Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, jefe máximo de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC”, “Clan del Golfo” ahora y “Clan Úsuga” y “Los Urabeños” anteriormente, según la denominación oficial, ha planteado la posibilidad de “acogerse” a la justicia colombiana.
A través de un video en cuyo fondo se escuchan los trinos de los pájaros y el cacareo de las gallinas, alias “Otoniel” lee sendas cartas dirigidas a “los colombianos” y al “Santo Padre Francisco” en nombre de la organización que dirige, desde las “montañas de Colombia” en agosto de 2017.
En traje de camuflado y según sus palabras, alias “Otoniel” habla como “Comandante General” de las AGC con la “intención de alcanzar una salida digna y voluntaria para todos nuestros combatientes acogiéndonos a la justicia colombiana con garantías que conlleven a la reconciliación nacional”; pregona que “como Estado Mayor nos encontramos más unidos que nunca con la voluntad firme de que en Colombia se consolide la paz total para los colombianos …queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país”. Afirma que es “un campesino que me ha (sic) visto obligado durante más de 30 años de empuñar las armas” que son “hombres de Dios respetuosos de la ley… divina con deseos intensos de retomar una vida normal al lado de nuestras familias”.
Las manifestaciones de alias “Otoniel” de entregarse junto con sus hombres implicarían por un lado que se trata de una estructura militar con un mando unificado es decir que recibe y acata órdenes de un jefe o, que simplemente se trata de buscar beneficios coyunturales para unos pocos, tal y como ocurrió con la desmovilización de las AUC negociada por Uribe Vélez, que en últimas dejó intacta esa estructura paramilitar.
Que alias Otoniel plantee una salida “digna y voluntaria” para todos sus “combatientes” acogiéndose a la justicia “con garantías que conlleven a la reconciliación nacional” lleva implícito un pretendido trasfondo político, mismo que en su momento plantearon las AUC y que Uribe Vélez, correspondientemente, avaló en la presentación del proyecto de ley que daría paso a la ley 975 de 2005, llamada de justicia y paz, al darles estatus de delincuentes políticos, ni más ni menos que de sediciosos, al incluir un artículo que adicionaba el concepto de sedición: “También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal”. Dicho entuerto fue oportunamente atajado por la Corte Constitucional en su sentencia C-370-06.
En mayo de 2017, al asumir la vicepresidencia, el general (r) Oscar Naranjo también asumió la tarea de encargarse directamente de los diálogos con el Clan del Golfo; y una de las exigencias de Naranjo fue detener el plan pistola para asesinar policías y entregar pruebas que demostraran la unidad de los comandantes de la estructura criminal.
A pesar de que el presidente Santos indique que no se trata de una negociación sino de un sometimiento jurídico por tratarse de un grupo de delincuencia común sin alcances políticos, es evidente que el gobierno colombiano acepta que el llamado Clan del Golfo no es una banda criminal cualquiera, sino que por el contrario está conformada como una estructura paramilitar con un mando unificado, pues de lo contrario y no de otra manera se explicaría la exigencia gubernamental de demostrar la unidad de sus comandantes.
Acorde con lo anterior, el gobierno estudia la posibilidad de tramitar un mecanismo legal de sometimiento a través de la vía rápida contemplada en los Acuerdos suscritos con las FARC. En el punto 3.4. de los mismos se contempló la implementación de “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”; con lo cual se colige que efectivamente el paramilitarismo existe y constituye una amenaza contra los movimientos y líderes sociales, que se pretende desarticular por la vía del sometimiento o la negociación, según la óptica eufemística con la cual se le mire.
En otras palabras, el gobierno colombiano estaría aceptando de manera expresa que el “Clan del Golfo” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” constituyen una organización criminal “sucesora del paramilitarismo”, a pesar de que de todas las formas posibles haya negado su existencia.
Si bien es cierto que la legislación penal acepta “negociar” con los delincuentes, tales negociaciones –estrictamente jurídicas- las realiza la Fiscalía General de la Nación y no el Ejecutivo como lo está haciendo el vicepresidente de la República, general Oscar Naranjo con el “Clan del Golfo” o “AGC”.
Se estima que esa organización criminal tiene unos 3 mil miembros con presencia en 19 departamentos y el control de la mayoría de rutas del narcotráfico. Su accionar “político” ha estado dirigido a amedrentar a la población por la vía del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero de ninguna manera a poner en entredicho el sistema político reinante o “inspirado en un ideal de justicia” a derrocar al gobierno nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional vigente; ni siquiera a pretender impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional. Contrariamente, sus fines perversos y egoístas buscan el enriquecimiento individual y el debilitamiento cuando no aniquilamiento de las expresiones de oposición al gobierno colombiano.
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
13 de septiembre de 2017
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