Recientemente el presidente Gustavo Petro asumió la Presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC en cuyo comunicado que se hace en conjunto con los mandatarios de la Unión Europea expresan:
“Reafirmamos que colaborando como socios soberanos somos más fuertes y estamos mejor situados para afrontar las numerosas crisis y múltiples desafíos de nuestra época, como la inseguridad alimentaria, la pobreza, las desigualdades en ambas regiones, las perturbaciones de las cadenas de suministro y el aumento de la inflación. También cooperaremos para mitigar los efectos adversos del cambio climático y la degradación medioambiental, de acuerdo con el principio de la equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales”
En este apartado emerge una de las discusiones más importantes del mundo que tiene que ver con la transición energética, como una de las medidas que permita afrontar la crisis climática, son cuantiosos los eventos y pronunciamientos internacionales, acuerdos y compromisos de los Estados que se han realizado desde la década de los 80 en donde se instaló el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se han realizado diversas COPS, y la situación no ha mejorado, por el contrario, ha empeorado.
En la década de los 80 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió la creación de una comisión internacional (Comisión Mundial para el Desarrollo del Ambiente), en donde se acotó el término de desarrollo sostenible que acabó teniendo una eficacia ideológica y política que posibilitaron que se instauraran respuestas desde las Corporaciones con apariencia de gato pardo, en donde nada cambia para que todo siga igual. En ese mismo sentido el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente propuso en el año 2011 el concepto de economía verde que consistía en generar incentivos en el mercado para reorientar inversiones verdes. No se quiere decir que sea negativo la inversión en instrumentos de ciencia, tecnología e innovación para propiciar energías limpias, si no en la simplificación a la que se ha llevado la crisis climática cuyo contexto es una crisis civilizatoria, que es crisis del modelo de acumulación capitalista, crisis de una política capaz de superar las desigualdades sociales que son la consecuencia de ese modelo, es una crisis de la humanidad que pone en riesgo su propia existencia.
A pesar de toda la retórica de la transición energética, de acuerdo a los estudios desarrollados por Oxfam, los combustibles fósiles siguen siendo masivamente subvencionados. Un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional en el año 2020 mostró que, el petróleo, carbón y gas natural– recibieron un total de 5,9 millones de billones de dólares en subsidios, aproximadamente 11 millones de dólares por minuto. Se debe tener en cuenta que las subvenciones explícitas son el 8% del total, el resto corresponde a subvenciones implícitas expresadas en exenciones fiscales.
Otro aspecto que tiene implicaciones en la vida del planeta es el modelo agropecuario corporativo. Los monocultivos transgénicos asociados a los elevados niveles de uso de agrotóxicos y antibióticos en animales, que se han asociado a la devastación del planeta y a la generación de zoonosis. Por tanto, este también debe ser una problemática que se aborde en las acciones que se desarrollen.
La discusión actual es qué tipo de transición se debe llevar a cabo, que debe implicar un cambio en el modelo económico, en la política y en la cultura misma. En el caso de la generación de energías renovables es importante considerar que estas implican extracción de minerales en donde se hacen necesarios procesos de concertación con las comunidades que habitan estos territorios, de lo contrario, estaríamos pasando de un modelo de depredación extractivista a otro de similares connotaciones.
Las políticas públicas de la transición energética en Colombia
La crisis climática como parte de esa crisis civilizatoria se visibiliza en Colombia en todo su modelo de desarrollo, en materia medio ambiental con el deshielo de los nevados, los cambios de clima caracterizados por un régimen de lluvias seguidos de sequías, así como la emergencia de enfermedades respiratorias y de otro orden que se derivan de desequilibrios medio ambientales. La Agenda de Transición Democrática propone que se elabore un índice de desarrollo territorial sustentable que permita medir 5 aspectos que den una clara orientación a los proyectos de inversión gubernamentales: (1) Riqueza Humana (2) Intelectual (3) Privada (4) Pública e Institucional (5) Riqueza Natural y ambiental.
Como ejecutorias del gobierno y el Congreso se han aprobado en la pasada legislatura el Acuerdo de Escazú y la ley contra el fracking. Aún se requiere avanzar en reformar a fondo las Corporaciones Autónomas Regionales que han sido permeadas por la corrupción, y son instrumentos necesarios para proteger la soberanía y la sustentabilidad ambiental. Otra propuesta va en el sentido de transformar la educación ambiental introduciendo la ciencia, la tecnología, el arte, la innovación para lograr una sociedad del conocimiento que cuide nuestros recursos diversos.
De otro lado, se ha señalado desde el programa de gobierno que se adelantaran las siguientes acciones: 1. Expansión de energías renovables, en donde se busca hacer un despliegue de energía solar, eólica, geotérmica, de pequeñas centrales hidroeléctricas, despliegue de hidrógeno verde y producción de amoniaco. 2. Comunidades energéticas con creación de distritos energéticos industriales. 3. Gas natural para la transición energética con infraestructura de soporte para el gas y su suministro, tecnologías de captura y almacenamiento de carbono 4. Movilidad sustentable. Esto se enmarca dentro de la creación de un instituto de transición energética para la investigación aplicada, fomento de esta industria nacional, política de extracción de minerales estratégicos como el cobre, litio, níquel, cobalto, manganeso, terbio y demás metales preciosos.
