Aunque los hechos ocurrieron hace dos meses y medio, en su momento fueron reportados a cuenta gotas y de manera fragmentaria, a través de City Tv, quitándole significación a la tragedia. En efecto, los policías informaron a sus superiores y a organismos de socorro acerca de lo sucedido; pero, los familiares de los detenidos sostienen que el mal trato contra los internos y la negligencia para tratar de apagar el fuego llevaron al infausto desenlace.
Según testimonios de familiares de los jóvenes fallecidos y videos del día de la tragedia, hay evidencias para mostrar que los policías habían negado la autorización para la visita de diez minutos, acordada días antes, lo que generó las protestas de los internos y la quema de una cobija por parte de uno de ellos. Además, porque, según afirmaban la comida que les llevaban sus visitantes era echada a la basura por parte del personal de guardia. Frente al incendio, al parecer, la reacción policial fue tardía: incluso, hay familiares que les pidieron ayuda y denuncian que la respuesta por parte de los agentes fue “que se mueran esas gonorreas”.
Se afirma que, solamente, media hora después de iniciado el incendio y luego de los esfuerzos de familiares que quitaron rejas de las ventanas, trajeron manguearas y extintores la policía decidió abrir la reja, cuando ya era tarde, frente a un incendio en una celda de dos por tres metros, con evidente sobre cupo. El Concejal Cancino denuncia que el fuego se descontroló después de que un uniformado lanzara un objeto hacia la celda. Por su parte, Vivian Tibaque, familiar de uno de las jóvenes víctimas aseguró al Noticiero CM& que, inicialmente, la llama era totalmente controlable. Al respecto, en el dictamen de medicina legal para el caso de uno de los jóvenes se establece que hubo presencia de gasolina en la conflagración. Además, algunos familiares denuncian el haber sido rociados con gas pimienta por parte de los policías, para torpedear los intentos de ayuda a los jóvenes que se quemaban. En tal sentido, se establece la urgencia de resultados frente a las investigaciones que deben realizar la propia institución policial, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
En días pasados han aparecido videos que muestran la angustia y los esfuerzos infructuosos de los familiares en medio de la conflagración, como lo presenta Las2orillas (11,11, 2020) https://www.las2orillas.co/aparece-video-de-los-9-jovenes-quemados-en-cai-de-soacha/# El Periódico El Tiempo (14,11,2020), también hace un relato en video acerca del itinerario de los hechos, antes, durante y después de la conflagración y sus consecuencias luctuosas: https://www.eltiempo.com/bogota/incendio-en-estacion-de-soacha-cuatro-certezas-de-este-hecho-548791?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1605307417
La denuncia por parte Concejal Diego Cancino y del Concejal de Soacha Heiner Gaitán ha tenido como respuesta inicial la estigmatización y la amenaza contra los familiares, en una combinación de funcionarios institucionales y de grupos ilegales, en un municipio donde la criminalización de la pobreza, la estigmatización de la lucha social y la incidencia del paramilitarismo en algunos sectores barriales son problemáticas de vieja data, con el agravante del reclutamiento forzado de jóvenes carentes de oportunidades y en difícil situación de desventaja social.
Por su parte, al alcalde de Soacha le parece normal que sigan ocurriendo incidentes, dado que las cárceles están en situación de hacinamiento y es preciso utilizar la dotación de instalaciones como los CAI para albergar detenidos.
En lo que respecta al Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dedicó un trino a los hechos el 4 de septiembre, sin que, todavía, se reportaran muertes e informó que estaría recibiendo reportes “minuto a minuto”.
Mientras tanto, Carlos Ospina, el Presidente del Concejo de Soacha arremetió contra el Concejal de Bogotá, Diego Cancino y lo llamó a no “entrometerse” en los asuntos de Soacha y a no prejuzgar a la Policía, como muestra en un video reproducido por pulzo (12,11,2020): https://www.pulzo.com/nacion/no-entrometa-concejal-soacha-por-9-jovenes-quemados-cai-PP998526 como si un ciudadano de cualquier nivel y condición pudiera ser indiferente frente a la muerte y a la violación de los derechos humanos en cualquier lugar del país o del mundo.
