De todos los estudiosos del derecho y la ciencia política es sabido que el Derecho internacional público es un conjunto normativo que regula las relaciones entre sujetos internacionales; y que su marco jurídico son los tratados y acuerdos. De allí se infiere, que los elementos esenciales que determinan esas relaciones son: el respeto a la soberanía de los Estados, la no intervención e injerencia en sus asuntos internos; y el respeto a los acuerdos y tratados internacionales.
La doctrina internacional, por su parte, nos enseña que “la soberanía no es un poder para desconocer el derecho internacional, por grande que sea la capacidad económica o bélica de un Estado, sino el ejercicio de unas competencias plenas y exclusivas, sin interferencia de otros Estados”.
En igual sentido, en cuanto al principio de la autodeterminación de los pueblos, “los Estados en el concierto internacional asumen como compromiso el respetar que cada uno resuelva los asuntos que le competen en ejercicio de su soberanía y de manera independiente, y que los distintos organismos estatales, al adoptar sus decisiones, partan de ese mismo presupuesto”.
Todo lo anterior, es la herencia de la doctrina de la civilidad política enmarcada en las relaciones estatales modernas que permitió superar las atrocidades de la primera y segunda guerra mundial, y que hoy día, garantiza un nivel relativo de paz entre las naciones.
Ello, las relaciones de mutuo respeto con base en las normas del derecho internacional público como patrimonio de la paz mundial, es lo que la nueva doctrina imperial de Washington pretende llevarse por delante con su política intervencionista en América Latina. Es preciso entonces afirmar, con toda claridad, que esta nueva doctrina que pregona el gobierno norteamericano denominada bloqueo diplomático, es la que permite que un Estado pueda ser reconocido en el mundo consular y diplomático como legal y legítimo; al tiempo que, a su vez, un gobierno de facto nacido del Constituyente secundario que auto proclamo presidente pueda también ser reconocido como legal y legítimo.
Esta teoría es la que ha permitido que Venezuela tenga hoy día en el campo diplomático mundial el reconocimiento de dos delegaciones, una en representación de las decisiones soberanas del pueblo venezolano que eligió como presidente de gobierno y como jefe de Estado para los efectos de las relaciones internacionales a Nicolás Maduro; y otra delegación diplomática que representa al constituyente secundario venezolano que erigió en días pasados al diputado Juan Guaidó como Presidente de facto; y que ha sido reconocido por un poco más de sesenta Estados, incluido Colombia. Es decir, hay en Venezuela, gracias a esta doctrina imperial que desconoce el conjunto normativo de las relaciones internacionales, un Estado y dos gobiernos.
Lo que está ocurriendo en Venezuela es la puesta en marcha de un libreto preparado en Washington con la ayuda, entre otros, de gobiernos como el de Colombia y Brasil, quienes han diseñado una conspiración a partir del llamado bloqueo diplomático. Estrategia que busca desconocer la esencia normativa de las relaciones internacionales y los principios claves de un sistema democrático como lo es el respeto al equilibrio y separación de poderes, y la debida subordinación de los poderes públicos al mandato constitucional de un país.
Lo de Venezuela es un intento de golpe de Estado con la cañonera diplomática de Washington y sus aliados, quienes con la teoría conspirativa de la asistencia y ayuda humanitaria, pretenden provocar al gobierno legítimo de maduro a entrar a una confrontación militar que tendría consecuencias fatales para su población y que eventualmente podría afectar a países del vecindario.
En cuando al papel del gobierno colombiano con su apoyo a esta aventura imperialista, aparte de ser uno de los turiferarios del gobierno norteamericano, está desconociendo de manera dolosa el principio consagrado en el texto constitucional del 91 que mandata que “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
Por supuesto, que el rechazo a la intervención imperialista en Venezuela no implica que se deba desconocer la situación de crisis política y de gobernabilidad que se evidencia actualmente en el país vecino, y por supuesto, la crisis económica y social que viven centenares de miles de venezolanos quienes, seguramente, sufren los errores del gobierno Bolivariano y las conspiraciones internas de la derecha, pero ello, no da pie, de ninguna manera, a que se legitime la invasión imperial con el pretexto de una ayuda humanitaria; pues de todos es sabido que la esencia humanitaria que anima al gobierno de Trump, no es otra cosa, que lograr controlar y apropiarse para su beneficio de la producción petrolera de Venezuela y disponer de las grandes reservas mundiales del crudo de las cuales este país representa el 20%.
Hoy, más que nunca, es preciso exigir respeto por la soberanía del pueblo venezolano y respeto a la autodeterminación de los pueblos; solo los venezolanos son dueños de su propio destino y deberán buscar una salida pacífica y negociada a sus problemas en el marco del respeto a las reglas de la democracia, sin que el pico del Águila Imperial y sus súbditos en América Latina impongan su voluntad.
Si los Estados Unidos y sus gobiernos aliados en esta aventura conspiradora deciden de forma arbitraria hacer realidad una intervención militar disfrazada de ayuda humanitaria, serán los únicos responsables históricos de lo que pueda pasar violentamente en la hermana república de Venezuela.
Héctor Alonso Moreno, Profesor Universidad del Valle
Foto tomada de: BBC
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