A esto se ha dedicado después del llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia el senador Álvaro Uribe Vélez, en compañía de su selecto y éticamente no muy renombrado equipo de abogados conocidos nacionalmente por liderar sus causas a través de los medios de comunicación, y en ocasiones, recurrir en sus procesos a cuanta maña jurídica existente para la defensa de su cliente como quedó demostrado en el histórico proceso penal del caso Colmenares en el que actuaron algunos de ellos.
La idea de esta estrategia es lograr crear un estado de opinión que logre victimizar al expresidente Uribe en el marco de una supuesta persecución política y revanchista de los magistrados y los altos jueces de la República quienes estarían violando los derechos humanos fundamentales del poderoso político; pero lo que pretenden, en el fondo, es que se oculte la esencia de su llamamiento a juicio, actualmente vinculado por manipulación de testigos; y se minimice las decenas de sindicaciones que las autoridades judiciales investigan a nivel regional y nacional, y que van desde el apoyo y creación de grupos paramilitares, participación cómplice en masacres, hasta falsos positivos, y concierto para delinquir, entre otros.
De tal manera, que acá no hay ningún complot para desprestigiar al senador Álvaro Uribe Vélez, lo que hay, es un proceso en el cual el expresidente debe responder ante los tribunales por sus presuntas conductas dolosas durante su periodo como gobernador de Antioquia y en el proceso que hoy se adelanta por manipulación de testigos ante la Corte Suprema de Justicia, todo ello debe contar con todas las garantías procesales y recurrir a los argumentos de ley para controvertir en la Corte en el marco de la garantía del debido proceso. Pero lo que no puede ser admisible en el doctor Uribe, es el propósito de deslegitimar institucionalmente a su juez natural mediante este estilo rabioso de litis estratégica, y de paso, amenazando con renunciar a su investidura como senador, para evitar, supuestamente, esa instancia judicial.
Ahora bien, lo que el país no puede echar al olvido es la serie de denuncias y declaraciones de víctimas y de victimarios del paramilitarismo, que en muchas diligencias judiciales tanto en Colombia como ante tribunales internacionales de defensa de los derechos humanos se ha hecho en relación a la participación cómplice del expresidente en una serie de delitos y crímenes de lesa humanidad. Son reiteradas también las declaraciones de exjefes del paramilitarismo acerca de la financiación de sus campañas políticas y la coacción a los electores de zonas de dominio paramilitar para votar por su candidatura a la presidencia y a las listas al congreso que favorecían su liderazgo político nacional. Así, por lo menos, fue lo que quedó demostrado después del famoso proceso de sometimiento a la justicia del paramilitarismo en Ralito.
Pero la realidad de lo que esta ocurriendo en el país no es producto de un proceso de difamación, calumnia y persecución del expresidente Uribe y su banda política; de lo que se trata es del surgimiento de un proceso de transición democrática por mayor democracia después del proceso de paz con las guerrillas de las FARC; proceso en el cual, los diferentes jueces honorables de la republica están cumpliendo un extraordinario papel. Es una transición política que tuvo en la contienda electoral pasada un importante avance con la significativa votación de los sectores del progresismo alternativo; y que ahora, se expresa en el terreno de lo jurídico con la implementación de la Justicia Especial para la Paz y el llamamiento a rendir cuentas en la justicia ordinaria y ante la Corte Suprema de Justicia a muchos personajes de la vida económica, política y jurídica del país, por corrupción, narcotráfico, paramilitarismo, fraude electoral y manipulación de testigos, entre ellos al expresidente Uribe y algunos miembros de su coalición de gobierno.
Es importante recordar que en la historia política del proceso de transición en América Latina el papel de los jueces ha sido notable y decisivo para consolidar el liberalismo y gracias a sus providencias se ha contribuido a la recuperación de la democracia en varios países que fueron objeto de aventuras militaristas de derecha en el siglo pasado
El siglo XIX fue el siglo de los parlamentos, de los congresos, la participación y representación ciudadana; el siglo XX fue el siglo del Ejecutivo, la organización, la administración, la ejecución de recursos. Y el siglo XXI es el siglo del juez, la norma, el cuidado a los derechos fundamentales. En el derecho penal es lo mismo, el siglo XIX es el siglo del sindicado, para tutelar sus derechos. El siglo XX es el de la búsqueda de los dogmas y esquemas, y el siglo XXI es el siglo los jueces y el siglo de las víctimas.
El papel jugado por los jueces en América Latina en el retorno a la democracia y la lucha contra corrupción en Argentina, Chile, Perú, por citar solo algunos ejemplos, permitió juzgar a los culpables de tantas barbaries en el reciente pasado que dejó al descubierto el poder de los jueces en el siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, y de paso, permitió reafirmar aquella expresión inherente a las sociedades democráticas en el sentido de que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley, y que ningún país puede estar al margen de la aplicación de justicia.
Una transición democrática no es solamente lograr un estable sistema electoral, un proceso de ampliación de las libertades civiles y ciudadanas, un mejoramiento de las condiciones materiales de vida, sino también, lograr que la ley sea la razón desprovista de pasión en defensa de los derechos de las víctimas de la violencia.
De allí, que lo más significativo en el momento actual del proceso de transición democrática que se vive en Colombia es que coinciden perfectamente los procesos de avance de los sectores progresistas desde el punto de vista político y el tema del juez y las víctimas; y que permite reafirmar que todo este proceso judicial, tanto de la JEP, como de la Justicia Ordinaria y de la Corte Suprema de Justicia, tienen como propósito garantizar los derechos humanos de las víctimas, en particular, su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
Hector Alonso Moreno, PhD, en Ciencia Política, Profesor Universidad del Valle
Foto tomada de: www.semana.com
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