En la búsqueda de la Paz no se puede negar el esfuerzo de varios gobiernos que han adelantado procesos de negociación con diferentes actores armados, La Paz firmada con 8 organizaciones en los 90, con la desmovilización del M19, del que hizo parte el presidente Gustavo Petro; el EPL, el PRT, la CRS, el Quintín Lamé, las negociaciones con las AUC y los acuerdos de La Habana-Cuba, que lograron la desmovilización de más de 15 mil integrantes de las FARC-EP, la mayor y más antigua guerrilla del continente, pero todos estos esfuerzos, han sido acuerdos parciales, que no han detenido el cese de la violencia y varios de estos procesos han generado rearme, con el llamado neo paramilitarismo, disidencias, el ELN y las llamadas organizaciones del multicrimen.
Hoy cuando el pueblo colombiano le apostó a un gobierno del cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el equipo de gobierno, quienes consideran que el país no puede construir un proyecto colectivo de nación, si no se logra desactivar la guerra y el conflicto, si no se logra el desarme de los que atentan desde diferentes vertientes y posiciones ideológicas prácticas violentas en donde la sociedad civil es la que coloca cada día las víctimas de esta absurda guerra que igual atenta contra la economía del país.
La mayor apuesta del gobierno de la potencia de la vida y su principal propuesta que la ha denominado La Paz total y que en los primeros 6 meses de mandato ha logrado demostrar su profunda vocación por La Paz con la reforma de la ley 418 de 1997 y que dota de la arquitectura para no sólo negociar con la insurgencia, sino también con las disidencias y las llamadas organizaciones del multicrimen, que se complementa con la reforma a la justicia, con el sometimiento colectivo que será abordada en las sesiones extraordinarias del congreso, llamada “ ley de responsabilidad y aceptabilidad penal” ; lo que significa que al menos habrán tres mesas de negociación con las 52 organizaciones alzadas en Armas, con presencia en la mayoría del país.
La Paz total bajo la responsabilidad de la oficina del alto comisionado liderada por Danilo Rueda ha realizado procesos de acercamiento con 12 grupos armados que “manifestaron su voluntad de paz”. Este proceso, según la oficina del alto comisionado, se han basado en parámetros contemplados en la Ley 2272 de 2022 en las que el Gobierno estableció los mecanismos para la paz total y el diálogo con estructuras delincuenciales. El primer compromiso con estas estructuras que la OACP califica como grupos armados, durante la fase de acercamiento, ha sido la reducción de la violencia. Este punto ha contado con mecanismos de verificación para el cese de torturas, desapariciones y asesinatos como compromiso básico de los grupos armados ha sido el punto de partida para la generación de confianza entre las partes y el Gobierno Nacional, de igual manera, se han establecido compromisos como la verdad, no hacer trampas ni engaños y abstenerse de incluir en el proceso personas ajenas al mismo a cambio de pagos económicos.
La complejidad del conflicto ha llevado a que el país asiste a la mayor crueldad con la existencia de la guerrilla del ELN que tienen después de 5 intentos de negociación, la oportunidad de negociar con un gobierno progresista, con la legitimidad de más de 11 millones de colombianos y colombianas que le exigirán a esta guerrilla que tenga la grandeza de interpretar el sentimiento nacional, que respalda al gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, quienes han presentado sendas reformas estructurales del Estado como la de la salud, laboral de pensiones, reformas que buscan por primera vez en la historia del país interpretar a los nadies que son los que no han tenido gobierno, y antes que bienestar y progreso que debe ser la razón de ser de los estados, los colombianos estamos sumidos en la mayor de las tragedias como fruto de esta guerra de los mayores absurdos.
La Paz total que negocia con las disidencias y la proliferación de múltiples organizaciones del multicrimen; por ello la propuesta de la Paz total reconoce el estatus político a quienes se han levantado contra el Estado, y al multicrímen el acogimiento a la justicia en condiciones de dignidad. La Paz total tiene la aceptación de la mayoría de la población colombiana y sobretodo de los territorios donde el conflicto se ha ensañado contra las comunidades; en democracia también quienes se lucran de la guerra se oponen a que La Paz sea como lo determina el artículo 22 de la constitución política, “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Harold Ruiz Moreno
Foto tomada de: Noticias Canal 1
Deja un comentario