Dentro de la propuesta de reforma a la salud, se establece que las Entidades Promotoras de Salud, EPS, que cumplan con ciertos requisitos, como estar al día en sus deudas con el sistema y tener una situación financiera sostenible, podrán convertirse en Gestoras de Salud y Vida, esto implica que asumirán nuevas funciones dentro del sistema como articuladoras junto al Ministerio de salud, sin situación de fondo y recibirán el 5% de recursos por su función.
Los jefes de los partidos propusieron un modelo mixto que combina el sistema publico y privado, que resulta inconveniente y en contravía de lo establecido por la ley estatutaria 1751 del 2015. En primer lugar, este modelo genera inequidades en el acceso a la atención médica. En segundo lugar, el modelo mixto fomenta la mercantilización de la salud, convirtiéndola en un negocio más que un derecho fundamental. Esto puede llevar a situaciones en las que se priorizan los intereses económicos por encima de la calidad de la atención y bienestar de los pacientes. Además, las empresas privadas de salud continuarían teniendo incentivo para enfocarse en enfermedades rentable en lugar de invertir en la prevención. Por último, el modelo mixto de salud genera altos costos para el Estado quien financia el sistema.
La situación de incertidumbre sin embargo en cuanto a la aprobación de la reforma a la salud en Colombia es compleja y multifacética, la reforma ha enfrentado una fuerte oposición
Por un lado, las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que son las encargadas de administrar el sistema de salud en Colombia, han ejercido presión para evitar cambios drásticos en el sistema actual. Esto se debe a que estas empresas tienen intereses económicos y financieros en mantener el statu quo y no quieren perder la posición privilegiada que les ha dado la intermediación de los recursos públicos de la salud.
Por otro lado, los partidos políticos también han ejercido presión en torno a la reforma, cada partido tiene su propia agenda y sus intereses y esto ha llevado a que la discusión sobre la reforma se vea polarizada y dividida.
Además, se ha dado a conocer acuerdos bajo la mesa que han sido negociados entre algunos congresistas y representantes de las EPS, con el objetivo de evitar la aprobación de la reforma a la salud que pueda afectar a los intereses de esas empresas.
Por último, hay negocios que se mueven alrededor del actual sistema de salud en Colombia, lo que ha generado resistencia a la hora de aprobar una reforma que pueda estos intereses comerciales. Por ejemplo, algunas clínicas privadas o empresas de insumos médicos pueden ver afectados sus ingresos, en caso de pasar la reforma.
La contratación que ha estado marcada por una fuerte presencia de la burocracia y los intereses políticos. La complejidad del sistema de salud y la falta de transparencia en los procesos de contratación han permitido que se den situación de corrupción y manejo indebido de los recursos destinados a la atención médica. La influencia de los partidos en la contratación de personal y servicios en el sector también han sido un factor que ha generado preocupación y denuncias, que han contribuido a la desconfianza del público en las figuras políticas que se han involucrado en el debate sobre la reforma.
En cualquier caso, es importante destacar la necesidad de un enfoque transparente y eficiente en la gestión de los recursos destinados a la atención de la salud, así como la importancia de que los políticos actúen con integridad y en beneficio de los ciudadanos, no en intereses personales o partidistas.
La participación activa de la sociedad civil es fundamental para que la reforma a la salud sea aprobada de manera justa y equitativa. Es importante que la sociedad esté involucrada en el proceso de discusión y debate sobre la reforma. La sociedad civil ha jugado un papel crucial en la identificación de los problemas y desafíos que enfrenta el sistema de salud y puede presionar a los políticos para que actúen en beneficio de la ciudadanía y no de intereses particulares como los de las EPS o los partidos políticos.
No se puede subestimar la importancia de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, pero lamentablemente la ponencia del articulo 351 que propone el giro directo de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud, ADRES, a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), fue aprobada tanto en el Senado como en la Cámara, dejando en el parágrafo 1 una brecha significativa en opción las verdaderas intenciones de la reforma estructural al sistema de salud.
Resulta alarmante que el parágrafo 1 permita la continuidad de LA INTERMEDIACION FINANCIERA, aquellas EPS, no solo a las que cumplan con requisitos de calidad y solvencia financiera, un retroceso que va en contra de los esfuerzos por mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos, así como garantizar una atención de calidad a los pacientes.
Es vital no bajar la guardia, la participación activa de la sociedad civil en la reforma al sistema de salud es fundamental. No podemos simplemente sentarnos y esperar que los políticos resuelvan la crisis, especialmente cuando muchos de ellos tienen intereses en el sistema de salud. Es importante que la sociedad civil se involucre en el proceso de debate en el congreso y haga escuchar su voz para lograr un sistema de salud mas justo, transparente y equitativo.
Ana María Soleibe, Medica
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