Por su parte, el Comandante de la Policía de Cundinamarca, César Castro, hizo declaraciones donde habla de la solicitud de apertura de investigación de la justicia penal militar para esclarecer las circunstancias “de tiempo, modo y lugar” y disciplinariamente con el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Estas declaraciones se presentan precedidas por declaraciones del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en un video reproducido por el Periódico el Espectador (11,11,2020): https://www.elespectador.com/noticias/bogota/sectores-hacen-politiqueria-con-la-muerte-mindefensa-sobre-incendio-en-estacion-de-policia-de-soacha/
En dicho video, el Ministro aparece al lado del Director Nacional de la Policía, General Óscar Atehortúa, para tildar de ¨politiquería con la muerte”, con fines electorales, las denuncias realizadas por el Concejal Diego Cancino y las declaraciones de dirigentes políticos en diversos escenarios, que claman por una reforma profunda de la institución policial.
Es claro que el Ministro habla envalentonado por haber “superado” a través de jugadas de bancadas de su partido y coalición de gobierno las mociones de censura en la Cámara de Representantes y en el Senado ante la proliferación de masacres, homicidios contra líderes sociales y bombardeos contra menores de edad, reclutados por grupos ilegales.
Ante el cúmulo de eventos que se atropellan en esta crisis institucional y de violación de los derechos humanos, no es la primera vez que ocurren hechos luctuosos en lugares de reclusión. Ya en el contexto de pandemia, el día 21 de marzo, en una noche que comenzó con un cacerolazo y terminó con 23 de internos asesinados y más de 80 heridos con tiros de fusil y golpes de garrote, sin que hasta la fecha las exhaustivas investigaciones de las diversas instituciones hayan arrojado resultados.
Es notable que el actual es un gobierno negacionista, empeñado en minimizar los hechos de violación de los derechos humanos en campos, ciudades y sitios de reclusión; en una espiral de evasión de responsabilidades que competen a los funcionarios e instituciones que están a cargo de la protección de las personas privadas de la libertad, lo que configura un caldo de cultivo propicio para el ejercicio de la impunidad y la escalada de hechos de corrupción policial.
En este contexto, la criminalización de la pobreza se convierte en un factor detonante de nuevas dinámicas de degradación social e institucional. Lejos están los días en que se impulsaba la alternatividad penal y se recogían experiencias internacionales para promover la resocialización de los jóvenes en riesgo de ser cooptados por grupos delincuenciales, a través del emprendimiento y de la actividad cultural y artística.
Se olvida que, criminalizando la pobreza, los propios cuerpos policiales se corrompen y parte importante de sus integrantes entran a engrosar las filas de escuadrones de la muerte y grupos ilegales del paramilitarismo y del crimen organizado, como ha sido evidente en Brasil, Centroamérica y en la misma Colombia.
En suma, el gobierno de Iván Duque está profundizando una deuda histórica con la sociedad colombiana, con el Estado Social de Derecho y con la democracia. Como bien lo plantea El Informe PNUD 2013-2014 (11, 2013), “la seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona y su derecho a tener una vida digna”. Es claro que se pretende afianzar el indiferentismo y la connaturalización con la violencia institucional, como método de control social y de justificación de una pretendida “normalidad”.
El daño material y cultural que implica esta manera delirante de gobernar exige a los sectores democráticos mayor responsabilidad, preocupación y esmero por trabajar en la recuperación democrática de las instituciones. En particular, urge avanzar en el logro de una reforma policial significativa, encaminada a poner en el centro de la seguridad ciudadana la protección de los derechos humanos y no el ejercicio vertical del poder, donde prima la arrogancia de funcionarios que, como el Ministro de Defensa, deberían estar para servir y proteger a la ciudadanía.
Otras Fuentes:
Las cuatro certezas del incendio de la estación de San Mateo. El Tiempo. 14 de noviembre de 2020.
Contagio Radio. Estremecedor relato de hermana de joven incinerado en estación de Policía. Noviembre 11 de 2020.
https://www.contagioradio.com/policia-pudo-abrir-reja-sacarlos-pero-no-hicieron-nada/
9 jóvenes murieron incinerados dentro de una estación de Policía en Soacha
https://caracol.com.co/emisora/2020/11/10/bogota/1605025384_377188.html
Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. SEGURIDAD CIUDADANA CON ROSTRO HUMANO: diagnóstico y propuestas para América Latina. Noviembre de 2013. ISBN 978-9962-688-22-8
Albeiro Caro Fernández, Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
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