DANE[1] los índices de pobreza monetaria, medición con base en los ingresos de una persona, para el año 2015 mostraban los siguientes resultados:
En el total de cabeceras el porcentaje de personas en situación de pobreza fue de 24,1% y en situación de pobreza extrema fue de 4,9%.
Entre tanto, en los centros poblados y rural disperso, para el mismo año 2015, el porcentaje de personas en situación de pobreza fue de 40,3% y en situación de pobreza extrema fue de 18%.
Sin mayores esfuerzos se observa que la mayoría de población en condición de pobreza sobrevive en las zonas rurales, es decir en las zonas donde se puede cultivar maíz, café, plátano, cacao pero también coca. Y ya sabemos que los intermediarios compran el maíz, el café, el plátano y el cacao a precios irrisorios y a plazos, mientras que la hoja de coca la pagan a precios extravagantes y de contado.
Además de la miseria, los colombianos pobres deben afrontar otro factor que incide en la cadena del narcotráfico: el desempleo, que según cifras del DANE para el mes de agosto de 2017, alcanzó el 16% en Quibdó, 15,3% en Cúcuta, 14,4% en Armenia, 13,9% en Riohacha, 12,9% en Villavicencio y Valledupar, 12,8% en Ibagué, 12,5% en Florencia, 12,1% en Cali, 11,3% en Montería, 11% en Popayán y Neiva, 10,7% en Medellín, 10,5% en Cartagena, 10,4% en Bogotá, 10,3% en Manizales y 10% en Tunja.
Lo anterior sin tener en cuenta el subempleo subjetivo[2] y objetivo[3] que bordean el 28,2% y 9,7% respectivamente.
Y téngase en cuenta que el DANE denomina “Ocupados” a quienes durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: 1) Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia; 2) Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo; y 3) Trabajadores sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.
De acuerdo con el DANE, en los centros poblados y rural disperso, en el período junio-agosto 2017, el total de “desocupados” era de 247.000, “inactivos” 3.476.000, “subempleados subjetivos” 1.621.000 y “subempleados objetivos” 438.000.
Bajo tales condiciones de pobreza, desempleo y abandono estatal, resulta torpe pretender acabar con las causas y las consecuencias del conflicto armado en un mes, en un año, en un quinquenio. Si el conflicto social y político perduró durante más de seis décadas obedeció, entre otras razones, al desinterés y a la desidia de los diferentes gobiernos para acabar con las causas objetivas que originaron la guerra interna, que solo ahora el gobierno de Santos admite: pobreza, marginalidad, abandono estatal; causas que derivaron en el auge del narcotráfico y en la degradación del conflicto.
La erradicación, voluntaria o forzosa, no puede obedecer al capricho del gobierno estadounidense de turno, cuando históricamente ese país ha pretendido acabar el narcotráfico a partir de la fumigación de los cultivos mientras el narcomenudeo permanece intacto al interior de sus muros.
La lucha contra el narcotráfico no puede dejar por fuera el rol de los países consumidores y mucho menos exonerarlos de su responsabilidad. Al fin y al cabo dentro de la lógica del mercado capitalista, ¿el narcotráfico existe por la demanda o por la oferta, o porque la una crea y se vale de la otra?
Lo que no se puede es, resolver la situación por la vía de la fuerza y la represión en un escenario que busca construir un ambiente de paz y reconciliación en Colombia. De ahí que enfrentar las protestas de los campesinos cultivadores, que sienten que el gobierno ha incumplido los pactos, mediante el uso de la fuerza y la arbitrariedad del ejército y el ESMAD, es como apagar el incendio social con gasolina oficial.
La respuesta del Estado no puede traducirse en centenares de heridos y decenas de muertos, so pretexto de tener contento al gobierno de Trump. Más allá de la problemática del narcotráfico y de los cultivos de coca, lo que está de por medio y debe prevalecer son las condiciones sociales que se les deben brindar a los campesinos colombianos, que les permitan vivir dignamente, aunque el ejemplo del gobierno nacional sea vivir de rodillas ante el decadente imperio del norte.
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
4 de octubre de 2017
NOTAS
[1] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_15_.pdf
[2] El subempleo subjetivo se refiere al deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus competencias personales.
[3] El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus competencias personales; pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio.
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