La interpretación de gradualidad de la ley al no advertir suficientemente la prioridad del tema debe ser reemplazada por una norma más taxativa en la cual se comprometan los recursos de regalías en primera instancia para garantizar su implementación, que debe ser transparente y ágil. En segundo lugar, es necesario solucionar la limitación actual de los municipios de invertir únicamente en su jurisdicción e insistir en que deben concurrir todas las entidades obligatoriamente para garantizar que se consideran completa e integralmente todos los aspectos y sobre todo se interviene toda el área de interés de los riesgos, pues esta es una de las debilidades manifiestas en la práctica de la gestión del riesgo: los municipios sólo hacen la tarea dentro de su jurisdicción y así salvan responsabilidades, pero el riesgo sigue latente. Así, por ejemplo, en el caso de Villavicencio, otros municipios como San Juanito, cuenca arriba pueden contener problemas serios que atentan contra esta capital , pero ni Villavicencio puede intervenir en San Juanito, ni san Juanito tiene los recursos para atender debidamente dichos riesgos. Por ello, es fundamental y urgente la concurrencia de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible y de instituciones como el IGAC, el Servicio Geológico Colombiano y el IDEAM y, obviamente, la UNGRD, para garantizar que el diseño y la implementación de las medidas no se haga parcialmente, sino que comprenda toda el área requerida y todos los responsables necesarios. La capacidad de respuesta de estas entidades ante la demanda de todos los municipios debe coordinarse de manera inmediata y sobre todo debe priorizarse la intervención. Debería existir ya un ejercicio de priorización de dicha intervención, en la cual sin duda los municipios del piedemonte de la cordillera oriental deben aparecer en un puesto muy alto, pues están en juego por ejemplo Villavicencio y Yopal.
Las gobernaciones deben liderar con mucha dedicación el tema, porque la razón fundamental es que la población no debe estar en riesgo de inundación, avalancha, deslizamiento y sísmico; así mismo, las entidades sectoriales a cargo de los diferentes temas de gestión del riesgo. Todos los esfuerzos de lucha por disminuir la inequidad, por elevar el nivel de calidad de la vida de los más pobres se pierde en un instante por un desastre que no se atendió en su debida dimensión. Y el tema será cada vez más recurrente y grave en la medida en la cual el cambio climático, la deforestación, la presión demográfica avanzan.
Se alega que no se cuenta con recursos económicos. Los recursos existen. Las regalías, tanto las de ciencia, tecnología e innovación que se dedicaron a las vías terciarias, aún después de lo ocurrido en Mocoa, podrían haber tenido mucho más impacto al asignarse a “poner al día” todos los planes de gestión del riesgo de todos los municipios colombianos que lo requieren. Es cierto que “no se ve”, hasta el día en que llegan las avalanchas, las inundaciones o los sismos y se encuentra que muy poca o ninguna gente sufrió o murió. La gobernadora del Putumayo, una joven comprometida y talentosa, debe tener la oportunidad de liderar esa opción, la de asignar los mejores recursos de regalías, sean o no de ciencia y tecnología, a esta tarea de previsión, que si bien es imperceptible inmediatamente, ahorrará mucho dolor y recursos que no se perderán ante la fuerza de la naturaleza. El verdadero liderazgo es visionario y se preocupa del largo plazo y de los riesgos en todas sus manifestaciones.
Es necesario expresar tambien, preocupación con la evolución de los “POTs Modernos” que adelanta el DNP, Departamento Nacional de Planeación, pues han presentado muchas dificultades y no pareciera que vayan a registrar el nivel de detalle y los alcances requeridos en la gestión del riesgo necesaria para garantizar con buena certeza que la gente no sufrirá en caso de desastres. Es urgente integrar en este esfuerzo a todas las entidades del Estado, modificando o ajustando si se quiere, los términos de referencia de los contratistas, que han cambiado algunas reglas del juego como las de contratación de expertos y los alcances y escalas adecuadas, que podrían perjudicar los resultados.
La UNGRD debe formular ya una priorización de los municipios que deben tener urgentemente revisados y fortalecidos sus Planes de Ordenamiento Territorial con todas las medidas de gestión del riesgo, en función de su localización, sus condiciones topológicas y geográficas y sus dinámicas poblacionales y demográficas, que hoy empiezan a cambiar como consecuencia del proceso de paz. No debemos dudar que habrá migraciones hacia ciudades intermedias y hacia poblaciones menores en búsqueda de oportunidades agrícolas y pecuarias que estaban vedadas por la violencia colombiana que está terminando en el caso de las FARC y eventualmente en el caso del ELN. Esos movimientos poblacionales, la dinámica de apertura de frontera agropecuaria, el afán de negocios privados por encima del bien común, generan presión sobre los recursos naturales y la cobertura forestal y vegetal cambia; los asentamientos precarios de los más pobres crecerán como resultado de la inequidad social y económica que no afloja realmente en Colombia, y los riesgos serán exacerbados por el aumento en el cambio climático, que es un hecho incontrovertible.
Mas que la sanción convencional de privación de libertad o apartamiento del cargo, se requiere que la justicia colombiana imponga un nuevo tipo de sanción, que sea la de dedicar todos los esfuerzos en un plazo restringido, a subsanar las carencias y defectos de la gestión del riesgo en los territorios. Esa es la verdadera solución; asignar los recursos tanto económicos como organizacionales e institucionales a eliminar el riesgo a fondo, porque además es la medida más efectiva contra la inequidad del país.
Carlos Hildebrando Fonseca Zárate: Director Corporación Simbiosis
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