Este proceso de expansión territorial viene ocurriendo desde febrero pasado, cuando el gobierno venezolano los expulsó de los municipios Boca de Grita y Orope, luego de que estos convirtieran a estos municipios fronterizos junto a Puerto Santander, en un fortín inexpugnable durante los últimos 10 años.
Una década de actuación con impunidad y connivencia de las autoridades colombianas y venezolanas asentadas en la frontera, les permitió construir una infraestructura logística para la guerra, una especie de cuartel general que incluía viviendas fortificadas para mandos, clínica para heridos en combate, bodegas de almacenamiento de alimentos, gasolina, municiones y armas. Así también talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y motocicletas y un hotel para el recibo de visitantes. Habían establecido dos centros de tortura y descuartizamiento de personas que eran detenidas en Puerto Santander y en otros casos citadas a territorio venezolano para darles muerte.
Algunos creían que sería el fin de este grupo paramilitar, pero al contrario, la decisión de trasladar todas sus estructuras armadas a territorio colombiano, en el mismo momento en que recibían el ataque de las autoridades venezolanas, les permitió copar una zona que hasta hace poco era controlada por las Autodefensas Gaitanistas, que diezmadas retroceden al corregimiento de San Faustino municipio de Cúcuta.
En la actualidad hacen presencia espóradica o permanente en ocho Corregimientos y 53 veredas de los muncipios de Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia y Tibú. Instalan puestos de control sobre vías principales o retenes ilegales, como el que funciona desde hace 6 meses en el sector de Pacolandia a 35 minutos de Cúcuta, patrullan en motocicletas y vehículos, imponen normas de comportamiento social y aplican la pena de muerte a quienes las incumplen. Asesinan a personas que no son de la zona o que proceden de regiones de presencia de los elenos o gaitanistas.
Las guerras declaradas a estos dos grupos, la pérdida de los grandes ingresos financeros producto de diversas actividades ilegales que controlaban desde Venezuela, así como el reclutamiento permanente de hombres principalmente migrantes venezolanos, han elevado sus necesidades financieros. Esta situación los ha llevado a establacer de manera masiva cuotas extorsivas de hasta cinco millones de pesos a propietarios de fincas y un millón a dueños de parcelas. Aquí todo el mundo paga: comerciantes, tenderos, ganaderos y productores agropecuarios; como en el caso de los cultivadores de limón quienes se encuentran al borde de la quiebra; cada bulto tiene un valor en la Central de Abastos en Cúcuta de $25.000, pero además de $10.000 que vale el jornal para su recolección y $5.000 el flete o transporte a Cúcuta, se les obliga a pagar al grupo paramilitar $10.000 pesos por cada bulto producido.
Por supuesto que actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando al por mayor son dos de las actividades ilegales más importantes para el cobro de las cuotas extorsivas. Pero además compran, acopian y venden pasta de coca, tienen sus propios centros de transformación, cobran por kilo y por prestar seguridad en su territorio a pequeños comercializadores y grandes narcotraficantes. Tratar de producir, vender o transportar sin pagar, es una falta grave que se cobra con la vida. Muchos han quedado tendidos sobre las vías o pasos ilegales de la frontera.
Este es un territorio que tiene rutas terrestres y fluviales usado por pequeños y grandes contrabandistas, de un lado y otro. Vías construidas por los gobiernos colombianos y venezolanos. Trochas o pasos ilegales construidos por narcos, contrabandistas y paramilitares. Aquí, pagan quienes llevan productos colombianos a Venezuela principalmente de la canasta básica, de igual forma quienes traen a Colombia ganado en pie, carne en canal y vehículos de alta gama entre otros.
La sevicia y los actos atroces que este grupo paramilitar ha cometido en contra de habitantes, organizaciones y líderes sociales han sido denunciadas de manera permanente por la Fundación Progresar, sin obtener respuesta alguna por parte de autoridades regionales o nacionales. Tal y como ocurrió con la masacre del 18 de julio que dejó un saldo de 9 campesinos asesinados, cuatro de los cuales tenían signos de tortura y uno su cuerpo desmembrado. Tres días antes habíamos emitido una Acción Urgente dirigida a la Ministra del Interior, a la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, así como también a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, sin obtener hasta el momento respuesta mucho menos, acciones dirigidas a proteger la vida, la integridad y los derechos fundamentales de estas comunidades.
Este hecho repudiable se suma a tres más ocurridos este año que han sumado 22 víctimas en total. Es de anotar cómo estas comunidades vienen sufriendo desde hace una década graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, desplazamientos individuales y colectivos, confinamientos, homicidios selectivos, reclutamiento forzado de jóvenes colombianos y migrantes venezolanos, amenazas contra comunidades, organizaciones locales y líderes sociales. Así mismo el despojo de bienes materiales, enseres, viviendas y tierras. Todo ocurre con total conocimiento de las autoridades civiles, policiales y militares, pues todos ellos hacen presencia en el territorio. La pregunta sería, qué se pretende con permitir que paramilitares de Los Rastrojos se expandan en el Área Metropolitana de Cúcuta?
Wilfredo Cañizares Arévalo, Defensor de Derechos Humanos. Fundación Progresar Norte de Santander
Foto tomada de: El Espectador
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