Demandas, decisiones, implicaciones
En la reciente decisión sobre nuevas demandas de Nicaragua y contrademandas de Colombia, la CIJ reafirma su fallo de 2012 y genera implicaciones para cada una de las partes.
En la demanda por incumplimiento que Nicaragua presentó en noviembre de 2013, alegó que con decretos y actuaciones de la Armada, Colombia había incumplido el fallo de 2012. Los que atendían el caso colombiano, señalaron que se requiere un tratado para cumplir el fallo, defendieron las medidas y acciones tomadas por el gobierno, y pidieron a la Corte reconocer a Colombia sus derechos de libre navegación, sobrevuelo y protección del medio ambiente en la Reserva de la Biósfera Seaflower, reconocida en el 2000 a solicitud del gobierno colombiano, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) con el fin de proteger y conservar su importancia biológica y cultural. La Corte concluyó que en la gran mayoría de los 51 incidentes que presentó Nicaragua, no aportó la evidencia necesaria. A Colombia le respondió que la libre navegación y sobrevuelo es reconocida por el derecho internacional en una Zona Económica Exclusiva (ZEE) pero no incluye la explotación de los recursos económicos del área, que la conservación del medio ambiente no le permite impedir a Nicaragua ejercer los derechos en su ZEE, y que la Armada debe dejar de escoltar a los navíos pesqueros colombianos en aguas de Nicaragua y parar acciones que violan el derecho internacional.
Luego del fallo de 2012, -para que las islas que habían quedado enclavadas en la ZEE nicaragüense puedan estar conectadas y sus habitantes tengan libertad de navegación-, Colombia aplicó por decreto el concepto de zona contigua integral, que incluye una referencia a la protección del patrimonio cultural. La Corte aceptó ese concepto, pero no la forma en la que Colombia calculaba la zona ni las funciones que reclamaba para la seguridad marítima, y señaló que su extensión no puede ir más allá de 24 millas. La Corte no se refirió a que las decisiones judiciales internacionales necesiten convertirse en tratados para ser ejecutadas, como alegó Colombia.
Nicaragua denunció que Colombia viola su ZEE, que ahí realizó actividades y controles de pesca e impidió a navíos nicaragüenses ejercer sus derechos. Colombia respondió que sus acciones son legítimas y coherentes con los derechos históricos de pesca que han tenido las comunidades raizales en la región. La CIJ señaló que Colombia violó derechos soberanos y jurisdiccionales de Nicaragua al haberle interferido actividades de pesca e investigación, no le ordenó reparaciones, pero sí cesar esas violaciones.
Colombia también planteó que Nicaragua estaría violando los derechos de los raizales colombianos, al impedir sus prácticas ancestrales de pesca. La Corte en principio aceptó la potencialidad e importancia de esas prácticas raizales, pero dijo que Colombia no presentó suficiente evidencia de que esas prácticas fuesen ancestrales en esas áreas que antes eran espacios abiertos, y declaraciones de autoridades colombianas en la Organización Internacional del Trabajo habrían debilitado la capacidad probatoria. Para que esos históricos derechos de pesca de comunidades raizales coexistan con la ahora ZEE de Nicaragua, la Corte sugirió que los dos países podrían definir un régimen especial de sobreposición de derechos y negociar para encontrar una forma de regulación.
Nicaragua había establecido sus espacios marítimos uniendo con líneas rectas los puntos de su litoral más que siguiendo los contornos de sus costas. Colombia alegó que con esa delimitación Nicaragua violaba el fallo del 2012 y el derecho internacional, y que además afectaba los espacios marítimos alrededor del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina. La Corte aceptó que la metodología usada por Nicaragua desconocía requisitos del derecho internacional y debía ajustar su delimitación, lo que podría reducir su mar territorial, la ZEE y la plataforma continental que pretendía.
Celebraciones oficiales y propuestas desde el archipiélago
Daniel Ortega ha celebrado como su triunfo la definición de la Corte. Es quien ha gestionado las demandas contra Colombia y los fallos de La Haya pues ha estado en el poder luego de su primer gobierno 1985-1990, y desde 2007, con cuatro gobiernos consecutivos -que han sido cuestionados fuera y dentro- entre otras cosas, por la persecución a medios de comunicación y disidentes (por ejemplo, su encargado del litigio con Colombia y su embajador en la OEA) así como a opositores a quienes acusa de conspirar contra él, los detiene o expulsa.
