Estas acciones en meses preelectorales, especialmente en ciudades y municipios con tradiciones conservadoras, de hecho con historia de procesos de ejecuciones extrajudiciales y de estos delitos mal llamados “limpieza social” por parte de grupos de milicias ilegales paraestatales han generado afectaciones y procesos de presunto terrorismo a tal punto que han hecho que ciudades de vida nocturna, como por ejemplo Chía, a unos cuantos minutos de la capital, cierren todos sus comercios y todas las personas tengan miedo en barrios enteros de movilizarse después de la hora que dicen los mensajes amenazantes.
No se tiene certeza respecto a quién está haciendo la difusión, ni de manera virtual, ni en físico, pero ya van contabilizados por lo menos 6 municipios del departamento de Cundinamarca en dónde están haciendo rodar las amenazas, sumándose a otros departamentos del país con amplia difusión de estas y dando muestras de un ejercicio sistemático que se ha desplegado por todo el país y que hoy reviven en especial en municipios que han tenido el flagelo de estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, con anuencia de unas comunidades que muchas veces celebran la ilegalidad del asesinato de aquello que les es diferente o de los procesos que ellos pueden considerar fuera de la norma, a quienes no se les garantiza un debido proceso y se convierten en ejecuciones extrajudiciales.
La respuesta de las autoridades ha sido nula, señalan que son procesos de divulgación de información y fotografías de otras partes del país, que no se pueden rastrear y que no corresponden a la realidad o riesgo del territorio; pero, lo cierto es que, se ha evidenciado la sistematicidad en el país, además de generar procesos de pánico entre las comunidades, más aún en el proceso de transición que se está llevando a cabo en Colombia, estigmatizando a muchas de las poblaciones que apoyaron ese cambio, generando procesos de segregación y de profundización de los fascismos en las poblaciones con mayor presencia de estos flagelos sociales, la alerta se escala cuando se presentan en este tiempo preelectoral, preocupa que sea una estrategia para ahuyentar todo lo que parezca cambio, pero también preocupa que, como ha pasado en otras ocasiones, se convierta en una realidad y esto sea “una excusa” para el asesinato de líderes y luchadores sociales del territorio, también se puede convertir en una fachada para que grupos delincuenciales hagan pasar sus procederes como sucesos dentro de estas amenazas de ejecuciones extrajudiciales, además de la afectación tanto psicológica, de ruptura al tejido social, como económica, para los procesos de economías que trabajan en horarios nocturnos.
Respecto a las grandes afectaciones económicas que estos panfletos implican en el marco de la recesión e inflación económica que continúa, aunque está en proceso de desaceleración, puede generar también crisis de pánico económico, que no está en capacidad el país de contrarrestar, por ello se hace un llamado a las autoridades para que se haga vigilancia, no es posible que se permita la circulación de este tipo de amenazas y es el colmo que se estén imprimiendo estos documentos y repartiendo sin ninguna consecuencia.
Que municipios como Chía, Cogua, Tenjo, Guaduas, Suesca o Tocancipá estén presentando amenazas y las autoridades territoriales no den respuesta, más allá de que no hay ningún peligro, cuando esta actividad se ejerce sistemáticamente para ahuyentar los procesos de cambio social, pero además para darles vía libre a aquellos que creen que tienen el poder de la fuerza y de la violencia, implica un retroceso en el ejercicio de la ciudadanía, el cumplimiento de los derechos mínimos, y sobre todo devolvernos como sociedad, donde retornamos al hombre de las cavernas y como animales se toma “la ley” por propia mano. Los siglos de desarrollo del ser, la cultura y la sociedad, no pueden ser borrados por afanes y agendas ocultas, que pasan desde lo político electoral hasta lo económico y los fortalecimientos de las economías ilegales que pueden darse en este tipo de alteraciones.
Sumado a lo anterior, para nadie es un secreto que pueden estar generando terror también por el contexto de las declaraciones de Salvatore Mancuso quién está recordándonos de su viva voz procesos investigativos que se han dado desde diferentes organizaciones de la sociedad civil y entes tanto de observación internacional como nacionales. El hecho de reconocer que, por ejemplo, dineros de la salud y dineros públicos de otros servicios fundamentales han sido usados para el fortalecimiento de estructuras paramilitares que desencadenaron en asesinatos de colombianas y colombianos, nos habla mucho de cómo conectaban con estas estructuras armadas ilegales los poderes políticos y económicos de la sociedad colombiana, convirtiendo a este no solo en un narco estado, sino un estado cooptado por las criminalidades y las mafias.
No podemos seguir aguantando que lo ilegal se tome nuestra ciudadanía, por ello, es necesario que los pobladores de aquellos municipios donde están amenazando nos unamos en un tejido comunitario y hagamos intervenciones populares en los territorios, para que la palestra pública no nos sea capturada, para que lo público sea un asunto de todos y para que no nos vuelvan a atemorizar, ni vuelvan a llevar a “las estirpes olvidadas y malditas de esta nación a tener que vivir 100 años de soledad”.
Jiomar Estefanía Bohórquez Pérez
Foto tomada de: El Tiempo
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