Colombianadas que llaman, en esta patria de entuertos, y sólo sería un caso de folklor tropical, si no fuera porque esa instancia, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, constituye la Organización Electoral en Colombia, máxima autoridad electoral, y tiene la misión de garantizar los derechos políticos, la igualdad ante la ley, así como brindar garantías judiciales. Todo lo que por su composición deniega.
De siempre, la organización electoral colombiana ha sido objeto de controversia, y la sombra de la desconfianza siempre la ha cubierto, cuando no ha sido señalada de abierto fraude. Este consejo es célebre no por la consistencia jurídica de sus actos administrativos, ni por su justicia. En los últimos meses se ha caracterizado por convertirse en un escollo para la participación política de los opositores al gobierno, cuando contra toda evidencia negó la personería a un movimiento con ocho millones de electores, y por diluir las pruebas de los delitos electorales cometidos por el partido de gobierno en la campaña que lo tiene hoy en la Presidencia.
En su Sala Plena, que se reúne cuando hay temas de trascendencia, el CNE decidió archivar la investigación que llevaba contra el hoy presidente Iván Duque por el tema de la “ñeñepolítica”, que es un escándalo que surgió al conocerse que el narcotraficante José Guillermo Hernández, alias “Ñeñe”, montó un entramado de financiación ilegal y compra de votos para su “hermano del alma” Iván Duque. Lo cual no quiere decir que sea el único delito en juego, porque una parte del dinero provino de un robo cometido a fondos de la campaña de Germán Vargas, y porque la investigación que sacó este tema a la luz, fue por un asesinato ordenado por alias Ñeñe, quien, para no pagar una deuda de 1.000 millones, decidió eliminar al prestamista. Méritos suficientes para ser recibido en el Centro Democrático, para codearse con la plana mayor del uribismo, y para terminar hermanado con generales de la Policía y del Ejército.
Es probable que por esos mismos méritos terminara asesinado el 1 de mayo de 2019, en Brasil, aparentemente por robarle un reloj. Su hermano José Gregorio, alias “Goyo”, reveló a la revista Semana que se trató de un homicidio predeterminado y ordenado desde Colombia. Destino compartido por otros célebres militantes del Uribismo, como César Villegas, o Pedro Juan Moreno. Como casi termina Fernando Londoño Hoyos.
Los mismos que hoy se indignan en cámaras porque los llaman mafiosos, antes posaban orondos al lado de alias Ñeñe, o al lado de los pilotos de la mafia, que tanto les sirvieron en la campaña de 2018, y fuera de esa. La posición de los invitados en la gala de posesión de Duque señala el escalafón de importancia en el partido de gobierno, donde Alias Ñeñe, y el aviador del Cartel de Sinaloa, tenían un puesto más cerca al nuevo presidente que los magistrados de las cortes colombianas.
Pero no por ello se quedaron sin magistrados, porque el partido de gobierno, con sus aliados, logró ocho de nueve magistrados en el CNE: Garantía de impunidad. Entonces, tomó el relevante caso, y evitó ampliar las denuncias de la excongresista Aída Merlano de financiación indebida por más de 6.000 millones; tampoco se recurrió a las fuentes periodísticas que recibieron las denuncias de Merlano. Menos se llamó a declarar a los señalados por ella Julio Gerlein, Faisal Jacobo Cure, y Alejandro Char. Es más, certifica que, con estos señores más otros cuatro, no hay evidencia de haber entregado tales dineros, porque los donativos no figuraban en sus declaraciones de renta.
En igual lógica el CNE reconoce que alias Ñeñe “simpatizaba” con la campaña, pero no que era participante o aportante. Ni le importó que estuviera en la posesión, ni tuvo en la cuenta las diversas grabaciones, legalmente obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, antes de Barbosa, porque este fiscalillo mandó a capturar a los agentes que hicieron las grabaciones, no a los que aparecieron en ellas delinquiendo. Tratándose del régimen, la función de tal Consejo es la desconocer las pruebas, mientras que tratándose de la oposición su misión es inventarlas. Así no sólo pretende lavarle las manos a Duque, a Uribe, y al siniestro Luigi Echeverri, que parece haber heredado las malas mañas de su padre, Fabio Echeverri.
No para ahí el lavado procesal del CNE al uribismo, porque, además desconoce la financiación que una multinacional extranjera hace a la campaña de ese partido en 2018, cuando obtiene dineros del extranjero Oswaldo Cisneros, a través de una empresa conformada sólo por extranjeros. Para ello el Consejo omite la debida investigación, y asume como cierta la declaración de la directora de ese partido, que cuando fue encontrada la evidencia de que ese foráneo hizo la donación dijo que se trató de un “lapsus”. Igual, con otras donaciones ilegales, donde el órgano de control electoral omite la investigación, y las bendice.
Para esperanza de Colombia, un 10% del CNE es decente: El magistrado Luis Guillermo Pérez, conocido defensor de Derechos Humanos, quien hizo salvamento de su voto, y en él consignó las omisiones y demás irregularidades de ese acto administrativo. Tal escrito es un tratado de decoro y el deber ser de lo que no fue.
Como es de esperarse el proceso ha de seguir en otras instancias, ya que el CNE no es instancia judicial sino administrativa, aunque la cooptación uribista de los órganos de control como la Fiscalía General y la Procuraduría no augure mejores resultados. Necesariamente se ha de acudir a instancias internacionales, en primer término, a la Corte Interamericana, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Colombia prescribe el desarrollo de mecanismos democráticos, así como el respeto a las garantías judiciales.
La organización Electoral nunca ha sido prenda de garantía, pero hoy cuando el CNE pretende legalizar la cooptación mafiosa de las elecciones, y cuando el registrador en vez de ofrecer garantías dice que al que no le guste la falta de garantías que no se presente, marca el peor momento del sistema electoral colombiano.
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: El Tiempo
Como lo expreso el gran caudillo liberal hace décadas “El pueblo vota de 8 AM a cuatro pm, de ahí en adelante vota la registraduria…”…
Un certero artículo. Qué más puede esperarse de un país político controlado por la mafia? Será que los mafiosos tienen escrúpulos para robarse unas elecciones?
Esta corrupcion la acabará Petro.
Ya le dijo a Uribe que tiene que pagar impuestos por las tierras.
Basta ya de la mafia uribista