Dos gobiernos colombianos han tenido que hacerle frente a las demandas de Nicaragua. El de Juan Manuel Santos, vía la corte constitucional, hizo la denuncia del Pacto de Bogotá, que vinculaba a Colombia a la jurisdicción de la CIJ, declaró la zona contigua y llamó a defender las aguas. El presidente Iván Duque, quien pidió en 2018 un referendo para votar sobre el respeto al dictamen judicial, ahora asumió el nuevo fallo de la CIJ como “un éxito” para Colombia, y ha rechazado dialogar con Nicaragua, reiterando que: “Mientras sea presidente, no habrá negociaciones con la dictadura de Ortega, ni se cederá un milímetro de territorio”. La cancillería colombiana destacó que en ese proceso en la CIJ, ha jugado un papel protagónico el Raizal Team conformado por profesionales raizales como parte integral de la defensa de Colombia y de la reivindicación de los derechos de pesca ancestral en el área. Por su parte, la Autoridad Raizal clama en un comunicado por el respeto y las garantías a la sobrevivencia y libre determinación en cualquier decisión de los altos tribunales de La Haya.
En esa perspectiva, los fallos de la CIJ y la solución del diferendo territorial plantean desafíos importantes. Además de su cumplimiento, -ajustar sus decretos de Zona Contigua Integral a las 24 millas y a los temas aduaneros, fiscales, migratorios, sanitarios que autoriza la Convemar, y a la protección del patrimonio cultural- Colombia está abocada a construir una política jurídica externa que sea consensuada en consulta con las comunidades afectadas, la academia y la sociedad civil, y que perdure entre diversos estamentos del Estado, de manera que le permita al país identificar un norte, un propósito y una visión sobre qué quiere y cómo lo asume frente al derecho internacional[1]. Igualmente, debe resolver algunos asuntos a través del diálogo y la negociación[2] con Nicaragua, que busca acceso a todas sus áreas y un tratado que incorpore los límites del fallo de 2012. Colombia quiere modificar dimensiones del fallo y necesita garantizar la protección ambiental, así como evitar un cerco al archipiélago y asegurar tanto su unidad geográfica como la pesca artesanal. Estas aspiraciones exigen una negociación para una gestión conjunta de ecosistemas transfronterizos compartidos. También será indispensable la negociación binacional, incluso ante otra demanda de Nicaragua que ahora entra en fase de audiencias, sobre la plataforma continental extendida, con la que pretende ampliar recursos y control del subsuelo marino.
Desde el archipiélago han surgido varias propuestas. Por ejemplo, teniendo como base la Zona Contigua Integral que Colombia creó en 2013 y que la CIJ reconoció sólo en aguas colombianas, se podría negociar con Nicaragua su ampliación y un régimen de manejo común inspirado en lo que ya existe con Jamaica, país con el cual habría que profundizar el acuerdo. Eso les traería beneficios económicos, comerciales y culturales a las poblaciones locales, e implicaría la confirmación de la cuestión étnica en la disputa con Nicaragua y en toda la negociación. Este asunto es una cuestión crucial en ambos países y en todo el Caribe occidental[3]. Aunque la negociación planteada será muy compleja, se ha mostrado que hay puntos claves, como el derecho del pueblo nativo del archipiélago a la pesca artesanal, así como el desarrollo sostenible y solidario de una Reserva de Biosfera Transfronteriza o Gran Seaflower, que involucre entre otros a Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belize, Jamaica, y que beneficie a todos los pueblos del Caribe occidental.
Eso implica que Colombia y Nicaragua construyan una nueva relación bilateral que profundice la hermandad que existe entre las comunidades de la costa de la Mosquitia y las islas colombianas, y que ambas naciones asuman la articulación del Gran Caribe como región de integración. Pero dada la posición de los mandatarios actuales de ambos países, eso exige que nuevos gobiernos sean conscientes de que hay que resolver esa vieja confrontación, cuya solución definitiva exige que todos se ajusten al derecho internacional. Porque los retos son altos, desde las islas piden a la sociedad civil raizal y continental que asuma el papel que le corresponde, reclame a sus gobiernos y permanezca vigilante para que sus autoridades no incurran en los mismos errores del pasado, reconozcan los derechos del pueblo nativo, consoliden la fraternidad, la solidaridad y la cooperación mutua entre las dos naciones[4].
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[1] https://www.elisleño.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24605:un-fallo-realista&catid=48:editorial&Itemid=85
[2] https://cambiocolombia.com/articulo/poder/san-andres-en-la-haya-colombia-persuadio-menos-y-perdio-mas
[3] https://www.elisleño.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24606:la-haya-falla-y-no-desmaya&catid=47:columnas&Itemid=86
[4] https://www.elisleño.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24605:un-fallo-realista&catid=48:editorial&Itemid=85
Socorro Ramírez
Foto tomada de: Semana.com
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