En cuanto a la transición energética se debe iniciar la sustitución de energía fósiles por renovables, aquí cabe anotar que aún no es clara las proyecciones, costos, tiempos para hacer esta transición energética y las alternativas de sustitución de los recursos que genera las exportaciones de Ecopetrol y del carbón.
Desde otra perspectiva la propuesta expresa que se debe replantear la mega minería en zonas estratégicas y el ordenamiento territorial alrededor del agua como bien público innegociable. Para ello el Gobierno ha anunciado la presentación de un proyecto de ley del código minero para la nueva legislatura.
Pacto por el Derecho a la Educación
La agenda de transición democrática tiene además como uno de sus ejes la educación, como un elemento que permite el salto social. Esta debe constituirse como un derecho fundamental en tanto no tenemos cobertura universal en Colombia y tenemos brechas entre la educación privada, la pública, lo urbano y lo rural. Es necesario retomar las ideas del movimiento pedagógico en donde la educación debe estar orientada a la generación de una cultura ciudadana democrática, esta es un instrumento para la transformación de la cultura.
Para la materialización de este derecho el Congreso de la República acaba de aprobar la gratuidad en las universidades estatales con el fin de que se posibilite el ingreso de los jóvenes de región y lograr la gratuidad de los actuales, sin embargo, hay críticas en que no son claras las fuentes de recursos para permanencia y sostenimiento, no se precisa el carácter de progresividad para que sea efectivo, la ambigüedad respecto a quienes son los beneficiarios. El articulado es bastante abierto, deja mucho lugar a la interpretación. Se destaca la priorización en el sostenimiento de madres cabezas de hogar y víctimas, no obstante, dada la ambigüedad y la falta de claridad de las fuentes, puede ser un saludo a la bandera, a no ser que el gobierno la reglamente con unas posibilidades claras de aplicación.
En ese contexto, la agenda que es asumida por el gobierno, propone cambiar el programa Ser Pilo Paga que se constituyó en un oneroso subsidio a la demanda con menos beneficiarios que los que hubieran podido lograrse con un subsidio a la oferta de la universidad pública. Es de anotar que el Estado destina a la educación pública el 4% del PIB para el año 2020, una meta razonable sería llegar al 2028 al 7,5% del PIB.
Otras propuestas que están sobre la mesa es la transformación del Programa de Alimentación Escolar PAE, que en muchas regiones se ha vuelto la caja menor de la politiquería, además de generar programas de entrenamiento laboral y programas de formación para los jóvenes que ni estudian ni trabajan que son 3,3 millones de las cuales 2,2 millones son mujeres. En cuanto a la cobertura, el reto se encuentra en la educación preescolar en donde el sistema educativo solo cubre 10 de cada 100 niños y niñas, para el 2018 la trayectoria educativa hasta el noveno grado la obtiene el 90% en el área urbana y sólo el 50% en lo rural, el bachillerato completo el 71% en lo urbano y sólo el 34% en lo rural. La deserción sigue siendo alta por cada dos niños que repiten año, uno se retira. Para el año 2019 los jóvenes entre los 17 y 21 años sólo el 54% estaba cursando en instituciones de educación superior, y los estudios muestran que en promedio se gradúan la mitad.
En cuanto a la calidad y la pertinencia de la educación conforme a dos referentes que son el ICFES y la saber 11, para el año 2020 la lectura es el resultado académico más aceptable, pero decreciendo en los últimos años, en donde 4 de cada diez estudiantes tienen niveles precarios de comprensión de lectura. En matemáticas el rendimiento promedio es de 5,5 sobre 10. En ciencias naturales y sociales la calificación es preocupante, está en 3 sobre 10. Estas áreas son importantes dado que allí se construye la conciencia medio ambiental, el respeto por las instituciones, la cultura ciudadana y democrática.
Lo anterior significa un reto para el Ministerio de Educación Nacional en la intervención sobre la calidad y la pertinencia en el sector. Se ha expresado que se debe aumentar la inversión de manera escalonada a la educación pública, para llegar al 7, 5 % del PIB que permita la cobertura hasta la educación superior con un costo promedio de 5 millones y medio por estudiante y el resto de recursos para programas de formación, formal, informal, para el trabajo y alfabetización de mayores de 22 años.
Respecto a este sector el Gobierno Nacional ha anunciado la presentación de un proyecto de ley en la legislatura que inicia, aún está en discusión si se presentará una ley estatutaria que defina la educación como derecho fundamental o una o varias leyes ordinarias para reformar la educación superior y la básica. Es otra discusión que debe abrir el país para que otra Colombia sea posible. Estaremos pendientes de este gran paso.
Carolina Corcho Mejía, Exministra de salud, médica psiquiatra.
Foto tomada de: Eltiempo.com
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