El pulso por las reformas en el Congreso. La diferencia entre ser gobierno y tener el poder

El pueblo colombiano votó masivamente el programa del cambio con Gustavo Petro como presidente, donde anunció un amplio abanico de reformas en materia de derechos sociales y económicos que hoy corren el peligro de hundirse por lo que Lasalle denominaba “los factores reales de poder”, que corresponden al sector financiero y los grupos de presión que desde sus maquinarias enquistadas en los partidos de derecha del espectro político se oponen a ese cambio. Una cosa, entonces, es tener el poder y otra muy distinta ser Gobierno El ejemplo es evidente en el trámite de la reforma a la salud, con fuerte oposición de fracciones de la derecha como los conservadores, la U y los liberales de César Gaviria; este último cuando fue Presidente y con ponencia de Uribe Vélez hizo aprobar la Ley 100 de 1993 que ha matado a un millón quinientos mil colombianos desde su vigencia, por falta de medicamentos oportunos, cirugías pertinentes y ágiles, tratamientos adecuados y ante todo la atención primaria en sanidad que es una asignatura pendiente, especialmente en los sectores populares del país. Alberto Gañán en su libro “Los Muertos de la Ley 100” describe claramente la conversión de una mercancía transable en el mercado frente a la nuda vida (Agamben) del ciudadano que observa cómo el derecho humano a la salud dejó de serlo, para entregárselo a las fauces de la codicia de las EPS y sus dueños. Es un caso de manifiesta injusticia. Peor si se observa el interés de los opositores a la reforma de la Ley 100, como el presidente del Directorio Conservador a quien señalan de tener intereses en una EPS de Barranquilla, o a la médica directora de la U, o al propulsor de la Ley 100 cuando fue Presidente y hoy ordena a sus congresistas votar en contra la reforma.

Jacinto Benavente manifestó en su magna obra “Los intereses creados” cómo hay un conflicto de los mismos cuando las personas tienen agendas propias frente al bien común o colectivo. En últimas, a la justicia social. Eso es lo que se ve en el escenario político colombiano: unos mercantilistas de la salud, algunos con claros antecedentes criminales como en el caso de Saludcoop donde su Gerente ganaba $90 millones mensuales y dedicó la plata de los usuarios para hacer balnearios y campos de golf, y por otro lado una ministra de salud valiente y aguerrida que procura el bien común con su iniciativa, avalada por la OMC y la OCDE, entre otras organizaciones de talla mundial.

El Movimiento por el derecho a la salud se gestó a raíz del genocidio generado por la Ley 100 y allí han estado Saúl Franco (de la Comisión de la Verdad), Astrid Castellanos, Guillermo Asprilla (qepd), Pedro Santana y, desde luego, la ministra Carolina Corcho. Son numerosas las denuncias que hay sobre la corrupción del modelo neoliberal y su racionalidad necropolítica (Mbembo, Foucault). Los millones de tutelas presentadas por los sufridos pacientes demuestran el fracaso del actual sistema. La reforma busca superar esa crisis, pero los intereses creados por parte de los amigos de las EPS (empresas de la muerte) buscan hundir la reforma a toda costa, para proteger sus intereses sobre la vida de los 50 millones de habitantes que ven cómo se esfuma la posibilidad de tener una vida digna si hunden esa reforma. Aporofobia.

Esta reforma a la salud, se acompaña de la reforma laboral y pensional que busca superar la mentalidad de imponer el capital al trabajo y reducir el manejo de los Fondos Privados de Pensiones, otro modelo importado de la dictadura de Pinochet que maneja $280 billones y que los coloca en las grandes bolsas de valores internacionales (economía de casino) a riesgo de perder, con lo cual si ganan triunfan los dueños y si pierden, el costo lo asumen todos los afiliados. Es una vergüenza lo que están pagando de pensión estos Fondos privados (un salario mínimo promedio), pese a que habían ofrecido el oro y el moro, engañando a la comunidad. Generalmente, hay cruces de los monopolios económicos dueños de las EPS con los FPP. Otro caso de necropolítica.

También la reforma laboral quiere hundirla la patronal, cuando la evidencia muestra que la fementida reforma de Uribe que pretendía crear más empleo, fracasó y, por el contrario, la precarización laboral aumentó. Por fortuna, una ministra de alta sensibilidad social se ha jugado a fondo impulsando esta reforma, que además pretende reivindicar los sindicatos, que han sido acorralados por el modelo neoliberal, cuando no por la necropolítica, dado que Colombia es el país donde más han asesinado sindicalistas y ahora líderes sociales.

Con ese oscuro panorama es evidente que los partidos políticos opuestos a las reformas se van a fraccionar, salvo que prime la “disciplina para perros” con la imposición del voto de bancada, pero un pueblo bien informado y digno no permitirá que le sigan arrebatando sus derechos económicos y sociales con base en los intereses creados por los magnates del poder. Una cosa es ganar la presidencia y otra muy distinta tener el poder. Importante lección que impulsa a obtener mayorías parlamentarias para una transición pacífica después de 200 años de aporofobia.

Luis Bernardo Díaz, Decano Facultad de Derecho UPTC

Foto tomada de: El Nuevo Siglo