No entienden las élites de este país que la política ha sido, y es, la causa central y exponencial de la violencia en Colombia. El conflicto armado colombiano no se ha desarrollado tan sólo por la pobreza y la desigualdad, ni por la iniquidad con el campesinado, ni su único combustible ha sido el narcotráfico; la guerra en Colombia tiene profundas y grandes raíces políticas, representadas en una democracia restringida, en una crisis y desgaste de los partidos y del modelo de representación, en el rechazo a las prácticas de corrupción y al clientelismo, en la exclusión del sistema político de enormes franjas de la población, especialmente de sectores vulnerables, y en la eliminación del opositor político por el sectarismo ideológico y la guerra sucia.
Ponernos de acuerdo, inclusive, en qué significa la paz en Colombia, resulta un grave riesgo, ya que hay quienes piensan que la paz es el fin de los conflictos (el postconflicto), a la cual se llega tan solo eliminando al otro, al opositor. Opositor que en Colombia es peligrosamente sinónimo de enemigo. De ahí que, muchos de los asesinatos y amenazas de muerte registrados en los últimos meses, corresponden trágicamente a líderes que en sus territorios eran activistas por la paz, en su mayoría víctimas del conflicto.
Las víctimas del conflicto armado, en un gran porcentaje, son víctimas en cuanto ejercían un liderazgo político, social, ambiental o comunitario en sus territorios, y por lo mismo, resultaron incómodos o representaron un peligro para quienes quisieron imponer por la fuerza su voluntad política, economica o social. En Colombia, los derechos politicos a la organización, a la manifestación pública, al disenso, a la oposición, a la libre expresion, o a la protesta, resultaron siendo los detonantes para que una inmensa cantidad de personas fueran masacradas, asesinadas, desaparecidas, secuestradas, torturadas, desplazadas, amenazadas y hasta abusadas sexualmente.
El autoritarismo político ha sido potenciado por la violencia, pero a la vez, en un cículo vicioso, la violencia se alimenta del autoritarismo político. Por eso nuestra racionalidad política esta presa del miedo, y en muchas regiones del país, la reciente historia politica esta marcada por el relato de quienes se apropiaron por la fuerza del derecho a delinear y decidir el futuro de territorios completos, sobre el sufrimiento y el sometimiento de poblaciones enteras que fueron victimizadas.
En gran parte de la geografía nacional, pero especialmente en esas zonas abandonadas por el Estado y presas de la violencia, esa lógica autoritaria se impuso por medio de la victimización de dirigentes politicos, comunales, sindicalistas, maestros, autoridades religiosas, funcionarios públicos, defensores de derechos humanos, activistas ambientales, autoridades indígenas, dirigentes de comunidades afrocolombianas, que fueron asesinados, desaparecidos o desplazados, y con ellos, también se asesinó, desapareció y desplazó a la política y a la democracia.
Por esto, la lógica de las circunscripciones especiales para las víctimas era reconstruir la política y la democracia, a través de una representación especial, destinada a crear las condiciones para un nuevo diálogo con esos sectores excluidos de la sociedad colombiana, y abrir canales de participación y representación política a la población vulnerable como son las minorías étnicas y los campesinos y, especialmente, las víctimas del conflicto, con quienes además del deber de inclusión, hay una deuda de reparar sus derechos políticos pérdidos en la guerra.
Las circunscripciones transitorias especiales de paz y la reforma política se estipularon en los acuerdos para responder a grandes retos como el fortalecer la democracia despúes de la guerra; el ampliar la democracia y dar representación reparando politicamente a los sectores excluidos y victimizados; el superar las barreras institucionales y sociales que sufren las mujeres para ejercer su derecho a la participación politica; promover una cultura política para la diversidad de opiniones, para el debate politico con el adversario y para acabar con el autoritarismo ideológico y la eliminación del otro; alimentar un modelo democrático desde las regiones, que refleje lo que somos y lo que queremos la inmensa y diversa población colombiana, cimiento esencial de una paz estable y duradera.
Como podemos observar, en últimas lo que estaba en juego era cómo ampliabamos y fortalecíamos la democracia en Colombia, para cerrar las puertas definitivamente a la guerra. Democracia que, en su sentido más elemental, es el gobierno del Pueblo, de ahí que se pretendía resaltar esa esencial idea de democracia, ponerla en práctica y hacerla respetar. Gobierno del pueblo implicaría necesariamente más diversidad en el poder local y nacional, la inclusión precisamente de esa parte del pueblo colombiano excluido históricamente de la posibilidad de decidir sobre su futuro. Gobierno del pueblo que exigía la existencia de un Estado que garantizara los derechos humanos civiles, políticos, sociales, culturales y colectivos y del medio ambiente, de todas y todos los colombianos. Gobierno del pueblo que debería expandir la política y convertirla en herramienta de inclusión social, de reparación a las victimas y de construcción de paz.
En estos territorios, donde se estipuló en los acuerdos de paz la creación de las circunscripciones especiales para las víctimas, no hay vías de acceso sobre las cuales puedan llegar las camionetas blindadas de los congresistas, ni energía eléctrica, ni internet, ni señal de celular donde funciones sus iphone; no existe si quiera un acueducto, ni un puesto de salud, ni una escuela, y tal vez por esto los políticos por allá no van, ni les importa, ya que tampoco hay puestos de votación. En estas zonas rurales alejadas el Estado no existe, las personas están excluidas de absolutamente todos los derechos ciudadanos y además son regiones donde con más fuerza se sintieron las consecuencias de la guerra. Acá fueron las masacres, los desplazamientos forzados, el territorio está sembrado con minas antipersona que mutilan a los niños, y guerrillas, paramilitares y hasta la fuerza pública se han ensañado contra ellos.
Por eso se propuso que para estos territorios, y especialmente para las victimas que ahí habitan, se destinarán 16 curules especiales a la Cámara, para darles una voz en el Congreso, una representación para salir del abandonó y el olvido. Esta posibilidad fue la que hoy les negó la clase política, a través de un hipócrita discurso del Presidente del Congreso, a estos territorios y a las victimas que ahí habitan; esa dirigencia mezquina, cuya gula de poder no tiene límites, les cercenó la posibilidad de participar, de ser parte de una ciudadanía negada por tanto tiempo. Clase dirigente que tarde que temprano se dará cuenta que su exclusión política, se revertirá nuevamente en renovadas formas de violencia.
GABRIEL BUSTAMANTE PEÑA
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