Sin embargo, en pocos aspectos esta manipulación burda se expresa de mejor manera como en el frente fiscal. No es un fenómeno nuevo, es verdad, pues desde hace años se ha construido un sistema fiscal, cuyas reglas, estructuras y normas son desde hace años lo que Mario Cardona denominaba “El Laberinto Fiscal”.
Sin embargo, Carrasquilla -el verdadero dueño del poder fiscal en Colombia- experto en las mejores tácticas de la contabilidad creativa, y Duque -quién en realidad aparte de saber algo de Economía Naranja, poca cosa sabe de algo más- han sabido mentirle al país de manera grave: manipulando cifras, haciendo anuncios extravagantes sobre el tamaño de los presupuestos, ocultando las verdaderas dimensiones de las ejecuciones, inflando el número de acciones, entre otras.
Por ello, para el colombiano de a pié y para quienes estudiamos estos temas, pareció algo extravagante el anuncio del Presidente de contar con un presupuesto para atender la emergencia del COVID-19 de alrededor de 117 billones de pesos, cifra que es equivalente al 38% del presupuesto anual del año 2020 y a un poco más del 11% del PIB del país.
La principal pregunta que surgió entonces fue si estos eran recursos totalmente nuevos, o simplemente eran los mismos recursos presupuestales, pero ahora denominados en la contabilidad con la marca “covid-19”, una segunda pregunta era de donde salían los recursos para financiar esa cantidad enorme de gasto y finalmente cuanto de esos recursos realmente se estaban empleando en la atención de las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia.
El primer hecho cierto es que esa cifra de 117 billones era una enorme mentira mentirosa, hecha seguramente para “chicanear” en el programa de TV presidencial, de todos los días en la noche, y convencer a los incautos de que el gobierno había hecho esfuerzos tan importantes como los realizados en Perú y Chile -países con quienes usualmente nos comparamos en la región. La verdad es mucho menos halagadora: el presupuesto real empleado es de apenas 29.3 billones (apenas del 20% de lo que se anunció con bombos y platillos), lo cual de por sí ya debería haber causado un remezón mediático y político. La mayor parte de estos recursos provienen del FOME (25,6 billones).
En segundo lugar, el uso de estos recursos no ha sido el más eficiente: con corte al 9 de julio, los compromisos de dicho presupuesto ascienden a 6.7 billones (22%) con un total de 5629 contratos firmados. Esto quiere decir, que luego de 3 meses de haberse creado el fondo, no se ha usado el 68% de los recursos. El problema radica principalmente en que hay sectores que prácticamente no han hecho ejecución alguna: Ambiente y Desarrollo Sostenible con apenas un 5% de ejecución, Transporte con apenas un 20%, y finalmente Comunicaciones y Relaciones Exteriores con un 0%.
Aquí cabe preguntar: ¿acaso no es urgente que el gobierno adelante programas de masificación de la conectividad y de dotación de equipos, acaso los colombianos en el exterior que necesitan volver al país pueden esperar a que la Cancillería siga demorando la ejecución de los recursos que ya tiene aprobados? Estas son apenas un par de preguntas que pueden realizarse, y que reflejan en el presupuesto un estado de perplejidad gubernamental, donde parecer que aunque existan algunos recursos, no se sabe que hacer exactamente con ellos. Algo propio del talante de un gobierno construido a punta de falsa meritocracia, incapacidad y falta de ideas.
¿Dónde están estos recursos entonces? Nadie lo sabe, justamente en las últimas semanas desde diferentes sectores de la opinión (oposición política en el Congreso, académica y un conjunto de exministros de hacienda) se han hecho reclamos incesantes por tener una mayor transparencia en la gestión y uso de los recursos para la emergencia. Ya es claro que pedirle esto a alguien como Carrasquilla es tarea vana, sin embargo, lentamente el gobierno se ha visto forzado a reconocer que sus anuncios faraónicos y la eficiencia en el uso de los recursos son solamente un discurso de todos los días a las 6 pm, más nunca una realidad.
Y finalmente ¿de dónde vienen todos estos recursos? La mayor parte de la pandemia se está enfrentando con recursos del FOME (25 billones), de los cuales 15 fueron tomados de los fondos de ahorro de los territorios (FONPET principalmente) y algunos recursos más que se recaudaron por la vía de emisión y colocación de bonos de forzosa suscripción por parte del sistema financiero local, para lo cual el BANREP les redujo en encaje bancario, dejando en manos de los bancos alrededor de 6 billones de pesos que ahora rentan a una tasa de interés muy buena (9.45%) y finalmente lo que se recaudó con el impuesto solidario a los salarios altos del Estado.
El resto de recursos hacen parte del Fondo Nacional de Garantías y traslados del Presupuesto General de la Nación, es decir, que no constituyen recursos nuevos. En este sentido, es claro que el gobierno nacional no ha tomado medidas de profundidad para reacomodar el presupuesto, proveer más recursos para enfrentar la triple consecuencia de la pandemia (sanitaria, humanitaria y económica) y persiste en un modelo de rentismo financiero, puesto que todas las medidas que ha tomado han sido para beneficiar la intermediación y la racionalidad financiera antes que la gente.
El gobierno plantea la necesidad de una reforma tributaria, y ya todo el mundo sabe cuál es la idea de una reforma tributaria para el uribismo: llevar los bienes de la canasta familiar a estar gravados con IVA, seguramente aprovechar el desorden para promover nuevas exenciones con la misma fracasada idea de la “estabilidad inversionista” y el fomento de la oferta, renegar de que el sistema tributario colombiano es un desatino en términos de equidad -ya uno de los áulicos del pensamiento dominante, Sergio Clavijo, salió sin disfraz al ataque-. De hecho al ver la estimación de los beneficios tributarios que ordena la ley 819 en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Carrasquilla no se tomó la molestia de ocultar sus verdaderas intenciones: el documento habla solamente de las supuestas “exenciones al IVA”.
Este es un gobierno sin ideas eficaces en el plano fiscal, la creación de impuestos verdes, de gravar a negocios estériles como las iglesias, de imponer gravámenes a las herencias, de generar impuestos a los grandes capitales y patrimonios, de fortalecer los recursos a los entes territoriales, reforzando el impuesto a la tierra, encontrando nuevas formas de gestionar la deuda pública. Un gobierno al que la realidad lo está hundiendo en un vació de iniciativas y que lo enfrentará más temprano que tarde a la oposición general de la ciudadanía.
Y es gracias a ello que el país se “dio el lujo” de tener en mayo la tasa de desempleo más alta de América Latina y la OCDE, con una tasa de contagios en constante aumento, con un sistema de atención sanitaria al borde del colapso, y con una legitimidad del gobierno cada vez más cuestionada por el número incesante de audios de la “Ñeñepolítica” que revelan el robo de las elecciones de 2018. En materia fiscal la situación es bastante preocupante, y mientras el compromiso del gobierno sea con las élites económicas y no se piense en la ciudadanía en general la bomba de tiempo se prepara para estallar.
Jairo Bautista, Docente Universidad Santo Tomás y Asesor Legislativo.
Foto tomada de: https://www.eltiempo.com/
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