Como siempre del Estado escuchamos por los medios de comunicación sus anuncios rimbombantes sobre “exhaustivas investigaciones”, mientras el caso baja de perfil ante la opinión pública, pero la situación real se sigue agravando. Lo más fácil e irresponsable para el Gobierno y los otros altos funcionarios del Estado es atribuir las culpas a los actores armados irregulares, como siempre sucede con los casos de asesinatos contra nuestros dirigentes, haciendo de este creciente drama nacional problemas de orden público y de policía ignorando lo problemas estructurales.
Entonces que el Gobierno responda porqué se intensifica el conflicto armado.
Es evidente que en medio de la violencia la reacción inmediata ha de ser militar, pero no se puede descargar la solución definitiva a los crecientes problemas de descomposición y violencia en el País en la fuerza pública, no señores del Gobierno, no sean indolentes, no sean irresponsables, son urgentes soluciones estructurales.
Para resolver la intensificación de la violencia en regiones mediadas por la coca, la marihuana y/ o la amapola, como en efecto son regiones de Nariño y en general del Pacífico, el Catatumbo, Nor Occidente de Antioquia, Sur de Córdoba, Caquetá, Putumayo y Cauca, entre otros, la estrategia no puede ser otra que el cumplimiento a los compromisos de sustitución de cultivos de uso ilícito con los campesinos. Nadie con más interés y compromiso que los campesinos, comunales, indígenas y afros de estas regiones, tanto que el incremento de asesinato contra comunales durante los últimos tres años ha sido su compromiso con la sustitución de cultivos, sin embargo, el problema ha sido el incumplimiento del Gobierno y la dramática reducción de recursos para este programa (EL PNIS) que de cerca de cuatrocientos mil millones en el año 2018 se redujo a trescientos mil millones en 2019 y a menos de cuarenta mil millones para el año 2020, según denuncias del senador Gustavo Bolívar en el Congreso de la República.
Por el contrario, la institucionalidad ha intensificado la fumigación, persecución y desplazamiento violento contra los campesinos, estrategia que nos lleva a dudar si el interés real del Gobierno es acabar con estos productos de uso ilícito y consolidar la presencia del campesino en sus territorios produciendo comida y bienestar o si su interés real es con los fabricantes de glifosato, con las empresas de fumigación y con la expulsión de los campesinos de sus territorios para entregárselos al gran capital nacional e internacional para la agroindustria y la minero energía como en efecto está haciendo en la Altillanura y región del la Macarena en la que no ha querido titular los territorios a los campesinos colonos que llevan allí cuarenta o más años, con el pretexto de que son zonas de protección ambiental, pero si se los entrega a la minero energía, a la palmicultura o ganadería extensiva por miles de hectáreas.
Si sustituir una hectárea de estos cultivos en concertación con el campesino no puede costar más de doce millones de pesos al año y eliminar una por fumigación puede costar cerca de setenta y dos millones, según testimonios de funcionarios públicos del Gobierno anterior ante la H. Corte Constitucional, y si cuando se sustituye en concertación con los campesinos al año siguiente no se resiembra ni el uno por ciento, pero cuando se fumiga, al año siguiente se resiembra alrededor del cuarenta por ciento, según dicen las Naciones Unidas, ¿por qué el Gobierno se obstina en confrontación con los campesinos y en la fumigación?. La respuesta solamente puede ser, porque su principal interés no es el campesino, ni el País sino el gran capital.
El Gobierno responsable de la agudización del conflicto
Cuando el Estado fumiga y persigue al campesino, en alto porcentaje los desplaza a refugiarse en los grupos armados irregulares existentes o los obliga a organizar sus propias agrupaciones armadas que es lo que está sucediendo en estas zonas, es decir que el principal responsable de intensificar y masificar la violencia en estas regiones es el Estado con su Gobierno a la cabeza y la masacres en su mayor porcentaje tienen que ver con esta intensificación del conflicto, por eso es hipocresía y complicidad con los intereses perversos del gran capital, de los funcionarios públicos en estas misiones, presumir ignorar y ocultar las causas estructurales de esta situación.
Por el contrario, si el Gobierno, con los recursos disponibles para la fumigación y la persecución contra los campesinos asumiera la solución a sus reclamaciones como mejoramiento de vías, seguridad social, seguro de cosecha y precios fijos en las compras, titulación de predios y apoyo transitorio para consolidar la sustitución, no existe dudas que la solución a mediano y largo plazo sería evidente.
Camino a la segregación territorial
Por colocar en el centro de su estrategia contra los cultivos de uso ilícito los intereses del gran capital como son los productores de químicos, empresas fumigadoras, de la mineroenergía y de la gran agroindustria el Gobierno está conduciendo al País a complejas condiciones de segregación territorial en cabeza de grupos armados que tienen todo el dinero y acceso nacional e internacional a armamento para consolidarse en el territorio, inclusive con bases militares tierra aire lo que hará muy difícil combatirlos, siempre que logren consolidar su base social en la población y es a donde está precipitando la situación el Gobierno Nacional en varias de las regiones mencionadas si se obstina en su torpe estrategia ignorando las propuestas e intereses de la población civil y de muchos sectores de la vida social, política y académica del País. De hecho hoy a muchos de estos territorios no puede ingresar la fuerza pública ni el Estado. Nada raro que en función de estos intereses de segregación territorial se junten los dineros y fuerzas del narcotráfico y grupos irregulares con los palmicultores, de la ganadería y monocultivos intensivos y de la minero energía, pues al final sus intereses se funden en la avaricia por el enriquecimiento insaciable.
Situación parecida a la entrega de amplios sectores de población campesina en manos de grupos armados irregulares, está generando el Gobierno con sectores urbanos en los que la economía popular e informal no tienen apoyo alguno ni de la banca institucional ni del Estado por lo que deben acudir a los “gota a gota” que van consolidando sus redes de control y chantaje sobre la población popular con sus grandes volúmenes de dinero.
A esta grave situación de desintegración social y territorial nos están conduciendo estos gobiernos cuyo interés exclusivo es favorecer al sector bancario y al gran capital nacional e internacional ignorando a sectores mayoritarios de la población. Este ya no es un problema de izquierdas o de derechas, es un asunto del más elevado interés nacional que nos obliga a todos a reflexionar y actuar en función de los grandes intereses presentes y futuros para todos.
GUILLERMO A. CARDONA MORENO
Foto tomada de: ELTIEMPO.COM
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