El exitoso final de campaña se caracterizó por la participación y movilización activa de los sectores más pobres del país tanto de las comunidades rurales en el Caribe, la región del Pacífico y la Amazonia, sino también de los barrios populares de las ciudades, entre ellas la capital del país, Bogotá, así como Cali y Barranquilla, y también Cartagena, Santa Marta, Montería, Valledupar, Barrancabermeja, Tunja, Neiva, Soacha y Sogamoso.
Esa población de menores ingresos necesita que se resuelva con urgencia el problema del hambre y que se sienten las bases para que los colombianos alimenten a todos los colombianos. Esta gran tarea requiere la participación activa y la movilización organizada de la población de menores ingresos tanto para garantizar la aprobación del conjunto de medidas necesarias, como para llevarlas a la práctica.
Gustavo Petro anunció en la campaña que va a declarar la emergencia económica, aplicando el artículo 215 de la Constitución, para tomar inmediatamente las primeras medidas contra el hambre.
Luego habrá que aprobar en el Congreso las leyes nuevas para que la tierra apta para la agricultura sea aprovechada, para facilitar el crédito público de fomento a la producción y procesamiento; para financiar los programas sociales con impuestos a los más ricos y a las ganancias extraordinarias por cambios del uso del suelo y aprobar los programas para que los campesinos tengan el apoyo necesario para producir alimentos, garantizar el abastecimiento de las ciudades y su sostenibilidad ambiental.
Además, es necesario aprobar un plan de desarrollo de acuerdo con el objetivo estratégico de la transición energética, que garantice el agua a las comunidades y la conservación de los ecosistemas y sustituya la farsa de la guerra contra las drogas por normas y acciones que permitan extinguir las mafias del narcotráfico y su poder y concreten planes con enfoque territorial que permitan a las comunidades rurales el bienestar, vivir sabroso.
Finalmente, la renegociación de los tratados de libre comercio para eliminar su efecto contra la producción nacional de alimentos y concretar las acciones y negociaciones para cumplir los acuerdos de paz de La Habana y extender el proceso de paz hasta lograr una paz duradera.
Es importante que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en su comunicación para felicitar a Gustavo Petro y Francia Márquez, destacó su disponibilidad para fortalecerla cooperación en lo referente al cambio climático y la implementación del acuerdo de paz de 2016. Es un punto de partida para unas relaciones adecuadas entre los dos países.
Es decisivo que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos entiendan que para la paz de Colombia es indispensable que el agro colombiano tenga las condiciones para producir alimentos y para ello debe modificarse el tratado de libre comercio para que no importemos lo que podemos producir y el campesino.
Para que todo esto se concrete, además de la movilización y participación directa de las comunidades rurales y urbanas, se requiere, como se necesitó para la segunda vuelta, una gran alianza que se convierta en una mayoría nacional. A los sectores medios también les interesan tanto la alimentación como la paz. Muchos empresarios y especialmente los pequeños empresarios se beneficiarán participar de un plan para alimentar a los colombianos a partir de las economías de las comunidades rurales.
Si el Pacto Histórico actúa con la flexibilidad política necesaria puede lograr esa alianza que permita hacer realidad una nueva relación de la ciudad y el campo. También en las relaciones internacionales se necesita una alianza que además de la integración latinoamericana y caribeña, incluya los sectores progresistas de Estados Unidos y todos los continentes, interesados en la paz de Colombia y en la transición energética para enfrentar el cambio climático.
La realización de los cambios en el sector agropecuario y la ruralidad, es parte integral del programa del Pacto Histórico y necesita en primer lugar del cambio de la estructura tributaria para garantizar los recursos necesarios para los planes sociales y económicos, por los cuales el país tiene que movilizarse para que en el Congreso se establezcan los acuerdos para aprobar las leyes tributarias.
Hay sin embargo medidas que en sí mismas generarán recursos nuevos para el país, entre ellas el aprovechamiento de las tierras aptas para agricultura, actualmente desperdiciadas y el abastecimiento de las ciudades por los campesinos y por los emprendimientos procesadores de alimentos de origen rural.
Concretar estos objetivos significará ampliar el mercado interno y por tanto el valor agregado y el ingreso nacional. El sector rural es una gran inversión nacional productiva y de beneficio económico y social para el país y cada uno de sus habitantes.
El nuevo gobernó enfrentará los intereses creados, los que por años han generado la violencia contra los líderes sociales. Pero, así como fue posible la victoria electoral en la segunda vuelta, que parecía aritméticamente irrealizable, podremos construir la mayoría nacional social y política para concretar estos sueños de cambio.
¡Manos a la obra!
Héctor Mondragón
Foto tomada de: El Universal
Importante conocer como encontraron la agencia nacional de tierras,. Los integrantes del grupo de empalme y reunirse con organizaciones indígenas